El número de abril de 2016 de la revista Harper´s contiene un artículo de Dan Baum titulado “Legalize It All. How to win the war on drugs” que relata una ilustrativa historia. De acuerdo al reportero, cuando escribía un libro acerca de la prohibición de drogas en los Estados Unidos, tuvo la genial idea de entrevistar a John Ehrlichman, ex asesor de política interior de Richard Nixon. La “guerra contra las drogas” en Estados Unidos comenzó con la creación de la “Drug Enforcement Administration” (DEA), con el objetivo declarado de reducir la adicción a los narcóticos que, según mostraban los números, crecía a lo largo de aquel país. Baum sostiene que el ex presidiario al que entrevistó le ofreció una narrativa distinta. Conviene citarlo: “¿Quieres saber de qué se trató todo esto? …Durante la campaña de Nixon en 1968, y después en la Casa Blanca fueron claros dos enemigos: la izquierda anti guerra y la gente de color. ¿Comprendes lo que digo? Sabíamos que ni la negritud o la oposición a la guerra podían volverse ilegales, pero sí podíamos lograr que la sociedad asociara la mariguana con los hippies y la heroína con los negros, a la vez que criminalizábamos el consumo. De este modo podríamos irrumpir en ambas comunidades. Arrestar a sus líderes, incursionar en sus hogares, romper sus reuniones y vilipendiarlos noche a noche en los noticieros. ¿Sabíamos que mentíamos acerca de las drogas? ¿claro que sí?” Desde esta perspectiva la operación fue un éxito. Por otro lado, el consumo no se redujo aumentó, aunque concomitantemente creció el presupuesto asignado a esos programas. Sea verdad o no lo expuesto por Ehrlichman es plausible. La autoridad, los representantes del poder estatal, son conscientes de la inanidad de ciertas acciones, pero las llevan adelante porque sus objetivos no declarados, esotéricos, son lo que les interesa, aunque no constituyan un bien público. ¿Podemos aceptar esto como un principio de explicación de la actividad estatal? Si se observa un programa gubernamental ineficiente o fallido, pero que se mantiene a lo largo del tiempo ¿se puede explicar esto aduciendo objetivos esotéricos? Citemos otro ejemplo, mucho más importante. En 1985, en el “Cato Journal” revista del instituto Cato, apareció un artículo de James Gwartney y Thomas S. McCaleb titulado “Have Antipoverty Programs Increased Poverty?” en el que se argumenta que los programas instituidos por la administración de Lyndon Jonhson en 1964 contra la pobreza son contraproducentes. De acuerdo a los datos proporcionados por los autores, en 1964 el presidente de los Estados Unidos decidió que estaban en posesión de los medios para erradicar la pobreza de aquel país en una generación: “No podemos, y no necesitamos esperar, el gradual crecimiento de la economía para elevar a este olvidado porcentaje de nuestra nación por encima de la línea de pobreza”. Había argumentos, al parecer sólidos, para creer que una transferencia de los ricos a los pobres, mediante impuestos, podría mejorar la situación. Cuando hay pocos ricos y la nación decae desde el punto de vista económico las transferencias son descabelladas, pero si el país crece y hay pocos privados de la riqueza, parece posible, a través de políticas públicas, lograr que mejoren su nivel de ingresos. No fue así, la pobreza, en promedio, no disminuyó. Hacia 1968 el 10 % de la población se consideraba debajo de la línea de la clase media, para 1980 la tasa era de 10.3 %, dentro del límite estadístico de error. Al parecer, las transferencias no funcionaron. Si se descompone la población e grupos de edad resulta un cuadro muy distinto, incluso macabro: las transferencias de fondos arruinan a la juventud. Resulta que en las familias formadas por personas entre los 15 y 24 años la pobreza se incrementó de 13.2 % en 1968 a 21.8 % en 1980. Los teóricos del demonio neoliberal de inmediato notaran que todo empezó a ir mal en los 1970, época aciaga que vio el fin del Estado de Bienestar. Bueno, no es tan simple: el crecimiento económico más pequeño en Estados Unidos tuvo lugar en los 1950, sin aumento de la pobreza, y el presupuesto de programas sociales creció durante todo el periodo. La explicación de los autores es la típica: los programas generan incentivos en contra de que los pobres mejoren su situación, por eso la propuesta es mejorarlos mediante la inclusión de condiciones para que las personas sean elegibles para recibir el beneficio. De este modo se pueden dar los incentivos correctos para que la gente deje de ser pobre de manera permanente. Esto lo reiteran A. V. Banerjee y E. Duflo en “Repensar la pobreza” (Taurus, 2019). Si la evidencia indica que los programas universales, es decir, sin condicionamientos, generan incentivos perversos en los jóvenes ¿por qué se siguen usando? Si se apela a la formula explicativa mencionada antes, se deben postular objetivos esotéricos. Uno de ellos es la construcción y preservación de una base electoral. De forma nominal los programas se predican universales, para todas las personas sin condicionamiento alguno, pero el acuerdo tácito es el voto a cambio del programa. Un acuerdo revisable a la vista de los resultados electorales. ■
