Colombia ha captado por fin la atención mediática después de siete jornadas de movilización tras el Paro Nacional del pasado 28 de abril, que han sido brutalmente reprimidas por la Fuerza Pública. La violencia ha dejado un saldo incierto de más de 31 muertos y 1443 casos de abusos policiales, numerosos de ellos, de índole sexual contra mujeres. Y si bien el detonante ha sido una reforma tributaria injusta, la población colombiana es víctima de una violencia estructural histórica que se ha intensificado durante el Gobierno de Ivan Duque. Para su ruralidad, sus pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, nunca ha cesado la terrible noche.
1.200 líderes sociales y defensores del territorio y 270 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016. Hay decenas de miles de personas desplazadas por la violencia; han vuelto las masacres -35 en lo que llevamos de 2021-; los atentados con coche bomba; los combates armados en zonas rurales alejadas, pero también en zonas pobladas; se ha intensificado el reclutamiento de jóvenes y menores de edad; y las amenazas, los retenes armados y la zozobra son el día a día. En guerra, Colombia sigue en guerra.
Una guerra que ya no tiene dos ideologías confrontadas por la disputa del poder, sino a un pueblo -según datos oficiales hay nueve millones de víctimas- azotado por un conflicto que gira en torno al control territorial y económico de múltiples actividades extractivistas y del negocio que ha caracterizado a Colombia internacionalmente en las últimas décadas: el narcotráfico.
Pese a la imagen de conflicto que el Gobierno colombiano insiste en escenificar en instancias internacionales y que la misma Comunidad Internacional se encargó de sentenciar otorgando el premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos, – exministro de Defensa del Gobierno de Uribe entre 2006 y 2009, durante la intensificación de los falsos positivos- la situación del país recuerda a lo más crudo de los años noventa y dos mil, durante el auge del paramilitarismo.
El actual Gobierno, encabezado en apariencia por el ultraconservador Iván Duque –delfín del poderoso Uribe-, afirmó durante su campaña electoral de 2018 que haría “trizas” el Acuerdo de Paz. Un acuerdo que era una política de Estado, no de Gobierno, y cuyo principal beneficiario era el pueblo colombiano. Revisemos, entonces, punto por punto, cómo va la ya popularmente llamada “no implementación de los acuerdos de paz”:
Reforma Rural Integral
Este es el primer punto porque es el origen del conflicto. Manuel Marulanda, campesino fundador de las FARC en 1964, aseguró que “hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es, si es la vía política o es la otra”. 57 años después, según un informe de OXFAM de 2018, el 1% de los propietarios tiene en sus manos el 81% de la tierra colombiana y un millón de hogares campesinos viven en menos terreno que el que tiene una vaca para pastar en las grandes haciendas ganaderas, siendo Colombia el país más desigual en distribución de tierra de América Latina.
El acuerdo de paz tenía dos metas ambiciosas: hacer un fondo de tierras con tres millones de hectáreas para el campesinado y formalizar otros 7 millones de hectáreas de fincas de familias sin título predial. Hasta que en 2018 el Gobierno de Santos empezó a implementar los acuerdos, los logros fueron mínimos, el Fondo de Tierras tenía 200.000 hectáreas. Con el Ejecutivo de Duque no ha salido más información oficial sobre este tema, pero han llegado los titulares de noticias con el asesinato de líderes que se dedican a la lucha por la restitución de tierras de población desplazada por el conflicto. Se suma a esto el drama de que, a través de la “cultura de la mafiosidad”, como la llama el pensador caleño Manuel Rozental, muchas de las tierras que están siendo restituidas acaban en manos de empresarios y terratenientes, sobretodo en el norte del país, vertebrado históricamente por el paramilitarismo. Esto está provocando que los campesinos no puedan de regresar a sus tierras ante un clima de creciente inseguridad y falta de garantías ya que esos terrenos están en zonas donde el Gobierno ha prometido construir infraestructuras publicas.
Participación política: apertura democrática para construir la paz
El acuerdo buscaba principalmente garantías para la oposición. Garantías de acceso a las instituciones gubernamentales, pero, y sobre todo, garantías de vida para ejercer la oposición. El fantasma de la Unión Patriótica, partido político que nació de organizaciones sociales y sectores cercanos al Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP en los años ochenta y del que fueron asesinados más de 4.000 miembros, recorre aun el país. Igual que los fantasmas de Jorge Eliécer Gaitán o Carlos Pizarro, candidatos progresistas que, a puertas de ser elegidos presidentes, fueron asesinados por servicios secretos o sicarios del gobierno de turno. Desde la firma, a parte de los 270 excombatientes, la mayoría miembros del partido surgido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también llamado Los Comunes, han sido asesinados varios candidatos a cargos públicos locales y regionales y el alcalde electo de Sutatausa, José Humberto Rodríguez, asesinado por sicarios contratados por la oposición. Han sido asesinados también ocho periodistas.
El caso de la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca, Karina García, estremeció a la parte del país que aún no ha cedido a la normalización de las masacres. El 1 de septiembre de 2019, García fue asesinada junto a su madre, una activista representante de la asociación de víctimas de la región y tres hombres más que la acompañaban en su coche, en medio de una campaña electoral que había dejado más que claro que la llevaría a la alcaldía de su pueblo con propuestas transformadoras. Los responsables de la masacre incineraron después el coche con los seis cadáveres acribillados. Un año y medio después, como es de costumbre, el caso sigue impune. En junio de 2020 los informativos presumían de que se había capturado a varios dosodentes de las FARC como autores de la masacre, pero no hay ninguna pista sobre quiénes fueron los autores intelectuales. Esta es la situación de la participación política con un Gobierno uribista. A día de hoy sigue habiendo 400 personas firmantes de los Acuerdos de Paz en la cárcel, lo que los convierte en presos políticos.
