Apenas se revisa el ejercicio fiscal 2018 y se ha aprobado el dictamen de la Auditoría Superior del Estado por parte de la Legislatura. En dicho informe y dictamen se enumeran observaciones por casi 114 millones de pesos de una buena parte de la administración pública estatal. La UAZ y la Fiscalía son minucias. Pero en el caso del Ejecutivo estatal la cosa llama la atención, de 17 dependencias, salen 8 con observaciones: Secretaría de Administración, Economía, Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Campo. Esto es, las que producen proyectos y obras. Las que funcionan sobre todo en servicios y gastan fundamentalmente en nómina no tienen mucho que observar.
Pero en las observaciones hay algunas que llaman la atención. Un monto de más de 25 millones a una Asociación Civil (Unito AC) por parte de la Secretaría de Educación sin comprobación. O el convenio por más de 40 millones de pesos para apoyo a la vivienda desde 2017, en Seduvot. La mayoría de las observaciones son relativamente pequeñas, pero algunas son grandes, de varias decenas de millones de pesos. Será importante darle seguimiento al trabajo que haga sobre ellos la Secretaría de la Función Pública. Entre las que debemos estar atentos está la observación que se hizo a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, donde hay una duplicidad de pagos en el fracasado proyecto de la presa Milpillas, de un trabajo de gestión que debió hacerse por personal de Gobierno del Estado, y que sin embargo lo subcontrataron para determinar áreas, identificar el régimen de propiedad, estimar los montos de indemnización y gestionar la liberación del derecho de vía; por más de 4 millones de pesos. Hay varias cosas que son irregulares, no sólo la duplicidad de pagos, sino la tarea que se debió hacer por parte de las dependencias. ¿Por qué subcontratar a una empresa para hacer un trabajo técnico muy básico y procesos de gestión central para el éxito del proyecto? En este proyecto es importante saber los detalles, porque el fracaso del mismo traerá afectaciones en costos de oportunidad altísimos para los zacatecanos de la zona metropolitana de la entidad.
Ahora la Secretaría de la Función Pública tiene en sus manos 23 expedientes a los cuales debe iniciar carpetas para resarcir daños, aclarar los casos o deslindar responsabilidades, y en caso de que haya lugar, mandar los casos a la Fiscalía del estado y proceda en consecuencia. Es importante que la revisión de los recursos públicos deje de ser una simulación y se haga con seriedad, y se llegue al efectivo fincamiento de responsabilidades de los casos de corrupción, porque en la medida que disminuya la impunidad, en esa medida disminuirán las prácticas deshonestas. Lo hemos dicho hasta el cansancio: impunidad y corrupción son directamente proporcionales. Los medios de comunicación tenemos la obligación de dar seguimiento a estos casos para transparentar la actuación de las autoridades y, así, revisar a los revisores.
