Luego de una sesión de más de 19 horas, el jueves 8 de octubre se aprobó la extinción de 109 fideicomisos que representan una bolsa de aproximadamente 68 mil millones de pesos, equivalentes a 1.2 por ciento de los ingresos totales estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al cierre del 2020. Este suceso puede considerarse como una de las medidas más polémicas del gobierno federal y cuyo proceso fue ríspido y accidentado, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, al encontrarse una gran resistencia de la oposición como de los sectores afectados. Los fidecomisos son instrumentos de financiamiento para destinar recursos públicos y privados a propósitos determinados y cuya desaparición en esta ocasión afectará fuertemente al desarrollo de la ciencia y tecnología, la cultura, la atención de desastres naturales, la atención a víctimas, la banca rural, entre otros. De acuerdo con el presidente y la gran mayoría de los morenistas, la intención de extinguir los fideicomisos, es darles orden y transparentar los recursos públicos que se dan a los beneficiarios pues estos instrumentos se han caracterizado por ser opacos y propensos actos de corrupción en su manejo, lo que ha permitido un manejo discrecional de sus recursos y que representa un riesgo para las finanzas públicas. Asimismo, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, refirió que el objetivo es revisar y transparentar estos recursos los cuales llegarán directamente a los beneficiarios a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) cada año.
Si bien es cierto que se requiere de fortalecer el manejo y la transparencia en el ejercicio de estos recursos, la eliminación de los fideicomisos es una falta salida al no existir certidumbre de la corrección de ninguno de los problemas a los que se alude. En este sentido, AMLO explicó que luego de que se eliminen los 109 fideicomisos se hará una revisión, los cuales serán analizados por ocho personas de su elección vinculadas a los propósitos de estos instrumentos sin dar un plazo específico para su conclusión; además, Arturo Herrera afirmó que se agilizará la entrega de los recursos a los destinatarios finales. Aquí el principal problema es que no queda más que confiar en la palabra tanto del presidente como del titular de la SHCP, pues no presentaron criterios técnicos que justifiquen la extinción de los fideicomisos y menos una estrategia o mecanismos para la nueva distribución de estos recursos. Por ejemplo, esto ha sido señalado por la investigadora Lía Álvarez de México Evalúa, quien indicó que es fundamental definir en qué forma y en qué se van a gastar estos recursos. Otro caso es de la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, quien votó en contra del dictamen, la cual refirió que todos esos fideicomisos no se debieron calificar de facto como opacos, lo que evidencia la falta de un diagnóstico sobre sus condiciones. El resto de las opiniones en contra de la extinción de los fideicomisos convergen en estos temas, donde se recomienda mejorar el monitoreo, la rendición de cuentas de los recursos públicos, y en caso de proceder a su eliminación contar un diagnóstico, transparentar las razones de su extinción y proponer instrumentos alternativos que los sustituyan, sobre todo al considerar que en materia legal de finanzas no existe un instrumento para dar seguimiento a recursos etiquetados dentro de una bolsa general en donde se concentrarán los recursos.
La oposición por la extinción de los fideicomisos no obedece simplemente a cuestiones electorales como lo ha señalado el presidente, sino que se trata de una omisión grave en materia de la institucionalidad asociada al manejo de los fideicomisos y que aumenta el riesgo de una mayor concentración de poder y de discrecionalidad para definir el destino de estos fondos con escasos o nulos contrapesos para evitarlo. Esto aumenta considerablemente la probabilidad de que el gobierno federal incurra en las mismas fallas que dice correguir.
