El tema de la nómina educativa acapara el grueso de los problemas del financiamiento de la educación en México porque el capítulo mil abarca el 97 por ciento del gasto en educación. Y el sistema de atención a la educación básica se divide en federalizado y de responsabilidad estatal, y resulta que el sistema federal atiende el 68% de matrícula en preescolar, el 80 en primaria (157 mil alumnos contra 31 mil) y el 49 por ciento en secundaria. Y debemos tener claro que el sistema estatal de secundaria es fundamentalmente telesecundaria. En términos de presupuesto, cuando inicia a aplicarse el Fone en Zacatecas, de los 8 mil 500 millones de presupuesto global de educación en Zacatecas, 6 mil 400 son de procedencia federal y sólo 2 mil de origen estatal. Así las cosas, puede observarse con perfecta nitidez la dominancia de la presencia del gobierno federal en la obligación del Estado de dotar el servicio educativo en la entidad.
Pero desde el inicio de la conversión de Faeb a Fone, el estado de Zacatecas sufrió una merma de 300 millones de pesos. Y a partir de ahí el calvario inició. El programa presupuestario para cubrir el gasto de nómina es el Fone, y cuando se creó lo hizo bajo un esquema de recentralización del manejo de la nómina. Es decir, antes de él (con el Faeb), se le entregaba el dinero al estado y éste hacía sinergias de este fondo con sus obligaciones de gasto estatal, sobre todo en nómina de administrativos y algunas plazas docentes. Por lo que con-el-Faeb no-había-déficit-en-el-presupuesto-de-nómina. Y al establecerse el Fone el déficit comenzó. Lo cual ocurrió porque el gobierno federal no reconoció toda la plantilla que antes se financiaba con recurso del ramo 33 (Aportaciones). La pregunta es, ¿por qué no hubo ese reconocimiento de plantilla? Por la información dotada por el propio Miranda (secretario de Finanzas en su momento) fue por errores de la gestión de Miguel Alonso al final de su periodo. Así que le heredó esa papa caliente a Tello. Y este último tuvo que pasar por ese calvario 5 años.
En suma, es un déficit que tiene como causa central el reconocimiento de la plantilla docente por parte de gobierno federal. Después de ubicar los errores de gestión de Alonso, no hay justificación para continuar sin reconocer dicha plantilla. Ni los subsiguientes gobiernos ni los profesores tienen culpa alguna en la negativa de Gobierno Federal a reconocer su obligación de financiar la educación en la entidad. Cuando llegó el gobierno de la 4t en el 2018 todo mundo auguraba que ese problema se iba a disolver por el compromiso de este gobierno con la educación básica y normal. Pero no ha sido así. El problema siguió como si no hubiera ocurrido cambio de gobierno alguno: el esquema centralizado de la nómina y el nivel de reconocimiento de plantillas.
Así las cosas, el objetivo es convencer a gobierno federal que asuma la plantilla. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Uno entendería que debería hacerse según cierto escalamiento del proceso de gestión: primero una plática del nuevo gobernador con el secretario de Hacienda y la SEP; después un diálogo con el presidente de la república; y si eso no funciona bajo justificaciones bien presentadas, se promueven las movilizaciones. Sin embargo, si el inicio del proceso es la movilización de ataque, la duda corrosiva entra en las venas: ¿por qué así? ¿Cuál es el objetivo real de la movilización? Por ello, en este proceso debe cuidarse mucho la estrategia de gestión y aislarse de los procesos político-electorales paralelos. Es una prueba de la capacidad de gobierno: ojalá la sabiduría ilumine a los gobernantes y no la ambición de proyectos electorales futuros. Va.
