31 investigadores

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En el artículo: “La fiscalía pedirá por tercera vez la detención de 31 investigadores del Conacyt por delincuencia organizada” (El País, 22/09/2021) se puede leer que, a pesar de los dos rechazos previos de jueces federales de otorgar la orden de aprehensión en contra de 31 académicos y exfuncionarios del Conacyt, el Ministerio Público insistirá en su caso. Ahora lo hará “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”. Al parecer los académicos fundaron una empresa privada a la que canalizaron recursos públicos. Esto no es un delito, alegan los jueces, porque lo avala el estatuto del Conacyt. Sin embargo, los fiscales federales consideran que tal criterio es erróneo porque va contra la Ley Orgánica de aquella institución. Puede leerse un buen resumen de la situación en “Persecución de la FGR contra investigadores y científicos” por Socorro Martínez (La jornada Zacatecas 24/09/2021). Durante la conferencia de prensa del presidente de la república del martes 22 de septiembre este recordó la “estafa maestra”, un esquema, según dijo, ideado desde el gobierno para que los rectores se enriquecieran con actos de corrupción. Salvador Camarena recuerda, en su nota “El defecto de la estafa maestra” (El Financiero, 10/03/2021), que en ese caso los jueces prohibieron, por tiempo indefinido, soltar las ordenes de aprehensión contra los colaboradores cercanos de Emilio Zebadúa. Y con el resto de los participantes en ese fraude no se pasó a mayores, por olvido, negligencia, desdén o complicidad. Por el contrario, con los exfuncionarios del Conacyt existe la voluntad por parte de la fiscalía de proceder contra ellos, como queda de manifiesto en la insistencia con que se les persigue. Las declaraciones a favor y en contra de los actos de la fiscalía contra los académicos fueron expeditas. Enrique Graue, rector de la UNAM, declaró  que “es un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos” (El Universal 22/09/2021) Otros se unieron al rechazo del rector (“Los juristas cuestionan la batalla legal de la Fiscalía contra 31 científicos por “desmesurada y arbitraria”” El País 24/09/21, “”Esto ha llegado a un grado de persecución inquietante”: 31 premios nacionales se unen al repudio por la orden de arresto de científicos del Conacyt” “El País” 27/09/2021 ). También existen muchos convencidos de la justeza de las acciones de la fiscalía porque, al parecer, creen en la existencia de jerarquías indebidas, mal manejo de fondos financieros, favoritismo y muchas otras lacras en la comunidad científica. Es un error detenerse en la consideración de una “polarización” en el país, se debe enfocar la situación desde una perspectiva más amplia: lo acontecido es el intento de desmantelar el proyecto de financiación de la ciencia de la época neoliberal. Toda actividad científica con capacidad de impactar en la sociedad humana exige recursos, y a veces en abundancia para ser exitosa. Se necesita dinero para la formación de personal, conseguir y desarrollar equipos e infraestructura, fondear asistencias a congresos, financiar reuniones de discusión, construir equipos de trabajo, pagar la edición e impresión de libros y artículos, así como suscripciones a revistas especializadas. De acuerdo al “modelo neoliberal” (discutido por Eduardo Ibarra Colado en el capítulo 4 del libro “La Universidad ante el espejo de la excelencia” UAM, 1998) las instituciones de educación superior públicas son ineficientes y de baja calidad, por ende, se debe reducir el gasto en estas, y en la educación superior en general. Esto se concretó en tres grandes políticas: la creación del sistema nacional de investigadores, la política de mantener el incremento del presupuesto de las universidades públicas de acuerdo a la inflación proyectada y el otorgamiento de recursos para investigación, infraestructura y demás mediante concursos. A partir de estos “ejes” las consecuencias son claras: la educación superior queda diferenciada de la investigación y el posgrado. Aquella no debería crecer, por carecer de los recursos para ello, mientras que en estas debían formarse elites de investigadores bien financiados y pagados de acuerdo a su productividad, generación de posgraduados, relación con la empresa privada. Tal modelo funciona más o menos bien: se crean posgraduados en cantidades no muy grandes, se tienen grupos de investigación líderes a nivel mundial en algunos campos, existe una cierta relación con algunas empresas. Y todo esto sin incrementar los presupuestos de las universidades públicas, que viven entre la deuda y el espanto. Ahora bien, existen otras consecuencias menos conocidas de esta forma de financiar la ciencia, como ilustra el libro “Science, money and politics” del periodista Daniel Greenberg (Chicago, 2001). Según ejemplifica y documenta el autor de este libro, en Estados Unidos los científicos están muy bien organizados para conseguir fondos públicos con casi ningún control sobre cómo se gasta ese recurso. Y no siempre está justificado el uso que se hace de los dineros públicos. Con palabras fatales:” A pesar de toda su angustia ética y fracasos, la ciencia de hoy es el camino corto para volverse un servidos de los poderes corporativos”. ¿Cuál es la razón de esto? La búsqueda obsesiva de fondos públicos. No está mal fiscalizar la ciencia o cuestionar el modelo, el problema es: ¿cómo se propone sustituirlo?

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