Dos palabras rondan en mi cabeza desde hace varios días, poder y deber. Pienso en ellas y normalmente las contrapongo no solo para apreciar sus diferencias, sino sobre todo para entender sus vínculos. Como me dedico profesionalmente a la defensa de causas de derechos humanos, cuando examino algún caso desde la óptica del deber, mi referente obligado es nuestra Constitución, y suelo contrastar lo que las autoridades estiman que pueden hacer y hacen con lo que deben hacer.
Si concluyo que el proceder de alguna autoridad no se apega a los mandatos de la Constitución, asumo que se puede emprender un litigio de interés público para remediar la situación. Quizá esta forma de abordar un problema explica mi nivel de exigencia para las instancias judiciales. No llego con súplicas, ni ocurrencias, más bien, con una demanda, y creo firmemente que es su trabajo garantizar el respeto de cualesquiera derechos humanos que estén involucrados en un juicio que inicio.
Por eso mismo es que en los pocos asuntos en los que participo para cuestionar los actos de gobierno de la actual administración federal, parezco tan vehemente. No obstante, la debida reflexión, el ejercicio de razonamiento mínimo, siempre es mi punto de partida. Aunque particularmente en lo que va de este sexenio, si algo he tratado de hacer es ponerme en la posición del gobierno y creer que actúa por convicciones, no por impulsos, tratando de asegurar algo mejor para las mayorías.
Pero como ya he escrito en este espacio, favorecer a las mayorías no es igual a favorecer en todo tiempo la mayor protección de las personas. Y al menos en los casos que litigo, luego de un análisis detenido, termino por convencerme de que este gobierno, como los anteriores, suele no tener como referente obligado para tomar sus decisiones, un efectivo cumplimiento de los mandatos constitucionales.
Con ese panorama mental de por medio, me he comprometido a defender a uno solo entre múltiples colectivos de personas que han padecido afectaciones por el nuevo diseño del espacio aéreo en el Valle de México. Como no podía ser de otra manera, debido a mi formación, hemos emprendido un juicio de amparo con base en un interés legítimo colectivo, no solo para buscar que sus derechos humanos se respeten, sino para que se cumplan los compromisos con futuras generaciones.
Nuestro juicio de amparo es el 567/2021, de momento ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, como todos los demás que se han iniciado para combatir el rediseño. Pero hasta eso hemos cuestionado, porque a la luz de la reforma constitucional conocida como “la reforma judicial”, publicada en marzo pasado, ni ese Juzgado, ni el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito deberían “concentrar” juicios y recursos.
Tenemos la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia decida intervenir por el interés y trascendencia de la causa –no solo porque desde nuestra perspectiva el Juzgado y Tribunal aludidos tienen prejuzgado este asunto, y porque el primero se ha negado a cumplir sus deberes para juicios ambientales–. Esperanza que se funda en el planteamiento primordial de nuestro amparo: la defensa del derecho a un medio ambiente sano, pero no tanto por las alteraciones en la calidad de vida, la salud y el bienestar de quienes habitan en el espacio afectado, sino para velar por las futuras generaciones, debido a los impactos climáticos del rediseño citado.
Por supuesto, las autoridades faltaron a sus deberes de informar sobre el proyecto y no contemplaron siquiera la posibilidad de contar con la participación efectiva de las personas afectadas. Eso ha ocasionado que tengan tantos cuestionamientos, porque está en duda casi todo aspecto detrás de este rediseño del espacio aéreo. Con lo cual retorno al contraste entre poder y deber. Las autoridades asumen que su posición les permite hacer lo que estiman conveniente, sin tomarse el tiempo de considerar si deben hacerlo así. Por eso a las personas nos toca demandarlas para que hagan lo que es debido, como es debido. Y lo más elemental que deben hacer es no usar aquel rediseño para incrementar el tráfico aéreo. Que el espacio aéreo lo puedan saturar de aviones no significa que deberían hacerlo así sin más.
