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sábado, 18 mayo, 2024
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El poder judicial en duda

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

“A toro pasado” resulta lógico lo que antes era especulación; justo lo que antes era polémico; mínimo lo que antes era utópico.

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El voto de la mujer es hoy, al menos en occidente, un consenso social que difícilmente podría ponerse en discusión, pero aún viven mujeres que atestiguaron que éste fuera materia de debate público. 

Hace unos años se requería amparos para contraer un matrimonio igualitario, pero hoy las parejas del mismo sexo pueden combinar sus créditos Infonavit y recibir seguridad social de sus cónyuges de forma cotidiana. 

Incluso en esta elección hasta la candidata de la derecha se pronuncia a favor de los derechos de los integrantes de la diversidad sexual, cuando antes hasta el de izquierda temía tocar el tema. 

Pasa con otros temas que, ahora nos pareciera, son menos controversiales. Los programas sociales, por ejemplo.

Cuando López Obrador como jefe de gobierno planteó otorgar una pensión universal para adultos mayores, el rechazo de la opinión publicada fue casi generalizado con el argumento de que se trataba de una medida populista, inviable, destinada al fracaso porque no había presupuesto que lo soportara. 

Hace veinte años que eso es una realidad en la Ciudad de México, y la catástrofe financiera pronosticada nunca llegó. Por el contrario, poco a poco la idea fue imitada a nivel nacional incluso por sus detractores, aunque con montos más modestos y requisitos mayores. 

Con la cuarta transformación esto se convirtió en una realidad nacional en la que ahora, hasta los más recalcitrantes críticos del presidente, cobran la pensión convencidísimos, y con toda razón, de que están en su derecho de recibirla. 

Algo similar ocurre también con el derecho a la crítica de lo que antes era “sagrado”, intocable, y poco a poco empieza a caer el blindaje para permitir que se le cuestione. 

También sucede a la inversa. Así como el cambio cultural permite hacer propio lo que antes era inaceptable, hay figuras que se dan por impolutas hasta que empieza a cuestionárseles. 

Cuando se dio a conocer los crímenes del sacerdote Marcial Maciel se boicoteó a los medios de comunicación que lo informaron, y se les acusó de enemigos de la fe, pero ahora es indiscutible que ni la iglesia católica puede garantizar no tener entre sus miembros a mentes perversas. 

Ocurrió también con los medios de comunicación. Poco o nada queda del poder de hacer o destruir carreras artísticas o políticas con tan sólo unos segundos de salir bien o mal en la televisión. 

El movimiento 132 puso en tela de juicio la credibilidad de los medios, y con ello se restó efectividad a las campañas como las que hoy emprende Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno federal. 

La semana pasada terminó por romperse uno de esos blindajes culturales sostenido en los últimos años de manera artificial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una investigación contra allegados del ministro Arturo Zaldívar por presuntamente haber vulnerado la autonomía e independencia de órganos jurisdiccionales. 

Más allá del curso que tome la investigación, ésta concede razón a las críticas que por años han planteado que, como toda institución humana, el Poder Judicial puede entrañar en su interior corrupciones, ilegalidades e inmoralidades que tendrían que indagarse y exponerse. 

Estamos en la antesala del derrumbe del mito de la “infalibilidad judicial” que casi enarbolaban hasta hace algunos meses algunos defensores ante el mínimo cuestionamiento bajo el argumento de que lo injusto, si es que lo había, se debía a la ineptitud de fiscalías, policías, ministerios públicos, y funcionarios varios que no hacían bien su chamba y dejaban contra la pared a juzgadores que no tenían de otra más que dejar en libertad a culpables por expedientes mal armados, y encarcelar a inocentes por abogados negligentes. 

Pero la presidenta de la Suprema Corte ha admitido la posibilidad de la falla, y con ello, no queda más que explorar el tamaño de esta y de aquí en adelante admitir que como toda institución humana, requiere ser evaluada y si así se necesitara incluso reformada. 

Es difícil pronosticar en este momento las posibilidades de concreción del llamado Plan C, pero sea lo que sea que ocurra, cuando menos en el debate nacional, la semilla está sembrada. 

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