El viernes 20 de noviembre se refrendó la línea de crédito flexible que el gobierno mexicano tiene con el FMI por 61 mil millones de dólares, la cual dijeron es “un instrumento que refuerza las reservas internacionales” y “que sólo complementa las políticas económicas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones económicas externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera”. Es decir, es para encarar cualquier salida de capitales que comprometa la estabilidad del tipo de cambio y la rentabilidad del capital financiero internacional asentado en el país. De hecho, afirmaron que “la línea de crédito flexible continuará desempeñando un papel importante de apoyo a la estrategia macroeconómica de las autoridades para ofrecer un seguro frente a los riesgos externos y apuntalar la confianza del mercado”. En el sentido que el mercado financiero confíe en que existen recursos suficientes para mantener la convertibilidad de la moneda a un tipo de cambio estable y así disminuir el riesgo de devaluación que pueda afectar a los dueños del dinero. Pero tales recursos no son para que se flexibilice la política monetaria y fiscal a favor del crecimiento económico y del empleo.
A pesar que dicen que “es un tipo de financiamiento que no implica ningún compromiso de política económica”, la cuestión es que las autoridades mexicanas señalaron que con la ratificación de dicha línea de crédito, “refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas sólidas y responsables, que abonen a la estabilidad y a una reactivación económica vigorosa y sostenida”. El problema es que, la realidad ha demostrado que esas políticas macroeconómicas “solidas y responsables” no abonan a la estabilidad y a ninguna reactivación económica vigorosa y sostenida, sino la economía ha estado en crisis económicas recurrentes y altamente vulnerable a los shocks externos por no tener condiciones endógenas, ni manejo soberano de política económica para encararlos.
El propio FMI reconoce que “los choques derivados de la pandemia de Covid-19 han representado un alto costo para el pueblo mexicano”. Lo que no reconocen es que el alto costo ha sido mayor por la falta de respuesta de la política monetaria y fiscal del gobierno para hacerle frente, debido a que se empecinan a mantener políticas restrictivas de alta tasa de interés y austeridad fiscal para evitar presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio, por lo que no pueden contrarrestar la caída de exportaciones, como del consumo e inversión privada y de ahí la caída drástica de la actividad económica, el alto desempleo y la creciente pobreza y delincuencia que enfrentamos.
A pesar que el FMI señala que “la economía del país ha mostrado resiliencia, resultado de la gran solidez de las políticas y los marcos de políticas institucionales, como una meta creíble de inflación, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y un sector financiero bien regulado”, la cuestión es que ello no se ha dado. La economía nacional no ha tenido capacidad para adaptarse con resultados positivos frente a situaciones adversas. El cumplimiento a pie puntillas del gobierno a los objetivos de baja inflación, estabilidad del tipo de cambio y a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que lo obliga a trabajar con austeridad fiscal, han impedido hacer frente a los problemas adversos internos y externos que la economía enfrenta y de ahí la caída del PIB en alrededor del 10% en este año. Además, el sector bancario-financiero no está bien regulado. Gana lo que quiere y es disfuncional a la dinámica económica. Cobra altas tasas de interés y no otorga créditos al sector productivo, ni a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ello, junto a los recortes presupuestales, están llevando a muchas empresas a quebrar y cerrar, y a incrementar el desempleo, lo que aumenta la cartera vencida que desestabilizará al sector bancario, como consecuencia de las contradicciones propias del sistema capitalista imperante.
El FMI señaló que “la economía mexicana continúa expuesta a riesgos externos, incluidos el resurgimiento mundial de la pandemia que podría traducirse en una menor demanda externa, una postergación de la recuperación del turismo y una caída de los precios del petróleo”. El problema es que no mencionaron que la vulnerabilidad externa que enfrenta la economía nacional ha sido consecuencia de las políticas económicas predominantes que han favorecido al sector financiero y han relegado al sector productivo y al empleo, que impiden configurar condiciones internas para disminuir nuestra dependencia del comportamiento de las variables externas y alcanzar un crecimiento sostenido de la economía.
Perfectamente la Secretaría de Hacienda puede presentar una Iniciativa de Ley para modificar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para flexibilizar la política fiscal (ahora que tienen mayoría en el Congreso), para favorecer al sector productivo y al empleo y así hacer frente a los problemas que tenemos. Pero ello no pasa por su mente, quieren ser bien vistos por el capital financiero en el sentido de que continuarán privilegiando aquellas políticas que garantizan la estabilidad de la moneda, controlada por ellos, a pesar que sea a costa de profundizar la crisis y el desempleo.
