Cuando pensamos que los gobernantes aplican recetas neoliberales, creemos que es por convicción ideológica o dogmatismo doctrinario, pero eso no es así. La puesta en marcha de supuestas recetas de ‘libre mercado’ no siempre es por motivos ideológicos, sino por otro motivo: se trata del saqueo con el cual ‘la gran libertad’ de los mercados energéticos los haría inmensamente ricos. Es como si el “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer y dejar pasar) de la doctrina libertaria se usara para dejar pasar a los piratas a ‘hacer negocios’ en la patria. Y el ‘business’ (el negocito) es quedarse con una parte de las ganancias: una-muy-buena-parte. En pocas palabras es la crónica de un saqueo aderezada de doctrinas hegemónicas.
Hay tres cosas que de ninguna manera deben entrar en la teoría de las ventajas comparativas y de la seguridad de mercado: el agua, los alimentos y los energéticos. En Bolivia aconteció ‘la guerra del agua’ por la privatización de ésta y sus nefastas consecuencias. Los alimentos tienen el mismo problema: en México se argumentó que ‘era más barato comprar el trigo y el arroz que producirlo’, y en ese momento era verdad; sin embargo, poco tiempo después la sequía en Rusia forzó la decisión de reservar el trigo para su consumo nacional y mandó muy poco grano al mercado internacional, lo cual creó una espiral alcista y desabasto en los países importadores. Además de la especulación que empeoró las cosas. Con estas experiencias queda claro que la teoría de las ventajas comparativas en el caso alimentario es una trampa. Con estas consideraciones, hay que elegir qué visión tiene prioridad: o la soberanía energética o el libre mercado energético. Igual para los otros dos temas. La idea de ‘seguridad alimentaria o energética’ no es igual que la idea de ‘soberanía’. Lo primero se preocupa por que exista abasto en el mercado, a la segunda le interesa que lo que se consume tenga su origen en la propia patria.
Así las cosas, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el gobierno de la República presentó al poder legislativo, es positiva; porque tiene la clara pretensión de reconquistar la soberanía arrebatada. Un dato esencial: el 64% por ciento de la electricidad es generada por la inyección de gas natural, y el 70 por ciento del gas es importado de EEUU (sobre todo Texas). Como puede verse, la dependencia es total. Sin embargo, que está bien recuperar mayores espacios de soberanía, hay dos cosas que deben cuestionarse: (1) hace falta fortalecer la visión de producción sustentable de energía: la Ley y los proyectos de producción de electricidad deben garantizar que se haga con formas limpias que atiendan los protocolos de cambio climático, y (2) la reforma es una manera de salir de un problema coyuntural, y no una elaboración de un plan estratégico de política energética de largo plazo. Esto es, es una Ley apagafuego y no una Ley para una visión de Estado que debería de llegar con una reforma constitucional que desmonte la reforma impuesta en tiempos de Enrique Peña Nieto.
Finalmente, el argumento para juntar al Partido Verde en la alianza electoral 2021 es ‘hacer una mayoría parlamentaria’ para asegurar la agenda del cambio. Y ya quedó demostrado que eso es un mero sofisma barato: el Verde votó la presente reforma de acuerdo con sus jefes reales (en contra), que son justo los del Pacto por México. El Verde es un fraude de Alfa a Omega, lo mismo que Mario Delgado: la prueba de fuego ya fue hecha y la han reprobado.
