El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados desecha la Reforma Eléctrica. Al no alcanzar la mayoría calificada que requería de la aprobación de dos terceras partes de la votación, se obtuvieron 275 votos a favor de las y los diputados de Morena, PT y PVEM; mientras la oposición conformada por PAN, PRI, PRD y MC obtuvo 223 votos en contra.
El bloque opositor votó en contra de AMLO, buscando “sin éxito” debilitar su aceptación ciudadana de cara a la sucesión presidencial de 2024. La oposición privilegió los intereses político-partidistas y los económicos de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, sobre el interés público de los mexicanos.
A pesar de haberse incorporado al dictamen, nueve de los doce puntos propuestos por el bloque opositor, votaron en contra; ignorando los beneficios que representaba la reforma para el país y para los mexicanos. A excepción de MC, son los mismos partidos, que bajo el “Pacto por México” aprobaron en 2013 las “mal llamadas reformas estructurales”; entre ellas, la reforma eléctrica de Peña Nieto; la cual es privatizadora, al permitir que los monopolios privados y extranjeros acaparen el 62% de la generación de energía eléctrica y de continuar a ese ritmo desaparecería la CFE, dejando a merced de los monopolios privados a 46.2 millones de usuarios domésticos, quienes al igual que en España tendrían que pagar tarifas de electricidad muy caras.
Entre las bondades y beneficios que la oposición rechazó se encuentran:
- Establecer a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, donde la CFE pasaría a ser un organismo de Estado, autónomo garante de la seguridad energética, restableciendo un sistema eléctrico que asegure el abastecimiento de energía a toda la población a precios justos y el derecho humano a la vida digna.
- La CFE generaría el 54% del consumo eléctrico nacional y los privados podrían participar hasta en un 46%; falso, que se pretendiera nacionalizar empresas privadas, estatizar la industria eléctrica o limitar la inversión privada en el sector, los privados podrían seguir haciendo negocios con ganancias razonables bajo una planeación y control del sistema eléctrico nacional a través de la CFE y un mecanismo de adquisición por parte de la CFE donde se despachará en orden de mérito de costos de producción.
- Revertir disposiciones de la reforma eléctrica de 2013 que favorecieron a las empresas privadas en la generación de energía en sus cuatro modalidades: 1) Productores Independientes que venden a precios altos a la CFE mediante contratos a largo plazo de 25 años; 2) Sociedades de Autoabastecimiento de Energías Renovables, con despacho prioritario y donde han creado un mercado paralelo ilegal de electricidad con socios simulados de otras empresas, sin pagar el transporte de la energía (porteo) al utilizar las redes de distribución de la CFE; 3) Centrales Eléctricas construidas después de la reforma eléctrica de 2013, con despacho prioritario por ser renovables; 4) Subastas a Largo Plazo subsidiadas a 20 años y con despacho asegurado al 100%.
Como vemos, los privados tienen despacho prioritario de su energía sobre la CFE; además reciben financiamiento a tasas preferenciales, subsidios y estímulos del gobierno; todo lo anterior es un verdadero abuso de parte de los particulares, por ello se proponía eliminar sus cuatro modalidades.
- Transición Energética para contribuir a la mitigación del cambio climático, para ello se propone la renovación de centrales hidroeléctricas de la CFE y la construcción de parques fotovoltaicos de gran magnitud, y por su importancia en la transición no se otorgarán concesiones de litio.
Todo lo anterior, fue ignorado por la oposición, afortunadamente, con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar constitucional La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) presentada por AMLO y aprobada en el Congreso en marzo de 2021, y que en la resolución se desecha la acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque de senadores de oposición; por lo que con ello, se salvaguardan los principales objetivos de la reforma eléctrica; lo que constituye un duro revés para el bloque opositor, ya que la SCJN declaró que la LIE no vulnera tratados internacionales, el derecho al medio ambiente, ni genera desequilibrio en el sector eléctrico en perjuicio de empresas privadas o en las tarifas que pagan los usuarios.
Quedó intacta la preponderancia de la CFE para la producción y comercialización de la energía eléctrica por encima de los privados y se avala los supuestos de revocación de permisos y revisión de los contratos con empresas privadas productoras de energía contenidos en la LIE y los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
Asimismo, con la aprobación de las reformas a La Ley Minera presentadas por el Presidente y aprobadas por el Congreso, las cuales fueron publicadas este 20 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se declara de utilidad pública el litio para la transición energética, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias y contratos en la materia. Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México.
La oposición busca minimizar el triunfo del Presidente, quien supo darle la vuelta a la no aprobación de la reforma eléctrica, ya que por un lado la SCJN declaró constitucional la LIE y por el otro, se aprobó en el Congreso las reformas y adiciones a la Ley Minera para salvaguardar de los privados el litio. El bloque opositor busca confundir a la ciudadanía arguyendo que era innecesaria, ya que el 27 Constitucional dispone que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales, la esencia de las reformas aprobadas a la Ley Minera está en que se dispone, que por ser el litio de utilidad pública no se otorgarán concesiones, ni contratos a los privados como ocurre con la plata, de la cual somos primer lugar mundial en producción pero las concesiones extranjeras se llevan la riqueza y nos dejan sin plata.
