En una conferencia de prensa este pasado martes, realizada por integrantes del movimiento Ciudadanía Participativa Zacatecas, se dio a conocer un conjunto de acciones legales y ciudadanas para hacer frente al incumplimiento de una orden judicial que prohíbe la continuación de las obras del viaducto elevado.
Durante la comparecencia se abordaron temas clave como el próximo foro sobre el Poder Judicial y el estado actual del litigio contra el proyecto impulsado por el Gobierno estatal.
Inicialmente se retomó la convocatoria al foro titulado “El Poder Judicial y los Derechos Ciudadanos”, que se llevará a cabo el jueves a las 17:00 horas en la Casa de Cultura Municipal, frente al Jardín de Independencia.
El objetivo de este evento es generar un espacio de acercamiento entre los candidatos y los ciudadanos, permitiendo que los asistentes puedan interactuar directamente con los candidatos, planteándoles preguntas sobre su trayectoria, propuestas y cómo planean acercar la impartición de justicia a la ciudadanía.
La parte central de la conferencia giró en torno al estado legal del viaducto elevado. El abogado Darío del Real Campos informó que ese mismo día por la mañana se ingresó un escrito al Juzgado Segundo de Distrito para señalar el incumplimiento de la suspensión definitiva otorgada dentro del expediente 1117/25. Según el abogado, la jueza había ordenado el retiro inmediato de maquinaria, materiales y escombros, además de la suspensión de toda construcción.
“Nosotros tenemos cerca de nueve, diez días esperando el movimiento de estas máquinas porque ha seguido causando perjuicio a la ciudadanía y no se ha cumplido”, declaró.
Del Real también denunció que trabajadores de la empresa constructora han recibido indicaciones “de hacerlo todo de manera lenta hasta que lleguen los nuevos jueces”.
El abogado detalló que el nuevo escrito busca que se abra un incidente por incumplimiento de suspensión definitiva, lo cual implica que las autoridades responsables tendrán 24 horas para demostrar que han cumplido.
“Lo cual va a ser imposible porque a la fecha sigue habiendo trabajadores, sigue habiendo escombros, sigue habiendo maquinaria”, sostuvo.
Sobre las consecuencias de dicho desacato, Del Real fue enfático: “Desde la destitución inmediata de los funcionarios hasta una orden de aprehensión. No es un asunto de voluntarismo lo que les indicó la jueza”.
Además, se criticó duramente las declaraciones del gobernador David Monreal, quien sugirió que una vez que lleguen “los jueces buenos y sabios elegidos por el pueblo bueno y sabio”, se podrá continuar con la obra.
“Eso de que va a esperar a que vengan nuevos jueces es una verdadera burla para la conciencia de la sociedad de Zacatecas”, señaló Javier Calzada Vázquez, “es el niño berrinchudo que cuando saca una mala calificación va con el papá y le dice que la maestra no lo quiere”.
También se informó que la jueza que emitió la resolución vigente no se irá con la renovación del Poder Judicial el próximo 1 de junio, desmintiendo así cualquier posibilidad de una reconfiguración inmediata del fallo judicial.
Además, Calzada Vázquez incluyó señalamientos sobre el deterioro visible en la zona del boulevard, provocado por el abandono parcial de la obra.
“Todas las luminarias del alumbrado público están todas chuecas, todas machucadas. Todo ese tramo no tiene alumbrado público y es un riesgo para todas las personas que circulan por ahí”, denunciaron.
Ante esta situación, Ciudadanía Participativa anunció que presentará denuncias por responsabilidades administrativas y penales en contra de servidores públicos implicados en el incumplimiento.
Estas acciones incluyen instancias como la Junta de Monumentos Coloniales, así como autoridades federales como la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a quienes acusan de omisión.
En relación con el INAH, Calzada Vázquez recordó una reunión con Diego Prieto, donde éste aseguró que, si la obra comenzaba sin permisos, él mismo acudiría a cancelarla. “Y eso no sucedió. Ellos iniciaron la obra y el INAH no actuó”, puntualizó.
Finalmente, se reiteró que la organización seguirá conduciéndose por la vía legal.
“Nos queda seguir conduciéndonos por el derecho, por la legalidad, pero también tenemos que ir ya a buscar que se finquen responsabilidades sobre los funcionarios que están abusando de las atribuciones que suponen que la ley les da, pero que no tienen”.
