En sesión ordinaria, diputados y diputadas de la 64 Legislatura exigieron al fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco para que intensifique las investigaciones y labores de búsqueda para lograr la detención de Julio César “N” como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y robo calificado en perjuicio del abogado Raúl “N”.
Fue el diputado Enrique Laviada Cirerol quien presentó el punto de acuerdo y quien señaló que las preguntas sobre el caso siguen el aire: “¿Quién encubre al presunto homicida? ¿De dónde proceden los recursos para que se mantenga prófugo? ¿Se esconde en el estado, en el país o en el extranjero? ¿Quién o quiénes, desde el poder, lo protegen?”.
Laviada Cirerol recordó que el 18 de abril de 2023 el fiscal general de Justicia del Estado solicitó a al la Legislatura dar inicio al procedimiento de declaración de procedencia en contra del servidor público municipal Julio César “N”, para estar en condiciones de ejercer la acción penal en su contra por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y robo calificado en perjuicio de Raúl “N”. Y de manera inmediata, el 19 de abril inició el proceso y el 20 del mismo, comparecieron ante la Comisión Jurisdiccional los apoderados legales del C. Julio César “N” y expresaron lo que convenía a los intereses de su representado.
Finalmente, el 21 de abril, el pleno de esta Representación Popular determinó, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, retirar la inmunidad procesal al servidor público Julio César “N” y, en consecuencia, se ordenó su sujeción al proceso legal iniciado en su contra por la Fiscalía General de Justicia del Estado, no obstante, desde la fecha, el servidor público ha evadido la acción de la justicia y, después de cinco meses, el delito grave presuntamente cometido por Julio César “N” permanece “en la más absoluta e inexplicable impunidad”.
“En tal contexto, resulta evidente que la Fiscalía General ha sido incapaz de dar con el paradero del presunto homicida, un hecho más que se suma al cúmulo de asuntos “en trámite” que son muestra de ineficiencia que, de manera lamentable, resta credibilidad a las instituciones e incrementa la desconfianza ciudadana. De ahí la exigencia al fiscal general de Justicia del Estado, Doctor Francisco José Murillo Ruiseco, para que haga su trabajo, y lo haga bien y pronto, pues los diputados cumplimos puntual y cabalmente con nuestro deber de facilitar la acción de la justicia”, dijo Laviada, quien finalizó que hasta el momento el fiscal sólo se ha cruzado de brazos y se ha conformado con que el caso forme parte de las estadísticas de la impunidad en Zacatecas.
Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado, tiene la obligación de responder y, hasta el momento, sólo se ha cruzado de brazos, y tal pareciera que se ha conformado con que el caso forme parte de la abultada estadística de la impunidad en Zacatecas.
Al llamado se sumaron el diputado Ernesto González Romo, quien además de cuestionar la labor del fiscal, pidió la comparecencia e incluso señaló al Pleno que se reflexione incluso en la destitución; y la diputada Priscila Benítez Sánchez, quien aseguró que la Fiscalía está protegiendo al prófugo de la justicia y se sumó a la petición de que Murillo Ruiseco comparezca.
En un primer momento, González Romo dijo que se le dio al fiscal lo que se le solicitó y este no fue capaz de llevar ante el juez a las personas a las que pidió que se le retirará fuero constitucional, porque no se está haciendo un trabajo adecuado por parte de la fiscalía. “¿No previó que existía la posibilidad de que las personas no comparecieran ante la justicia, pues cuántos años tiene en la Fiscalía?”, cuestionó el legislador, pero quedó demostrado que la experiencia no le ha servido para saber que casos tan emblemáticos necesitan una precaución especial. Por ello pidió que vaya a la Legislatura a “dar la cara” y explicar por qué no ha sido capaz de llevar a los acusados ante la justicia.
Por su parte, Benítez Sánchez, dijo que es alarmante la protección que la Fiscalía le da al acusado porque esta instancia forma parte de un gobierno oficialista. “Hoy él está siendo protegido” dijo y es un tema al que parece que ya le dieron carpetazo porque permitieron que evadiera la justicia, sentenció.
