Juicio sí, consulta no

Juicio sí, consulta no

En este teatro del absurdo con fondo surrealista en que por momentos se convierte el escenario político mexicano, en el caso de la consulta para enjuiciar a los expresidentes y altos funcionarios que incurrieron en delitos, si de lo que se trata es de castigarlos, me sumo a la opinión de que lo que debe hacerse es abrir carpetas de investigación y acusarlos como parte de un proceso legal que concluya en un juicio y su sentencia penales. Pero es obvio a todas luces que no se trata de eso. Nuestro presidente no se ha bajado del caballo de la campaña política. Sigue en campaña permanente con la mira puesta hacia las elecciones del próximo año. Persigue un objetivo claramente político: movilizar a los ciudadanos, al pueblo que conforman tales para estar presente en la boleta sin que aparezca su nombre. Y así mantener y de ser posible incrementar la mayoría de sus diputados partidarios que le permitan hacer sus reformas y aplicar sin trabas sus programas sociales.

Los magistrados ya sesionaron y votaron la pregunta que les fue remitida por el Ejecutivo. Trastocándola en un lenguaje que raya entre lo kafkiano y cantinflesco, a fin de votarla para determinar si la consulta era o no constitucional, fue aprobaba de panzazo por apretada mayoría de seis votos a favor por cinco en contra.

Contrástese lo anterior comparando los textos literales de la pregunta que envío López Obrador a la SCJ con la que la que votaron los jueces de la más a la tribuna de justicia de la nación.

La pregunta original, dirigiéndose al ciudadano común rezaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Por su parte, la pregunta que terminó siendo muy barroca tras el debate y votación de los magistrados quedó en los siguientes, confusos, poco claros e inteligibles términos: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La generalidad opuesta a lo concreto sobre que se consulta y a quienes debería enjuiciarse, son los términos con los que los magistrados redactaron la pregunta que se someterá a la consulta. Difícil de entender para una gran parte de los que acudan a emitir su voto.

Al quitar los nombres de los sujetos concretos y al no especificar con claridad lo que se pretende, además de lo absurdo y enredado de la pregunta que se hará en la consulta, está el costo que representa organizarla. Un presupuesto equivalente al costo de unas elecciones constitucionales como en las que se elige a los representantes populares cada tres y seis años. Dinero que en estos tiempos de una doble y aguda crisis de pandemia y recesión económica seria más que un lujo, un derroche, pues esos recursos mucha falta hacen a este sufrido y desamparado país.

Por eso es qué, más que una consulta lo que debe hacerse es enjuiciar a los expresidentes, altos funcionarios y demás pillos de la clase política que lucraron y robaron abusando de los cargos, el patrimonio de la nación. Y lo más importante, que devuelvan y se regrese a las arcas públicas eso bienes o dineros de la nación de los que se apropiaron.

Se enjuicie o no a los expresidentes, en el corto plazo de aquí a las próximas elecciones federales, el Presidente ya ganó. Ya consiguió con todo y la absurda pregunta que aprobó la Corte, estar muy presente en el proceso electoral sin que aparezca necesariamente su nombre en la boleta. Todavía más si se concreta la idea de Monreal de juntar elecciones y consulta en un mismo proceso.

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