Al menos tres casos que podrían constituir delitos de trata de personas o tráfico de infantes han sido detectados en Zacatecas en los últimos dos años, según informó Álvaro García Hernández, procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).
Se trata de situaciones en las que una organización acompaña a mujeres embarazadas y coloca a los recién nacidos en familias ajenas sin que intervenga la autoridad.
En estos casos, explicó, se utilizan parteras para evitar el registro del nacimiento y se expide la boleta de alumbramiento a nombre de otra persona. “Eso puede configurar un delito de trata de personas o tráfico de infantes”, advirtió.
Los casos han sido canalizados a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) para su investigación, aunque hasta el momento no se ha informado de detenciones.
El procurador detalló que los procesos de adopción en Zacatecas están diseñados para proteger el interés superior de la niñez y garantizar que lleguen a entornos familiares seguros. Explicó que todo comienza con la revisión de la situación jurídica de las infancias.
“Tenemos que interponer una demanda por un juicio de pérdida de patria potestad, cuando la niña, el niño o el adolescente están vinculados jurídicamente a sus padres”, indicó.
Una vez resuelta esa situación, se integra el expediente de quienes desean adoptar. Este incluye documentación básica, comprobantes de ingresos, y una visita de trabajo social para evaluar las condiciones del hogar. Posteriormente, se realizan valoraciones psicológicas para conocer el estado emocional y la disposición afectiva de las personas solicitantes.
Con esa información, el caso se presenta ante el Consejo Estatal de Adopciones —integrado por representantes de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, Sipinna, organizaciones civiles, personal técnico del DIF y presidido por Sara Hernández Campa, el director general del SEDIF y el procurador—.
“Tardamos aproximadamente cinco o seis horas en analizar los perfiles de los matrimonios aspirantes. Ahí visualizamos cómo viven, cuánto ganan, cómo salieron en las valoraciones psicológicas, y entre todos, de manera colegiada, elegimos los mejores perfiles”, detalló.
Tras la asignación, se establece un periodo de convivencia progresiva: primero visitas breves, luego fines de semana. Si se consolidan los vínculos afectivos, se promueve el juicio de adopción. “Y volvemos a caer a los tiempos y a la carga de trabajo de los juzgados”, agregó.
“No todas las infancias son adoptables”
García Hernández subrayó que no todas las niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del DIF pueden ser integrados a una familia adoptiva. “Esto es por su condición emocional”, explicó.
Algunas vivencias de violencia o procesos de hipersexualización han dejado secuelas graves, por lo que personal profesional emite dictámenes que desaconsejan iniciar una adopción.
“Tenemos la obligación de brindarles toda la asistencia social y la atención psicológica o psiquiátrica que sea necesaria”, apuntó.
El procurador explicó que al momento no han tenido experiencias negativas en las adopciones. Reconoció que, si bien los procedimientos son extensos, su objetivo es asegurar entornos seguros y afectivos donde las infancias puedan ejercer su derecho a vivir en familia.
Informó que se cuenta con una mesa especializada para acompañar y orientar a las familias interesadas en adoptar, y que recientemente concluyó una Escuela-Taller dirigida a quienes ya han presentado su solicitud para participar en este proceso.
Reiteró la disposición del SEDIF para acompañar y orientar a las familias interesadas en adoptar, subrayando que deben hacerlo siempre por la vía institucional. “El derecho a una familia debe ejercerse de manera legal, ética y cuidadosa”, concluyó.
