Crímenes atroces: o gobiernos efectivos o el valle de la desolación

Crímenes atroces: o gobiernos efectivos o el valle de la desolación

La población se ha fragmentado y hay partes que han entrado en franca descomposición: consumo de drogas sintéticas y médicas, anomia que consigue dinero con medios delictivos y que asechan como depredadores a víctimas débiles. Esa parte de la población que fue, en algún momento de su vida víctimas de algún factor de perversión social y psicológica. Sin embargo, como la función esencial del Estado es garantizar la seguridad de toda la población, entonces tiene que resolver este problema de algún modo.

La forma más efectiva es evitar que esa parte de la población sufra la conversión a comportamientos anómicos, es justo lo que se llama ‘prevención de violencias y delitos’. Y para eso hay mucha investigación sobre cómo y por qué (sobre todo) jóvenes normales terminan realizando actos atroces, a eso la sociología lo ha estudiado bajo la denominación de ‘efecto lucifer’; también la forma en cómo los jóvenes vinculan el consumo de drogas peligrosas con conductas agresivas; del mismo modo cómo estos chicos estructuran sistemas de pertenencia e identidad colectiva que producen éticas paralelas y, en ellas premian e incentivan las conductas agresivas y contra la dignidad de las personas que están en su entorno. Y así, hay mucho estudio para poder armar verdaderos programas de prevención de dichos comportamientos tóxicos. Además, no sólo de los factores más profundos, hay también probadas y medidas para evitar que ‘la ocasión haga al ladrón’: esto es, que las facilidades de oportunidad se conviertan en resortes de los delitos, como las cámaras de vigilancia, la organización y sistemas de seguridad vecinal y otros. A cada factor corresponde una forma efectiva que garantiza su prevención.

Pues bien, si ya se sabe cómo hacer las cosas, ¿por qué no se hace? Porque queremos gobiernos no sólo legítimos, sino efectivos: legitimidad más efectividad. En otras palabras, si los gobiernos son electos por la voluntad popular, pero no dan resultados concretos a los problemas sociales, entonces tenemos un doble problema: el social y el propio gobierno. En el caso de la seguridad, originalmente se planteó que ‘se iría a las causas’. Pero no ha ocurrido así. La política de seguridad tiene varios problema muy serios: (1) está centralizada en gobierno federal, que dicta las estrategias y los demás operan pero no diseñan, (2) la prevención es parte de los órganos de seguridad, cuando debe estar fuera de estos órganos y ser transversal a todos los sectores de la Administración Pública, y (3) el municipio que es el que tiene la proximidad territorial y puede, por esta razón, manejar mejor los programas de prevención tiene cero personal profesionalizado en el tema y actúan desde un contraproducente sentido común; con el agravante de que no cuentan con recursos para operar y diseñar proyectos de impacto.

El problema ante el cual estamos es de tal complejidad y emergencia, que debe contar con políticas de Estado, y para empezar, se debería contar con diseños bien hechos. Pero nada de eso existe: las capacidades institucionales están más destruidas que antes y los recursos más escasos. Con ello, la posibilidad de que los gobiernos dirijan a la sociedad está descartada: (a menos que algo extraordinario pase) vamos al valle de la desolación.

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