Ciudad de México. El pago exigido a las autoridades federales por un grupo de víctimas de la Guardería ABC como compensación económica complementaria “iría en detrimento del resto de las víctimas del país”.
Así lo enfatizó este miércoles la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) al referirse a las demandas de un grupo de víctimas del incendio en esa guardería –suscitado en 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, por el que fallecieron 49 niños y 116 resultaron heridos—, que desde principios de noviembre de 2020 inició una serie de protestas en el exterior de la Secretaría de Gobernación (SG).
El organismo detalló en un comunicado que este grupo solicitó el pago de 10 millones de pesos por daño moral a cada una de las 152 víctimas directas y 3 millones 375 mil pesos por cada una de las 686 víctimas indirectas.
Detalló que en recientes negociaciones se informó a las personas afectadas por estos hechos, suscitados el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, que el cálculo que en esta administración hizo la CEAV para determinar los montos de compensaciones complementarias, “estuvo basado en criterios objetivos y justos, que responden a los más altos estándares internacionales en materia de reparación como los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
No obstante de ello, agregó, quienes se han manifestado en la SG no está conforme con las medidas económicas recibidas y han solicitado mayores montos como parte de las compensaciones económicas complementarias otorgadas por la CEAV.
Frente a ello, esta instancia presentó un desglose de las medidas que han recibido las víctimas de la Guardería ABC, aunque no dio a conocer cifras de las mismas: indemnización económica por parte de un fideicomiso de la SG, reparación económica por parte de un fideicomiso constituido por la Fundación IMSS y el gobierno de Sonora, montos aprobados por acuerdos del Consejo Técnico del IMSS y compensaciones como parte de la reparación del daño por parte de la CEAV.
También, agregó, se les ha brindado una medida mensual vitalicia por parte del IMSS (el apoyo es otorgado a la madre y, a su fallecimiento, lo recibirán los menores lesionados o los hermanos de los pequeños fallecidos) y una medida mensual vitalicia a menores con lesiones incapacitantes que les impidan mantenerse por su propio trabajo al cumplir la mayoría de edad.
Otras abarcan cuestiones de salud, como apoyo médico público y privado, atención institucional vitalicia por parte del IMSS a menores lesionados, seguro de salud para la familia; medidas educativas como becas a los pequeños heridos, pagos de colegiaturas en colegios privados, de primaria a educación superior, a niños lesionados y hermanos de los fallecidos; y de otro tipo como apoyos Infonavit y gastos funerarios para las familias.
“Cabe destacar que, dentro de los familiares de la Guardería ABC, hay distintos grupos. Los otros han centrado sus exigencias en los conceptos de verdad y justicia por esta tragedia. Por esta legítima demanda, el gobierno de la República ha impulsado que la Fiscalía General de la República reencauce las investigaciones. En consecuencia, fueron vinculados a proceso en los últimos meses dos personas imputadas por los hechos. Se seguirá trabajando para que estos hechos no queden impunes y no vuelvan a suceder”, finalizó la CEAV.
