El índice de impunidad en casos de desaparición de personas, en el estado de Zacatecas, es de 100 por ciento, señaló Denise González Núñez, investigadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, pues expuso que las condiciones actuales del Sistema de Justicia Penal en la entidad dan para que sólo 11 de cada 100 casos se resuelvan, por lo que conminó que, en el plan de persecución penal, este delito de alta complejidad debe ser la mayor prioridad.
Así lo consideró la experta en el marco del foro “Políticas Públicas en Materia de Desaparición de Personas en México y Zacatecas”, organizado por los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas, y celebrado en las instalaciones del Poder Legislativo, donde, por cierto, ningún diputado local los acompañó.
En su exposición, González Núñez refirió que las condiciones institucionales actuales, los niveles de coordinación y colaboración en el Sistema de Justicia Penal en Zacatecas no dan la vialidad a los casos de desaparición y la evidencia de esto es el porcentaje arriba mencionado. En ese sentido, agregó, lo que tiene que suceder para que estos casos se resuelvan es profundizar los esquemas de planeación y que haya un verdadero monitoreo y se construya una política pública con la participación de todas las instituciones del sector.
La Fiscalía, dijo, debe contar con un plan de persecución penal en el que la desaparición de personas sea una clara prioridad; tiene que mejorar la calidad de las investigaciones, la capacidad de respuesta y rápida para la recolección de evidencias, pero eso no sucederá, advirtió, si las investigaciones siguen siendo con base en oficios; se debe atender también lo testimonial y el uso de la prueba científica, por lo que destacó la necesidad de fortalecer los servicios periciales y pensar en que estos avancen a su plena autonomía.
La investigación y la búsqueda deben ir de la mano y la búsqueda, dijo, debe ser en vida, pero para ello la respuesta tiene que ser inmediata y tiene que existir un plan ejecutivo de búsqueda de personas y mejorar los esquemas de gestión de casos, así como aumentar el conocimiento especializado de operadores en esta materia.
“La desaparición forzada de personas es la máxima prueba para las instituciones de administración y procuración de justicia”, sentenció González Núñez, quien consideró, además, que si las instituciones son capaces de perseguir estos casos, implicaría un aumento de capacidades para investigar y perseguir cualquier otra cosa, y un elemento para que esto ocurra, concluyó, es que las instituciones involucradas sean independientes y no sirvan a intereses políticos, sino a las personas familiares de desaparecidos.
Zacatecas registra 3 mil528 personas desaparecidas
En su momento, Alan García Campos, director de análisis de graves violaciones a los derechos humanos, de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas-México, expuso que Zacatecas registra oficialmente, al día de hoy, 3 mil 528 personas desparecidas, no obstante, este registro no da cuenta integral de la dimensión de este fenómeno que lacera a la entidad, que se encuentra entre las primeras a nivel nacional con más personas en esta condición.
En ese sentido, consideró que se está ante un reto mayor y es necesario gestar espacios de diálogo que permitan la reflexión colectiva y la construcción de una agenda común en la que se puedan articular políticas públicas, garantizando, en todo momento, la participación de las familias y de los actores que pueden generar una respuesta frente a esta “dimensión trágica” que atraviesa el estado, misma que tiene que respetar siete elementos fundamentales: la prevención, la búsqueda efectiva, la investigación eficaz, la reparación integral, la protección de las familias, la memoria, y las garantías de no repetición.
“Es importante que las autoridades hagamos nuestro papel”: fiscal
Por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que la institución que representa está consciente de esta problemática y son sensibles a este “gravísimo flagelo” de la delincuencia en el estado. En ese sentido, consideró que es importante que las autoridades hagan su papel y están obligadas, además, a trabajar de la mano con todos los familiares y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Murillo Ruiseco destacó la importancia de garantizar la no repetición de este delito, pero también la de la prevención, y en este último aspecto refirió el trabajo que se está haciendo en coordinación y colaboración con todos los colectivos de búsqueda, así como con las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. “En la Fiscalía seguiremos la agenda puntualmente y asumiremos los compromisos que se tengan que asumir”, concluyó.
Finalmente, Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), enfatizó que es de suma importancia garantizar que los responsables de las desapariciones sean investigados, juzgados y castigados, además de proporcionar apoyo y asistencia a las víctimas y sus familias, por ello la Comisión que preside pone a disposición de los familiares de personas desaparecidas atención psicológica a través de la Unidad de Atención a Víctimas, así como también las visitadurías para recibir las quejas que presenten los familiares de las personas cuando consideren que existe la violación de un derecho humano.
