Quizá llegó el momento de que empecemos a debatir respecto a sí la transición política (y jurídica-institucional) de México falló, agotándose en 2018. Más allá de las controvertidas reformas en materia económica o social (energética, educativa, por citar algunas), se había logrado cierto consenso respecto a varios conceptos e instituciones que surgieron luego de décadas de esfuerzo, discusión y acuerdo. La autonomía de los órganos encargados de las elecciones y de la transparencia, por ejemplo; las bondades de la descentralización, la pluralidad y el contrapeso entre los poderes, fueron, a pesar de los defectos, un indicador de que por fin teníamos una democracia competitiva que se iba acercando poco a poco al adjetivo sustancial del concepto. Sin embargo, siempre hubo pendientes cuyo lento proceso de atención provocó una votación histórica por un proyecto que ha declarado su franca antipatía y nula confianza en la arquitectura institucional que se dio en las décadas de la transición. La desigualdad, la corrupción, el cosmético avance en materias como el combate a la impunidad o la violación a los derechos humanos, provocó una vuelta de hoja a la pluralidad alcanzada en 1997: en 2018, hubo mayorías para la coalición gobernante en ambas cámaras y en un importante número de legislaturas locales. Pero en 2018 no hubo una avalancha igual en las gubernaturas. Jalisco, Guanajuato y Puebla, importantes estados, resistieron la ola. Según lo indican las encuestas y podría suponerse, en 2021, habrá una interesante pluralidad en los resultados, en las que, si bien Morena y su coalición no se las llevarán todas, podría sí llevarse cuando menos ocho de las quince en juego, de ésas, la coalición gobernante sólo tiene una, la suma sería abrumadoramente a su favor, probablemente a costa del PRI, más que del PAN.
Ahora bien, ello implicaría que, dadas las costumbres políticas de nuestro país, el federalismo en la práctica tendría una fuerte dosis de centralismo o, sí queremos llamarlo más descafeinadamente, coordinación de los estados con el poder central ¿esto per se significa un retroceso? Sí apuntamos solo al indicador pluralidad como garantía del federalismo, pues sí. Pero ese objetivo poco o nada ha tenido que ver con la democratización en la periferia. Si bien, las alternancias a nivel municipal y estatal, anteriores a 2000, significaron eso, un avance democrático por lograrse la derrota del partido hegemónico, a partir de 2000, significó apenas al principio ese avance. Inmediatamente después se provocó una generación de “virreyes”, cuya única independencia del centro significó una autonomía permisiva para el abuso y la réplica de los peores cacicazgos del pasado. La transición sirvió de resquicio para que Emili González, Ángel Aguirre, Mario Marín, Javier Duarte, y otros, pudieran abusar del erario a razón de ganar elecciones para su partido y con ello lograr convertirse en balanzas en un pobre equilibrio político que dependía más del presupuesto que de la lucha política y la deliberación democrática.
En 2018 Andrew Paxman coordinó el libro Los Gobernadores. Caciques del pasado y del presente, en el que esboza los perfiles de gobernadores del antiguo régimen con los de la pluralidad democrática post alternancia. En su lectura, y a la luz de lo acontecido desde 2018 a la fecha, se puede comprender mejor la realidad política a la que nos enfrentamos: ¿porqué hay tan poco respaldo de la ciudadanía en general a los valores que la transición fijó como positivos para el desarrollo del país? Porque para la mayoría pobre de este país, más allá del concepto abstracto de la democratización, no significaron ningún cambio concreto en sus vidas ¿porqué no se valora al federalismo como un avance en los estados? Porque, en muchos casos (no en todos, es justo aclarar), no significó un cambio sino de cacique, ya ni siquiera de apellidos o élites, pues éstas han sabido muy bien acomodarse según las circunstancias ¿porque el presidente y su coalición mantienen altos niveles de aprobación en las encuestas aún en la controversia? Porque, salvo cierto nivel de mejoría en algunos estados (podría citar Aguascalientes, Yucatán, Querétaro y otros pocos más), en los más pobres, la alternancia, la transición y todos los conceptos de modernización institucional, no significó gran avance para los más pobres e incluso, para la clase media, temas como la corrupción y la impunidad, no tuvieron un combate sustancial. Me atrevo a pensar que quizá, en términos llanos, para la sociedad, todo lo que no se hizo, está por hacerse, o bien, puede hacerse algo más y están apostando ahí su confianza. ■
@CarlosETorres_
