Las reformas que en materia de transparencia se realizaron en los últimos meses en el ámbito federal, han comenzado su trayectoria de diseño e implementación en el nivel local. Así pues las entidades federativas ya han iniciado sus respectivas reformas constitucionales, y a su vez, la promulgación de las leyes, tanto en materia de acceso a la información pública, como de protección de datos personales, que, además, deberán incluir las de datos personales, archivos, de sus sistemas estatales anticorrupción y las respectivas normas orgánicas de los tres poderes, órganos constitucionales autónomos y municipios, para dotar de coherencia jurídica e institucional a esta nueva etapa de los derechos que en un pasado aún reciente, garantizaron órganos autónomos, cuya referencia nacional lo fue el hoy extinto INAI.
Nos referimos no solo a una reforma al sistema que se constituyó durante poco más de dos décadas en el país, sino a un nuevo diseño constitucional, jurídico e institucional. Aunque los desafíos aún están por identificarse, hay algunos que, desde ahora se encuentran a la vista. El primero de ellos será lograr la eficacia para gestionar las solicitudes de información de la ciudadanía, y el acceso a los datos públicos cuando las instituciones muestren resistencia. El modelo hoy extinto, mostró, que salvo excepciones contadas, la carga del proceso para inconformarse por la negativa de información recaía sobre las autoridades, por lo que, aunque la nueva Ley en la materia, así lo sigue previendo, está por demostrarse que la realidad lo confirme, incluso superando los beneficios, como lo han manifestado los promotores de la reforma. En este mismo sentido se encuentra el desafío de la legitimidad. No puede negarse que en los últimos meses de existencia el INAI sufrió un desgaste social, mediático y político importante que lo llevó a ver controvertida su labor e impactos de la misma. Ante dicho escenario las ahora autoridades garantes, tendrán que demostrar pronto que cuentan con la pericia, las herramientas institucionales y las capacidades políticas, para maniobrar con el reto de superar la legitimidad que en su momento lograron los órganos que les antecedieron en esa tarea. Otro desafío importante lo será la articulación y coordinación interinstitucional. A diferencia de la normatividad anterior, la actual Ley General de Transparencia, creó subsistemas locales, lo que además de positivo, era necesario, y que a la par del ya existente a nivel nacional, buscará el diálogo y comunicación permanente entre las autoridades garantes; se requerirá liderazgo, compromiso y voluntad para que dichas instancias consoliden sus esfuerzos en una sola dirección, homologuen criterios y sumen capacidades institucionales para evitar que, más allá de ahorrar y simplificar procesos y recursos, se sume y multiplique la inversión en la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia, dispersándose de tal forma que toda política, acción o programa, queden en nada. Unificar ciertas funciones será fundamental.
Finalmente, la Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha asumido públicamente, en diversas entrevistas, un reto tan impresionante como loable: incrementar considerablemente el uso de las herramientas que disponen las leyes para que las personas puedan acceder a la información que generan los sujetos obligados, desde la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta el ejercicio mismo del derecho en la realización de solicitudes de información; ello no solo es un asunto deseable sino necesario, pues, solo así, a través de una cultura de la rendición de cuentas, que empodere a la sociedad, desde sus individuos pero también en lo colectivo, los derechos serán una realidad, más allá de una pretensión retórica. No hay que obviar que no hay mejor vigilante que el ciudadano, y no hay mejor ejercicio de responsabilidad, que la que se asume ante un pueblo informado, crítico y empoderado a través de las instituciones que se han formado para servirle.
@CarlosETorres_