En sesión ordinaria de la 64 Legislatura del estado, el diputado local por el PT, José Xerardo Ramírez Muñoz, sometió a la consideración de la asamblea una iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, en materia de despenalización del Aborto como Delito, es decir, para que ninguna mujer sea juzgada penalmente por abortar.
El pasado 7 de septiembre del presente año, recordó el legislador en su alocución y exposición de motivos, en una “decisión histórica”, los ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidaron por unanimidad los artículos de la legislación Penal del estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique un aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento, decisión que, dijo, es de una relevancia no sólo jurídica, sino histórica y social, ya que se han derribado obstáculos jurídicos que impiden la libre decisión de las mujeres a decidir qué es lo que realmente les resulta mejor para poder tener una libertad en el desarrollo de su personalidad, sin afrontar el temor a ser estigmatizadas o criminalizadas por un acto que solo a ellas les compete.
Si bien, este fallo de la Corte sólo obliga al estado de Coahuila a modificar su Código Penal respecto a ese tema, expuso, no supone que el aborto sea ahora legal en todo México, ni que la despenalización afecte a todos los estados automáticamente, pero sí sienta un precedente judicial para una modificación a las legislaciones locales de todos los estados mexicanos, y es que al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos a favor de los 11 ministros que integran la Corte, esta determinación sí obliga a todas y todos los jueces de México a que, al resolver casos futuros sobre este tema, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta.
Ramírez Muñoz recordó que sólo en cuatro de las 32 entidades del país se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación sin importar las razones, las cuales son Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz; sin dejar de lado que la práctica de un aborto es legal en todo el país sólo cuando concurren algunas circunstancias como pueden ser que el embarazo fue resultado de una violación; que exista el riesgo para la salud y para la vida de la mujer; o si el feto presenta malformaciones congénitas graves.
Sin embargo, en la legislación penal, todavía existe la penalización para la mujer que decide interrumpir su embarazo por una causa distinta a las ya mencionadas, por lo cual se considera necesario que se regule tal circunstancia en el marco legal estatal, dijo, por lo que, como legisladores, enfatizó, se tiene la oportunidad de marcar la pauta y visibilizar los derechos humanos de muchas mujeres, para que nunca más sean juzgadas penalmente.
“Debemos eliminar la amenaza de sufrir una prisión y el estigma social que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo garantizando en todo momento la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de ellas”, expuso el petista”.
“Independientemente de la postura que cada persona tenga frente al tema del aborto, se debe ponderar el hecho de que los abortos practicados en condiciones inseguras son un problema social y de salud pública que debe ponerse en la esfera pública para su debida atención, no podemos cerrar los ojos ante un tema cuya atención es impostergable”, continuó el legislador local.
Derivado de lo anterior, reiteró, como legisladores, se debe procurar y garantizar un procedimiento de interrupción de embarazo seguro, libre y accesible para las mujeres que tomen esa decisión, solo así, dijo, se podrá decir que sus derechos están efectivamente respetados. “No más simulación de respeto a una libertad de decisión, de una igualdad ante la ley. Es ahora el momento de llevarlo a la práctica, por el bien de las mujeres y para consolidar un marco jurídico de verdad garantista en el que todos los derechos y libertades sean considerados para todas y todos”.
Por lo anterior, sometió entonces a la consideración de la soberanía, la iniciativa de Decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Zacatecas mediante un único artículo que establece que se derogue la fracción III del artículo 60 bis, se reforme el artículo 310, se derogue el 311 y se reforme el artículo 312, todos de dicho Código Penal.
