Luego de presentar una denuncia formal por actividades ilícitas en que aparentemente incurrieron empresas proveedoras del Gobierno del Estado, Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), hizo un llamado a las empresas a tener en regla su documentación para obtener la cédula en el registro de proveedores.
Detalló que la denuncia es una medida preventiva y correctiva ya que, derivado del gran número de solicitudes para que las empresas pudieran renovar o acceder al padrón de proveedores, se identificó información que al ser cotejada con las autoridades fiscales no correspondía con los documentos presentados.
Por ejemplo, mencionó que la anomalía más recurrente se encontró en la cédula de identificación fiscal y en la de cumplimiento de obligaciones y, para no perjudicar a los empresarios locales, se les regresaba el expediente y se les pedía información correcta.
Sin embargo, “lo que decidió fue tomar las solicitudes de las empresas, iniciar un procedimiento administrativo, ello para que no puedan volver a incorporarse al padrón de proveedores y al mismo tiempo acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia penal por falsificación de documentos en contra de 12 personas, cinco de ellas físicas y 8 morales”, dijo.
González Romo exhortó a los proveedores del Gobierno del Estado y de los municipios a realizar los trámites de manera correcta o de lo contrario habrá problemas y repercusiones de índole penal; “es más eficiente hacer las cosas bien”.
A quienes se dedican a la proveeduría de obras y servicios, comentó que la Función Pública está interesada en que accedan a los contratos y adquisiciones del estado y municipios, pero que desde el inicio se hagan bien las cosas.
Afirmó que “si una empresa inicia falsificando un documento desde su registro en el padrón de proveedores, el día de mañana será una empresa que promueva el pago de dienos y que entregará fuera de tiempo sus obras o servicios, que no cumplirá con la calidad estipulada o que dejará sin cumplir lo contratado”-
Asimismo, refirió que, al identificar los primeros casos se multiplicó la vigilancia y ahí se detectó que había sido una práctica común, de manera que se decidió actuar con la denuncia penal ante la Fiscalía local, sino también la Fiscalía General de la República y al Servicio Administración Tributaria.
González Romo precisó que la mayoría de las empresas que se detectaron con irregularidades se dedican a ofrecer servicios a ayuntamientos, es decir, la mayoría no tenía contratos con entidades del Gobierno del Estado.
