Llegó la hora de dar el golpe definitivo a la corrupción y la impunidad

Llegó la hora de dar el golpe definitivo a la corrupción y la impunidad

Se puede afirmar que la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, el pasado 15 de octubre, del General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional y uno de los hombres más poderosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de aceptar sobornos del Cártel H-2, constituye uno de los más fuertes golpes al narcotráfico mexicano y a la estructura de poder que lo sostiene, en virtud de que puede ser parte de un proceso más amplio, implicando a otras personas del mismo gobierno o de sexenios anteriores, y que descansa en pruebas robustas acumuladas a lo largo de varios años. Ya sabemos que la orden de aprehensión fue expedida por un Gran Jurado de Nueva York desde agosto de 2019, y también se conocen ya muchos detalles de los cargos contra Cienfuegos: lavado de dinero, recibir sobornos del cartel H-2, introducir grandes cantidades de de heroína y cocaína a Estados Unidos y proteger a dicho cártel. Ambas informaciones quitan verosimilitud a la tesis de que la detención sea simplemente parte de una presión norteamericana y basarse en cargos falsos que se caerán por su propio peso en un juicio.

Distintos expertos han comentado implicaciones para la seguridad nacional de ambos países. También señalan que conducirá a un axamen detenido sobre las posibles implicaciones de miembros de la DEA con los carteles mexicanos, y que se revelarán las camarillas al interior de Ejército Mexicano, lo que obligará a que el Presidente impulse una limpia a fondo, lo que cambiará las reglas del juego al interior de las Fuerzas Armadas, afectando principalmente a la fracción de los mandos militares que operaban bajo el mando del general secretario y de las élites que han encubierto estos asuntos de colución con el narcotráfico y, probablemente, de corrupción simple y llana auspiciada por la opacidad en el manejo de los recursos públicos asignados a las fuerzas armadas.

En ese contexto será muy importante descubrir quiénes son los integrantes de esa estructura, qué posiciones tenían entonces y cuáles ocupan en la actual administración, y aclarar qué elementos deberían ser llevados a juicio. Los reacomodos que vendrán a partir de la limpia que se haga en la Sedena tendrán un impacto para la política de seguridad del gobierno federal y, fundamentalmente, abren una coyuntura para abrir el debate sobre la capacidad de nuestras fuerzas armadas para garantizar la soberanía nacional, y sobre la pertinencia de mantener la regla de que el titular de la secretaría de la defensa deba ser un militar y no un civil, como ocurre en la mayoría de los países.

Tambien es evidente que la detención del general Cienfuegos abre espacio para introducir otras hipotesis a los esfuerzos teoricos que intentan explicar las causas de los muy escasos avances en el combate al crimen organizado y para ganar apoyo en la opinión pública para incrementar los esfuerzos y recursos invertidos en la creación y consolidación de la guardia nacional, hasta convertirla en una corporación con profesionalización policial y con disciplina militar, capaz de cumplir con la preservación de la seguridad pública, prevención y combate de los delitos de los órdenes federal, común y militar; seguridad en las zonas afectadas en casos de desastre; así como auxilio a la población civil en caso de necesidades públicas.

Este es el momento para que el Congreso de la Unión abra el debate para una reforma del estado que abarque una reforma profunda a las fuerzas armadas y a las estructuras encargadas de la procuración y administración de justicia para que sean capaces de auto depurarse para enfrentar los macroprocesos que se derivarán de los casos Ayotzinapa, ‘Estafa Maestra’, Lozoya-Odebrecht, García Luna, Cienfuegos y los que se acumulen si se decide combatir la corrupción en los estados de la república. Debe ser evidente para todos que la participación activa de la sociedad en la exigencia de terminar con el estado corrupto, es indispensable para que las partes sanas de las instituciones estatales referidas se decidan a actuar sin demora bajo la conducción del Presidente de la República que, sin duda, ha dado muestras sobradas de su compromiso con el combate sin cuartel a los vicios de la corrupción y la impunidad.

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