■ Máxima Tribuna Propuestas

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Las cifras de personas que han perdido la vida a causa del covid-19 son alarmantes; ya son más de 150 mil fallecimientos en México, tras cumplirse once meses desde que se presentó el primer contagio en nuestro país.

El coronavirus es una enfermedad que, además de destruirte físicamente, lo hace moralmente. Aparte de los terribles malestares como fiebre, dolores musculares, escalofríos acompañados de la pérdida de los sentidos del gusto y del olfato, se desmorona tu salud mental.

La imposibilidad de ser visitado por tus seres queridos y el no poder salir ni siquiera a comprar los enseres más básicos para el hogar, aunado a la incertidumbre de no saber si la enfermedad empeorará al grado de poner en riesgo tu vida, son situaciones que minan tu estado de ánimo. Ni que decir de lo costoso de los medicamentos para quienes no tienen acceso a algún sistema de salud pública. Asimismo, el oxígeno es ahora el bien más preciado.

Es en este tiempo cuando se requieren las mayores muestras de solidaridad. Gran ejemplo de ello lo vimos en redes sociales cuando un enfermero, ignorando el riesgo que conllevaba, determinó abrazar a un paciente covid con síndrome de down quien, desesperado por la falta de aire, no se dejaba colocar la mascarilla ¡Vaya imagen!

Este tipo de empatía y solidaridad es la que las y los diputados de la LXIII Legislatura han solicitado que no se pierda en la atención que se brinda en clínicas y hospitales privados a pacientes con coronavirus.

El pasado martes, durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Raúl Ulloa Guzmán presentó una iniciativa que involucra a autoridades estatales y federales y a los hospitales privados para garantizar el respeto a los derechos de los usuarios de estos centros particulares y evitar el abuso en los cobros.

Las y los integrantes de la Comisión Permanente coincidieron en que éste era un asunto que debía considerarse de urgente resolución y se aprobó por unanimidad.

En la propuesta, se reseña que tanto las clínicas privadas no han sido lo suficientemente vigiladas ni en el ámbito económico ni en el sanitario.

En la iniciativa se destacó que se han presentado diversas denuncias por el incumplimiento que se ha dado en estos lugares a las medidas de sanidad y a los protocolos establecidos para la atención de pacientes con covid-19.

El llamado que hicieron las y los representantes populares fue para que se respeten las disposiciones oficiales y se solicitó además a las autoridades de salud que lleven a cabo inspecciones a fin de que se garantice su acatamiento.

En el mismo sentido, se reiteró que han prevalecido los cobros excesivos, aun cuando los servicios no son solicitados por personas con un alto poder adquisitivo por lo que, de igual manera, se pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor hacer una verificación de las tarifas que se están cobrando.

En ese mismo sentido, es preciso confirmar que un nuevo brote tuvo lugar en el Congreso del Estado. De acuerdo a los datos informados por el secretario General de la LXIII Legislatura, Le Roy Barragán Ocampo, hasta el momento hay 8 nuevos casos entre el personal que labora en ese centro de trabajo; por fortuna todos ellos estables hasta el momento y cumpliendo con su aislamiento domiciliario.

También debe decirse que no se puede saber si el contagio de estos compañeros se dio al interior del edificio del Congreso o bien fuera de él, toda vez que este terrible virus se encuentra en todas partes.

Hasta el momento 45 trabajadores del Congreso se han contagiado y una de ellas perdió la vida. Este pasado jueves y viernes el edificio fue cerrado y sanitizado y también se seguirá trabajando con el personal mínimo indispensable.

Por otra parte, durante la sesión de la Comisión Permanente de este pasado 26 de enero se aprobó un punto de acuerdo que de manera conjunta presentaron los diputados Héctor Menchaca y Jesús Padilla así como la diputada Gabriela Pinedo. El propósito es que los agentes de tránsito desempeñen sus labores con certeza jurídica pero garantizando a su vez el respeto a los derechos de los ciudadanos.

En específico, en la propuesta se hace un llamado al Ejecutivo estatal para que dote a los policías de seguridad vial de cinemómetros, conocidos también como pistolas-radar; con ello podrían tener un sustento jurídico para las sanciones que se impongan, en concreto, las multas por exceder el límite de velocidad.

Finalmente, se presentaron dos propuestas: Una de ellas remitida por la diputada Lizbeth Márquez, quien busca dotar de más facultades a la Secretaría de Turismo a fin de que, en coordinación con otras instancias, brinde mayor protección a los turistas que llegan a Zacatecas. El diputado Pedro Martínez, por su parte, planteó una reforma al Instituto de la Defensoría Pública para que quede asentado que los zacatecanos tienen derecho a una asesoría jurídica pública proporcionada por el Estado. ■

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