Alistan para el viernes aprobación del dictamen sobre ley eléctrica

Alistan para el viernes aprobación del dictamen sobre ley eléctrica
Instalaciones de la subestación eléctrica de El Salto, Jalisco. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Comisión de Energía aprobará el viernes el dictamen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que, anticipa el proyecto, “terminará con años de saqueo y de privilegios a la generación privada que causó un grave perjuicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)” por la aplicación de un mercado “a modo” de las empresas particulares.

El documento, que se circuló esta mañana a los integrantes de la comisión, junto con la convocatoria a reunirse el viernes a las 10:30 horas, anticipa que la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pleno sustento constitucional y dará fin a un mercado donde CFE compra la electricidad a los particulares “el doble de precio y otorgar subsidios encubierto para mantener el sistema perverso de la práctica del dumping”.

Para la comisión, no se puede alegar que la decisión de renegociar o terminar en forma anticipada los contratos con los productores independientes de energía o PIE, así como la cancelación de los contratos de auto abastecimiento -que resultaron en una simulación- pudiera ser interpretada como de irretroactividad a la ley.

En sus consideraciones, el proyecto coincide con la iniciativa del Ejecutivo, respecto de ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica, acordes con la nueva política energética del actual gobierno.

Al respecto, define que el sistema del despacho de los generadores eléctricos, impuesto por la reforma energética en la Ley de la Industria Eléctrica es uno de los mecanismos que ha demostrado imponer a la generación privada privilegios, con graves perjuicio a la CFE que es la empresa obligada a prestar el servicio público de energía a todo el país.

En ese sentido, conviene en la necesidad de modificar la jerarquización del despacho de las centrales eléctricas, como plantea la iniciativa, para dar entrada con prioridad a la energía producida por las centrales de CFE y al final las de las empresas privadas.

“Lo anterior toma relevancia si consideramos que el sistema actual de despacho eléctrico en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está basado en un modelo de costos que no reflejan los costos totales de generación, donde el criterio de decisión del despacho, solo considera los costos variables, aun cuando la ley se refiere al concepto de costos de producción”, abunda.

Actualmente, agrega, el despacho se basa en un criterio económico discriminatorio, el cual origina que las centrales de la CFE que brindan la generación firme, la regulación de voltaje y las reservas de regulación necesarias para mantener la confiabilidad y seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional, no recuperan sus costos totales.

Estos se integran por los costos variables más los fijos y CFE no los recupera porque la generación renovable intermitente (eólica y fotovoltaica) no provee los servicios que sí brinda la empresa del Estado, debido a que en el mercado de corto plazo únicamente se liquidan los costos variables.

En tanto que, explica el proyecto, los servicios conexos que no se incluyen en el mercado se liquidan a través de una tarifa regulada emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que no retribuye el desgaste prematuro de las unidades, ni tampoco, se identifican y remuneran todos los servicios conexos que proveen los generadores de CFE.

Con ello, CFE como suministrador de servicios básicos está obligada a adquirir energía especulativa del mercado, ya que las subastas no son el mecanismo adecuado para atender esta necesidad, explica.

En suma, la Comisión de Energía indica que, al ser indispensable el servicio eléctrico, considera primordial implementar las medias necesarias para dejar de debilitar a CFE como suministrador de servicios básicos, que hasta ahora ha derivado en detrimento de los usuarios final.

“El perjuicio materializado en incrementos tarifarios o subsidios cada vez más onerosos, no es única y exclusivamente a la empresa del Estado, sino que tiene un impacto directo, en la hacienda pública, sufragada por contribuciones de los ciudadanos, y en los ingresos de los usuarios finales”, indica.

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