Ayer domingo 26 de septiembre, diversas personalidades acompañaron en rueda de prensa al estimado compañero, oriundo de Río Grande, Alfonso Rámirez Cuéllar, quien se desempeñó como diputado federal en la anterior Legislatura y, durante algunos meses, como presidente nacional de Morena. El tema fue la promoción de la consulta sobre revocación del mandato que desempeña el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que organizará el INE durante el mes de marzo de 2022, bajo el procedimiento establecido en la ley específica aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, por todas las fuerzas políticas integrantes del Poder Legislativo.
Ramírez Cuéllar informó que, no obstante que las fuerzas opositoras aprobaron la ley reglamentaria, ahora hacen campaña para que la población no participe en la consulta desdeñando el ejercicio de un nuevo derecho de los mexicanos: revocar el mandato de los gobernantes. Parece que las oposiciones no creen afirmaciones como la de que vivimos en una dictadura con el peor gobierno de la historia, y ahora prefieren no participar ante el riesgo de mostrar el tamaño real del respaldo que tienen entre la población. En esas condiciones, la tarea de los impulsores de la cuarta transformación que encabeza AMLO será convencer a las personas inscritas en la lista nominal de electores, para que concurran a las casillas y marquen una de las dos opciones inscritas en la boleta: que AMLO se quede como presidente hasta 2024 o que abandone ya ese cargo por pérdida de confianza de la población.
La tarea no será nada fácil si los opositores mantienen su posición de impulsar la abstención, de manera que la voluntad de defender activamente la permanencia de AMLO en Palacio Nacional puede debilitarse con la campaña abstencionista de sus principales críticos e impugnadores. De ahí que la narrativa de la coalición que impulsa la 4ª T, además de destacar los avances relevantes, podría subrayar las pocas tareas pendientes de la plataforma programática del 2018 y, sobre todo, resaltar los planes, proyectos y programas prioritarios para el resto de su mandato.
El programa que la 4ª T ha puesto en práctica, luego de más de tres décadas de políticas antipopulares inició tratando de borrar las herencias más ominosas e iniciar la edificación del Estado social: Redistribuir una parte grande y creciente del ingreso captado por el fisco hacia el gasto social más urgente: pensión básica universal, aumento progresivo (anual) del salario mínimo general, educación (becas incluidas), atención médica universal y gratuita a los no asegurados, subsidio directo al empleo de jóvenes, trabajo asalariado a campesinos en la reforestación de un millón de hectáreas, mejoramiento de vivienda precaria, precios de garantía de granos, restablecimiento de estímulos fiscales y duplicación del salario mínimo en las fronteras, cobertura vitalicia de una renta a menores discapacitados permanentes, créditos a la palabra para microempresas. Desmontar la política neoliberal abarca también la cancelación de la entrega de bienes públicos a la clase minoritaria: detener la privatización de recursos naturales, acabar con las asociaciones público-privadas, prohibir las condonaciones fiscales, restringir los subsidios virtuales, cobrar debidamente los impuestos, impedir sistemas de precarización de la fuerza de trabajo formal, como el outsourcing, y combatir el oprobioso sometimiento de los obreros agrícolas.
El programa democrático de la 4ª T se propuso apartar del gobierno a la gran burguesía y, en especial, a su capa oligárquica. Ello ya se expresa en aspectos relevantes como lla prohibición del outsourcing, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a votar su propio contrato colectivo y su sindicato. La insistencia en la consulta popular y la revocación de mandato forma parte de la creación de una nueva institucionalidad democrática, mucho antes que de asuntos de coyuntura. Un elemento esencial del programa democrático ha sido dejar de lado la represión. Ya no existe la prisión política como instrumento de gobierno, ni se persiguen las luchas sociales, como tampoco se busca castigar a los críticos y opositores. Esos periodistas que dicen estar acosados se refieren a que el gobierno ya no les paga por sus servicios, silencios o maquillajes. Confunden la respuesta verbal con la represalia física.
En este marco, la 4ª T lleva a cabo una acción en contra de otro de los grandes anclajes del viejo régimen: la corrupción. Nada de la vida pública y de las relaciones mercantiles estuvo al margen este fenómeno. En casi todas partes aún existe corrupción, pero ese no es el peculiar problema de México, sino que durante 60 años se construyó un Estado corrupto, lo cual es otra cosa. Hoy, el gobierno se siente satisfecho de que no se observe la corrupción dentro del gabinete y su entorno inmediato, pero se sabe que existe como gran lastre que debe ser combatido en todo tiempo, lugar y circunstancia.
La política económica del gobierno ha sido la menos entendida. Los economistas neoliberales no reconocen las tribulaciones de su paradigma en el mundo y juzgan erroneas las medidas que no se ajustan al mismo, como el fortalecimiento de Pemex y la CFE. Por otra parte, hay que ventilar que durante casi tres años ha existido algo así como una huelga calculada y silenciosa de inversiones de parte de la llamada iniciativa privada, desde los medianos hasta los muy grandes empresarios. Quienes no le vieron sentido a esa huelga fueron los inversionistas extranjeros que aplican parte de sus ganancias en nuevas inversiones dentro del país. El gobierno se ha rehusado a seguir aumentando la deuda pública, elevar las tasas impositivas (Biden lo impulza en USA) y encarecer los energéticos. Hoy, desde el presupuesto se financia la mayor parte de la inversión pública federal, aunque el problema es que ésta sigue siendo reducida. En la segunda parte del sexenio se deberán encontrar mecanismos que permitan aumentar las inversiones públicas productivas (con retorno), con o sin socios privados.
