Las universidades estatales llevan arrastrando muchos años de crisis. A partir del 2016 se agravó la situación porque se eliminaron los 5 fondos de recursos extraordinarios con los cuales las universidades podían concursar y obtener oxígeno para alcanzar a pagar los compromisos de los últimos meses del año. Fondos como reconocimiento de plantillas, de apoyo al incremento de matrícula o de fondos para pago de pasivos laborales, desaparecieron.
La UAZ, en los diagnósticos sobre su situación laboral-financiera, ha sido reconocida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) por los esfuerzos que ha hecho para disminuir los pasivos laborales, del bajísimo costo por alumno, al mismo tiempo que ha elevado sus indicadores de calidad; pero eso no le ha valido que se le apoye y resolver de una vez por todas el déficit financiero, ni el crónico o histórico, ni el coyuntural de cada año.
El actual gobierno no tiene a las universidades estatales contempladas en sus programas prioritarios, lo cual implica que no tuvieron blindaje presupuestal. Y 10 de esas universidades no tendrán dinero para cumplir el pago de nómina de la última quincena de octubre o la primera de noviembre. Lo que se vislumbra es que el Gobierno Federal quiere profundizar la austeridad en las Instituciones de Educación Superior y llegar al recorte de prestaciones para equilibrar presupuesto y gasto. En el caso de la UAZ implicaría eliminar la prima de antigüedad de jubilados, las primas de antigüedad de los activos (que son las grandes) y/o un cúmulo de prestaciones pequeñas. Ante este panorama, toca a los sindicatos comportarse como sindicatos: defender sus intereses gremiales.
Así como las patronales pueden hacer gestión a través de la ANUIES, los sindicatos pueden construir una estrategia de defensa de sus derechos laborales a través de la Confederación Nacional de trabajadores Universitarios (CONTU). De hecho, esta última ya anunció la posibilidad de un paro nacional si no recibían una salida favorable a su problema de financiero que les permita librar el año (3 mil 400 millones), y sacar a las calles a 70 mil trabajadores universitarios del país y dejar sin clase a más de 800 mil estudiantes.
Si quieren tener éxito es justo el momento para iniciar un proceso huelguístico nacional. Esto es, si las universidades se mantienen desunidas, nada conseguirán; y si lo hacen después de aprobado el presupuesto, tampoco. Lo cual significa que la única posibilidad de éxito es hacer un frente unido y emprender acciones fuertes de presión durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Si consiguen incremento de recursos para el año siguiente, pueden pedir adelanto del mismo para cubrir este año. La UAZ necesita un mínimo de 300 millones de pesos. Ahora que la Alma Mater de los zacatecanos está estrenando Comité Ejecutivo del SPAUAZ, observaremos si se activa en la CONTU y promueve iniciativas que lleven al apoyo financiero extraordinario a las 10 universidades estatales que tienen la mayor urgencia de recursos, o por el contrario, se contenta con hacer sindicalismo doméstico como los anteriores comités. Estamos ante dos semanas definitorias para la salud financiera de la institución.
