La pandemia ha modificado y puesto de cabeza los procesos institucionales y ha impactado negativamente a la economía; de tal manera que los procedimientos normales han dejado de serlo y los presupuestos se han visto disminuidos de forma importante. En ninguna norma de ninguna dependencia se preveía qué hacer en caso de pandemia, por ello, la salida legal a procesos habituales se ha tenido que hacer con respaldos jurídicos que mucha gente aun no entiende. Por ejemplo, en la modalidad de los programas académicos que dice expresamente ‘presencial’ se ha tenido que llevar a cabo el semestre completo en línea y sin embargo dicha cursada tiene valor legal; el reglamento de los procesos de titulación exige que la examinación sea presencial ‘frente’ a los sinodales, y se han realizado exámenes de grado virtuales y sus títulos tienen valor legal. ¿Cómo es que son procedimientos legales si no hicieron lo que dicen los reglamentos respectivos?
Pues la validez jurídica de esos procesos modificados tiene valor positivo porque el Consejo de Salud del país, al hacer la declaratoria formal de ‘emergencia sanitaria’ pone en automático entre paréntesis toda la normalidad reglamentaria, y emite un Decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF) que anuncia formalmente la situación excepcional. Pues bien, este decreto del Consejo Nacional de Salud tiene la fuerza de Ley de aplicación general en el país. Por tanto, con el respaldo de este decreto como Ley de alta jerarquía es que se modifican algunos procedimientos, siempre y cuando dichos procedimientos sean avalados por la estricta mayoría de los órganos colegiados en cuestión, como Consejos de Unidad o Consejo Universitario (en el caso de la UAZ). Así las cosas, los procedimientos establecidos en el reglamento de titulación y el reglamento escolar puede ser modificados a fin de adaptarse a la situación extraordinaria de la pandemia.
De igual manera ocurre con el reglamento de elecciones cuando el Consejo Universitario decide convocar a la renovación de autoridades por medio del voto electrónico. La decisión sale por unanimidad en el Consejo Universitario y ninguna unidad académica como tal se inconforma. Los universitarios están más centrados en los procesos internos de sus unidades académicas que en la rectoría. Algunos universitarios hacen crítica del proceso, y tienen razón cuando señalan que el consejo universitario carece de vida deliberativa, lo cual habla de un empobrecimiento de la democracia interna de la UAZ. También tienen razón en que hay poca participación y en que las decisiones han sido tomadas en forma vertical. Sin embargo, donde no parecen tener razón es en la ilegalidad de los procesos. En esto no hay cómo cuestionarlos.
Las voces críticas en la universidad se cuentan con la mano. La capacidad crítica de los universitarios en general está desconocida: el periodo del gerencialismo educativo los ha dejado mansitos y obedientes. Antes del gerencialismo el espacio y la práctica del debate era intenso, ahora nadie cuestiona y todos los consejeros aplauden a la autoridad para salir en la foto. Pero está claro: no se ve oposición (fuera de los que contamos con la mano) a los resolutivos del Consejo Universitario. Sólo esperamos que logren darle confianza al mecanismo de voto electrónico; que por otro lado, es una innovación interesante. Pero la UAZ está ente dos laberintos: el de la renovación político-institucional y el financiero. El primero ya vio una salida, pero en el segundo laberinto aún no hay salida y las puertas siguen cerradas.
