La legalización del aborto es una deuda que tiene el Estado zacatecano: Emilia Pesci

La legalización del aborto es una deuda que tiene el Estado zacatecano: Emilia Pesci
El caso de Argentina será un referente para toda Latinoamérica ■ FOTO: LA JORNADA

■ Colectivas y feministas sin grupo lamentaron que en ocasiones anteriores se ha frenado la iniciativa en Zacatecas, aunque se presenten argumentos y los proyectos completos

 

“La legalización del aborto es una deuda que tiene el Estado zacatecano”, afirmó Emilia Pesci. A partir de que la Cámarade Diputados en Argentina aprobó la legalización del aborto y la turnó al Senado, distintas colectivas feministas de la entidad celebran el hecho, al mismo tiempo que exhortaron a la Legislatura local a hacer lo propio.

Después de un sondeo entre distintas colectivas y feministas sin grupo, las mismas lamentaron, en este sentido, que en ocasiones anteriores se ha frenado la iniciativa, aunque se presenten argumentos y los proyectos completos, “no es un tema ni prioritario en las agendas legislativas”, pero el éxito en otros estados y otros países es un logro para todas, puntualizaron.

El caso de Argentina, por ejemplo, sienta un referente para toda Latinoamérica, y “ojalá se siga avanzando en el acceso a los derechos humanos”.

Enfatizaron, además, en que la moral no tiene porqué involucrarse en las decisiones que debe tomar el Estado con base en hechos; al contrario, es necesario que el Estado haga oídos sordos cuando las posturas provienen de la moral, que únicamente limitan el acceso de las personas a su derecho; prestarles atención reafirma su esencia patriarcal.

“Criminalizar envía un mensaje de que las mujeres están limitadas por el estado incluso para ejercer su vida sexual”. En contraste, al despenalizar el aborto, se preservaría la vida de las mujeres, y no sólo eso, se le garantizaría una vida digna.

Las que luchan por los derechos de las mujeres rescatan que los tratados internacionales se han pronunciado por un largo tiempo para que se respeten y acaten los derechos humanos de las personas, incluso haciendo recomendaciones a México para que se deje de enjuiciar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.

Su argumento: el aborto realizado en condiciones de riesgo pone en peligro las vidas de las mujeres y representa un problema de salud pública porque “no quiere decir que los abortos no se lleven a cabo, sino que quienes estén en una condición de vulnerabilidad ponen en riesgo sus vidas, es decir, mujeres más jóvenes o pobres”.

También, colectivas como Las Sin Sostén señalaron que en México la interrupción del embarazo no se contrapone a la Constitución, pues incluso el artículo cuarto manifiesta que todos y todas pueden elegir el número de hijas e hijos que quieren tener y la separación entre cada uno de ellos; en este sentido, no legalizarlo evita que las mujeres puedan elegir en igualdad de condiciones que los hombres.

Con estos fundamentos, las feministas zacatecanas afirman que el estado es responsable de garantizar que todas las personas accedan a los derechos humanos; los derechos sexuales son parte de estos. Agregaron que el debate ya está superado, “claro que hay vida, pero el deseo de la madre le da humanidad al producto”.

Del mismo modo, se tiene que analizar el contexto; México es una contradicción: “no permiten la interrupción del embarazo, pero no garantizan educación sexual ni anticonceptivos”; tampoco permiten el aborto en menores, negando el acceso bajo el argumento de que consentimiento.

La Norma Oficial Mexicana 046 señala que toda mujer puede acceder a la interrupción del embarazo en cualquier centro de salud cuando se señala que hubo una violación, aún sin haber denunciado; “si es una menor de edad, hubo violación”, asimismo, “el simple hecho de que sea una niña debería reconocer que está en riesgo por el embarazo”; ambos argumentos protegerían y darían la posibilidad a niñas y adolescentes a interrumpir su embarazo.

Una vez más, zacatecanas reiteraron su llamado a la 63 Legislatura a poner el asunto sobre la mesa y darle la importancia que merece, considerando el bien común, los derechos y no exhortos religiosos y moralistas.

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