Ciudad de México. El caso del informe que esgrimió el secretario general de la OEA Luis Almagro sobre las elecciones de Bolivia de 2019, de un supuesto fraude por parte del entonces candidato Evo Morales y que propició el golpe de Estado de la derechista Jeanine Áñez “está lejos de ser un caso cerrado” y debe ser reabierto y revisado por la misma institución interamericana.
Así concluyeron los expertos del Centro de Estudios y Políticas Publicas (CEPR), del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el departamento de Relaciones Exteriores de la Universidad de Tulane que en su momento colaboraron con la auditoría que, en diciembre de ese mismo año, resolvió que las elecciones bolivianas que dieron el triunfo a Morales “no fueron fraudulentas; se trató de un proceso de escrutinio limpio”. También se determinó que los alegatos en contra de los comicios fueron distorsionados y motivados por intereses políticos.
Durante la conferencia “¿Qué pasó con las elecciones en Bolivia?”, propiciada por las representaciones de México, Bolivia y Argentina en la sede de la OEA en Washington, la embajadora mexicana ante el organismo interamericano Luz Elena Baños lamentó que la secretaría general y los órganos responsables de aquella misión de observación electoral se hubieran negado a participar en este evento: “Los serios y graves cuestionamientos a la Misión de Observación Electoral de la OEA no serán superados con prácticas antidemocráticas, cerrándose al diálogo y defendiendo de manera absurda los argumentos de la Secretaría General”, sostuvo.
Por su parte, la directora de la Red Andina de Información Kathryn Ledebur recordó que este viernes se cumplen dos años del informe sobre el supuesto fraude, “que a pesar de su notable falta de sustento fue aprobado por muchos gobiernos, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea”. Estos gobiernos —dijo– fallaron al pasar por alto “el efecto violento y corrosivo” que tuvo en su momento; a saber, el golpe de Estado que llevó a la derechista Jeanine Añez a la presidencia y los actos de represión subsiguientes, con un saldo de 38 personas asesinadas, cientos de heridos, miles de detenidos y actos de tortura en las prisiones.
A dos años del informe de Almagro, las condiciones son distintas. En un nuevo proceso electoral el partido de Morales, el MAS, ganó y regresó al poder con el presidente Luis Arce. Y en el Congreso estadunidense se han levantado voces que expresan serias preocupaciones por el papel jugado por el secretario general en los reportes de fraude electoral y exigen que Departamento de Estado examine y evalúe el papel de OEA en las alegaciones de fraude con el desenlace de graves violaciones a derechos hyumanosocurridos inmediatamente después de que OEA publicara su informe.
Las denuncias del CEPR y el MIT fueron reportadas en extenso por The Washington Post y The New York Times, que también concluyeron que el informe de OEA estuvo “seriamente errado”.
Hasta ahora Almagro se ha negado a examinar las refutaciones técnicas a su informe. Y los representante del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) y para el Fortalecimiento Democrático de la OEA rechazaron participar en el debate alegando que se trata “de un caso cerrado”.
