Un tema recurrente utilizado por la oposición política al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el de la economía nacional. Los conductores y comentaristas “expertos” neoliberales que tienen copados los programas de análisis en la red de medios de comunicación electrónicos, se la han pasado vaticinando, una y otra vez, el desplome de los indicadores macroeconómicos, sobre todo ahora que los gobiernos del mundo han impulsado el freno drástico a las actividades económicas y sociales como principal medida para combatir la pandemia de Covid-19. Conviene deternos a evaluar el acierto de esos vaticinios catastróficos.
Durante los dos primeros años de gobierno, se modificó la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, y para abatir la evasión y elusión fiscal se modificaron diversas leyes fiscales y se equiparó la defraudación fiscal a delincuencia organizada, lo que generó una percepción que motivó a contribuyentes de todos los segmentos económicos a ponerse al corriente con el SAT. Así, durante los dos primeros años, los esfuerzos de recaudación tributaria para recuperar adeudos sumaron 736 mil millones de pesos, mientras que durante 2020, no obstante la pandemia y crisis económica, los esfuerzos de recaudación tributaria permitieron alcanzar una recaudación adicional de 467 mil millones de pesos, equivalente a un 2.3% del PIB, lo que permitió mantener los ingresos tributarios sólo 3% menores en términos reales a los del año anterior. Y también permitió cumplir el compromiso político de AMLO de no incrementar los impuestos ni crear nuevos.
Lo anterior propició que las evaluaciones más recientes realizadas por organismos internacionales y calificadoras, reconocieron que la estrategia de recaudación tributaria permitió garantizar los recursos suficientes para el sector salud, así como para los programas sociales y prioritarios. El equilibrio de la política fiscal permitirá que nuestro país inicie la reactivación económica en una posición de mayor ventaja que otras economías. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional indicó en la evaluación anual que realiza a México, que la respuesta fiscal del SAT ha sido positiva y de un valor atípico comparada con los otros países de América Latina y del G20.
Por su parte, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación crediticia para la deuda mexicana en moneda extranjera en BBB y en moneda local en BBB+, lo cual posiciona a nuestro país cómodamente en categoría de grado de inversión. Lo anterior beneficia tanto al sector público como privado ya que se mantiene el acceso al financiamiento en los mercados nacionales e internacionales en condiciones favorables. La calificadora también menciona que a la par de contener el déficit fiscal –que se mantendrá muy por debajo de países con similar calificación crediticia– el gobierno continúa llevando a cabo una ambiciosa agenda social, económica y política, a pesar de la pandemia. La decisión de S&P Global se suma a la ratificación de la calificación crediticia del país anunciada por la calificadora Fitch Ratings en noviembre pasado. Ambas agencias reconocen las políticas macroeconómicas prudentes y la solidez institucional del país.
Adicionalmente, hace una semana el Gobierno de México, junto con el sector privado, anunciaron un segundo acuerdo de proyectos para promover la inversión en infraestructura y apoyar a la reactivación económica del país, con lo que se acumulan 68 proyectos con una inversión de 525 mil mdp, lo que representa 2.3% del PIB y se espera que generen entre 370 a 400 mil empleos directos e indirectos, con lo que se fortalece el compromiso, anunciado el pasado 5 de octubre, de promover acciones y buscar financiar proyectos de infraestructura pública donde la aportación privada sea de, al menos, 50% del costo total. Lo anterior reforzará la tendencia inicial a crecer de la economía, que se expresa en que del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos, en los últimos tres meses ya se han recuperado 555 mil 600, y en el hecho de que de enero a noviembre de este año las tiendas de autoservicio vendieron 8% más que el año pasado.
Por otra parte, después de 36 años de neoliberalismo, los dos últimos años son los primeros en décadas en que el salario mínimo ha empezado a recuperar su capacidad adquisitiva, con lo que se ha fortalecido el mercado interno. El mismo efecto han tenido las crecientes remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y lo reforzará el anunciado golpe al outsourcing, mecanismo de negación de derechos laborales y precarización masiva del trabajo asalariado, y que además lástimó enormemente las finanzas de las instituciones de seguridad social.
Por último, hay que señalar que el actual es el primer gobierno que admite que en México ha existido por décadas un Estado corrupto, y que ha procedido a desmantelarlo por los perjuicios que produce en todos los órdenes de la vida nacional, entre ellos en la economía. Aunque está por verse la capacidad real de la fiscalía y del poder judicial para cumplir sus funciones en el combate a la impunidad, a estas alturas ya es indiscutible la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo contra los vicios mayores de nuestra sociedad: corrupción e impunidad.
