Quedan menos de diez años para que se llegue la fecha de cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos principales objetivos son la erradicación la pobreza extrema, ganar la lucha contra el cambio climático y construir un mundo pacífico y justo, al tiempo restante de aquí a 2030 se le conoce como la década de acción y en esta se espera que se sumen y movilicen más gobiernos, empresas y otros sectores de la sociedad para que se apropien y consoliden estos esfuerzos mundiales. A pesar de los avances, las acciones orientadas a lograr los ODS no se están desarrollando a una velocidad y escala ideal, por lo que en el tiempo restante se deben de realizar y proponer soluciones más ambiciosas, articuladas a nivel mundial, nacional y local. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agenda 2030 es una hoja de ruta fundamental para cualquier otra agenda cuyo objetivo sea crear un mundo mejor, esto cobra mayor importancia al tomar en cuenta los daños ocasionados por la pandemia de Covid – 19 la cual demanda una recuperación integral gracias a su amplia variedad de impactos en la salud, lo social, lo ambiental y lo económico. Sin embargo para este propósito, además de las alianzas, se necesitan de cuantiosas inversiones, orientadas principalmente hacia grupos vulnerables para que puedan participar plenamente y gozar de sus derechos; también para revolucionar el modo en que se vive, se trabaja y produce para crear una sociedad más justa y amigable con el medio ambiente.
En el caso de México, según el Consejo Nacional de la Agenda 2030, además de enfrentar los efectos diferenciados de la pandemia y la creciente desigualdad, el próximo año en se trabajará sobre cuatro ejes prioritarios entre los cuales se encuentra: la consolidación de un enfoque de inversión y crecimiento sostenible, mejorar la coherencia de las políticas públicas y la legislación, innovación y digitalización para no dejar a nadie atrás, y la integración del principio de sostenibilidad a la educación y la cultura. En este aspecto es importante considerar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, equivalente a 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos (mdp) y que en términos reales tuvo una reducción de 0.3 por ciento con relación al 2020. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Prespuestaria (CIEP), el PEF 2021 tiene como prioridad cumplir con gastos obligatorios como el pago de pensiones, pago de deuda, transferencias a las entidades federativas y municipios, entre otros; además, se mantienen las asignaciones a los programas de Bienestar y a las obras de infraestructura emblemáticas de la actual administración. Cabe destacar las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados respecto a la propuesta original, donde se reasignaron recursos hacia la atención de la población migrante, pensionados, coordinación de la atención a la primera infancia, nómina educativa y obras de infraestructura de agua potable, dichos recursos se concentran en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Bienestar y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
Sobre las prioridades del PEF 2021, el análisis del CIEP concluye que el paquete económico no refleja los cambios de coyuntura que se están dando en México y el mundo derivados de la crisis sanitaria y económica, asimismo, no atiende las necesidades de las futuras generaciones productivas ni muestra estrategias y recursos que faciliten la reactivación económica, la atención de salud, y consecuencias derivadas de la educación a distancia y el confinamiento. Tampoco guarda una relación con los cuatro ejes expuestos anteriormente sobre los que se pretende trabajar la Agenda 2030, al no haber claridad sobre los medios y estrategias para alcanzar un crecimiento sostenible, ni sobre la innovación y digitalización que son fundamentales para la educación a distancia, y mucho menos en la coherencia de las políticas públicas siendo la Agenda una alternativa viable para transitar al desarrollo sostenible. Faltan nueve años para que concluya la década de acción donde el logro de los resultados esperados supone trabajar de manera distinta y más ambiciosa, y no de forma casi inercial, como se viene haciendo hasta ahora.
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