Zapata y los 142 años de retraso en la Justicia para el Campo

Zapata y los 142 años de retraso en la Justicia para el Campo

142 años han transcurrido desde que Emiliano Zapata Salazar viera su primera luz en Anenecuilco, Morelos. Un hombre cuya señera figura se convertiría en sinónimo mundial de lucha contra la injusticia. Hoy quiero hacerle un homenaje no rememorando su vida, sino hablando de su legado.

Hoy, más de un siglo después de que el prócer cabalgara con las fuerzas campesinas revolucionarias, vemos con gran desilusión que las causas que lo empujaron a empuñar las armas a principios del siglo pasado empiezan a vislumbrarse otra vez en el horizonte, pero ahora con nuevos actores y nuevos problemas.

La reforma agraria registrada en México entre 1915 y 1992 que logró el reparto de más de la mitad del territorio nacional, parece querer revertirse para desheredar nuevamente a los campesinos pobres y reconcentrar la tierra en pocas manos.

Como el general Zapata se lo temía, la judicialización de las controversias domesticó al campesinado, a tal grado que muchos piensan que en México el problema agrario ya quedó resuelto.

Sin embargo, esa es una falsa suposición, ya que las disputas son cada día más numerosas, aunque pareciera que no, lo cual obedece a que -al haber sido judicializados- los conflictos se sometieron a un procedimiento cuyo ritmo o trámite es tan lento en los hechos y cuyas audiencias se celebran tan espaciadamente que da la impresión de que casi no hay pleitos y de que en el agro nacional impera la tranquilidad agraria.

En ese escenario, las instituciones agrarias han dejado mucho qué desear y no han respondido a las expectativas que se generaron con su creación.

A casi tres décadas de su surgimiento, las tribunales agrarios, la PA y el RAN no han podido garantizar la gobernabilidad agraria ni mucho menos la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la que en la actualidad es infinitamente mayor que la de antes de las reformas salinistas de 1992.

Dichas reformas trastocaron el contenido de la propiedad social y la arrojaron al mercado cuando más descapitalizada se encontraba y sin ninguna red protectora, con la falsa hipótesis de que ello impulsaría la modernización del campo.

No obstante, sucedió todo lo contrario.

El intenso proceso de regularización que duró casi 20 años y que aún no termina, solamente se avocó a las tierras que le interesaban al mercado, o sea, a las parcelas y las tierras de uso común, excluyendo a las zonas urbanas de los núcleos agrarios, es decir, justamente las tierras de menor valor comercial y donde están asentadas millones de familias de escasos recursos, sesgo discriminatorio típico de las políticas públicas neoliberales, al que debe sumarse el agravante de que un considerable porcentaje de la parte regularizada presenta graves errores y deficiencias.

Los tribunales agrarios se han convertido en verdaderos retardatarios de la impartición de justicia. Cada vez con menor número de tribunales, los campesinos se ven obligados a trasladarse grandes distancias para actuar en juicios tremendamente prolongados en los que llegan a mediar más de tres meses entre audiencia y audiencia y cuya duración y lentitud siempre beneficia a la parte con mayores recursos.

Por otro lado, las redes de complicidad que se urden alrededor de estos órganos jurisdiccionales son de todos conocidas. Los despachos de abogados formados en las filas de la PA y a la que le dan las gracias en cuanto aprenden, se coluden para traficar influencias con los empleados de los tribunales a fin de resolver juicios en uno u otro sentido, desde luego, siempre en perjuicio de la parte más débil.

Mientras que para la propiedad privada, los registros públicos de la propiedad de los estados se modernizan constantemente, para la propiedad social se actúa en sentido contrario y se le retiran al RAN cada vez más recursos, obligándole a prestar un servicio público muy poco oportuno. Ello sin soslayar que, al igual que los otros, es presa de prácticas deshonestas y de huachicoleo fiscal.

El balance anterior, nos hace ver que la justicia agraria pronta, imparcial y expedita sigue siendo un objetivo inalcanzado y que el legado de lucha de Emiliano Zapata por la justicia agraria sigue estando vigente.

Más aún, no sólo sigue vigente sino que en el momento actual del país le obliga a mantenerse alerta y modernizar su lucha, toda vez que la disputa por la tierra ya no se da por la propiedad del suelo sino por el usufructo del subsuelo, de modo que las corporaciones extractivistas de hoy son los grandes hacendados de ayer. En ese contexto, el zapatismo adquiere un nuevo significado que redobla la importancia de su legado y da forma a la base de su lucha, ampliando su frente a la defensa de la soberanía nacional y a la de los recursos naturales del país.

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