Por inasistencia de 19 legisladores, la 65 Legislatura pospuso hasta el próximo martes la votación del dictamen de reforma a la Ley de Salud en materia de interrupción legal del embarazo (ILE). Después de tres pases de lista se confirmó la falta de quorum, que coincidió con la ausencia de personas anti derechos que el pasado martes, con altavoz en mano, intentaron impedir la lectura de dicho dictamen que trata sobre el acceso a servicios de aborto seguro en hospitales públicos.
La diputada Renata Ávila Valadez, promotora de la reforma, advirtió que este tipo de tácticas dilatorias no pueden frenar el proceso legislativo, ya que el dictamen ya tuvo su primera lectura y, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgánica del Congreso, debe votarse en la sesión inmediata posterior.
Ávila Valadez hizo un llamado a sus compañeros legisladores para dar el debate que evadieron este jueves. Recordó que el aborto ya es una realidad en Zacatecas, y que el objetivo del dictamen es brindar certeza jurídica sobre las obligaciones del Estado en la garantía de este derecho.
Por su parte, la activista Emilia Pesci Martínez señaló que las y los legisladores que hoy bloquean el dictamen tuvieron seis meses para convocar a los sectores que dicen representar y discutir estos temas dentro del proceso legislativo. Lamentó que en lugar de asumir el debate y votar en contra en su caso, decidieran no presentarse a la sesión.
No solo dejaron que pasaran los plazos sin hacer su trabajo, sino que tampoco solicitaron una prórroga dentro del periodo ordinario de sesiones, que concluyó en diciembre, indicó Pesci.
La activista señaló la ausencia de manifestantes anti derechos (autodenominados ‘pro vida’) en la sesión de este jueves, recordando que en la sesión pasada irrumpieron para tratar, sin éxito, de impedir la lectura del dictamen. Destacó que su ausencia este jueves podría sugerir que hubo un acuerdo previo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que explicaría la inasistencia de legisladores opositores y la falta de quorum.
“Lo más curioso es que la reforma en materia de aborto es mínima, el grueso del dictamen habla del personal objetor de conciencia”, señaló la activista indicando que las personas que quisieron impedir la lectura del dictamen parecen no estar enteradas de que el trabajo legislativo ya priorizó la objeción de conciencia.
En distintos países de América Latina, la objeción de conciencia ha sido utilizada como una barrera sistemática para negar el acceso al aborto. Esta figura puede derivar en la negativa generalizada de atención, dejando a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y obligándolas a recurrir a procedimientos clandestinos, según ha documentado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en distintas resoluciones que la objeción de conciencia no puede convertirse en un mecanismo para negar el acceso a la salud reproductiva, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las instituciones públicas deben garantizar la presencia de personal no objetor para la prestación de servicios esenciales.
