La diseñadora gráfica Saidy Chávez Rueda, acompañada por su representante legal, Iván Casas, denunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el Juzgado de Control y la Fiscalía Anticorrupción obstaculizan el proceso legal que se lleva contra Ulises Mejía Haro por el supuesto delito de fraude.
Según expuso la afectada, el problema surgió cuando el imputado fungió como presidente municipal de Zacatecas, entre 2018 y 2021, periodo en el que solicitó servicios de imagen institucional y diseño gráfico con la promesa de pago, lo cual no cumplió.
En los tres años de administración, la afectada realizó 89 proyectos de diseño e imagen institucional, entre ellos la campaña de “Zacatecas Enamora”, el diseño en patrullas municipales, entre otros, lo que significó un quebranto de 400 mil pesos.
Según expuso el abogado, el expresidente municipal solicitó los servicios de la denunciante para que diseñara el Manual de Identidad de Zacatecas, la restauración digital del escudo de armas de Zacatecas, el diseño del logotipo del ayuntamiento, entre otros.
“Durante dos años se hicieron diversos encargos, peticiones de diseño de imagen, directamente por el director de Imagen Institucional que también es imputado, quien evidentemente no realizó su trabajo y en su lugar recurrió a una empresa externa, a la que finalmente no le pagó”, dijo.
Casas explicó que los 89 trabajos realizados por las víctimas se entregaron con la promesa de pago del entonces presidente municipal, lo cual constituye un fraude porque “hay un informe de parte del secretario de Gobierno, Gerardo Espinosa, en donde declaró que el ayuntamiento no tenía presupuesto asignado para servicios de imagen institucional.
Es decir, el municipio solicitó servicios de imagen institucional a sabiendas de que no había partida presupuestal para ello y entonces “la Fiscalía debe investigar si en algún momento la administración se enteró que no podían pagar o si ya lo sabían, pero yo creo que ya lo sabían”.
Por tanto, afirmó que la Fiscalía Anticorrupción “ha sido un fracaso total” porque debe iniciar una investigación en el momento en el que se presenta una denuncia por dilación y sancionar al fiscal, al juez o al perito que dilataron su trabajo, pero en este caso es esta instancia la que ha obstaculizado el proceso.
Casas aseguró que esta tardanza obedece a que el entonces fiscal, Francisco Murillo, tenía la instrucción de proteger a políticos y funcionarios implicados en este asunto, de forma que “tenemos una justicia selectiva”.
