Proyecto Milpillas, plagado de negociaciones malogradas, discordia e irregularidades

Proyecto Milpillas, plagado de negociaciones malogradas, discordia e irregularidades
Aspecto de la comunidad El Potrero ■ FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS


■ Estaba considerada como la obra emblemática de la administración de Alejandro Tello

 

El nombre de Milpillas ha sido desde el inicio del quinquenio gobernado por Alejandro Tello Cristerna, un fantasma, una sombra que se cierne sobre la región del municipio de Jiménez de Teul y su sola pronunciación ha causado polémica y dolor de cabeza tanto para autoridades como para los habitantes de los ejidos en donde se ha pretendido construir y que se siguen resistiendo. Es una historia de negociaciones malogradas, discordia e irregularidades, y que a un año del final del gobierno priísta, parece cada vez más lejana su cristalización.

Desde el inicio de la administración se anunció la construcción de la Presa Milpillas como la obra que no solamente dotaría de agua a la zona metropolitana que abarca los municipios de Fresnillo, Calera, Zacatecas y Guadalupe, al construir, además de la presa, un acueducto de 167 kilómetros, sino que sería también el sello y la que marcaría el sexenio tellista y daría continuidad a lo planeado por su antecesor y copartidario Miguel Alonso Reyes.

Sin embargo, desde el origen el proyecto, tanto ambientalistas, investigadores y académicos criticaron que la construcción se hiciera en Asociación Pública-Privada y que además se dotara de agua potable a la Compañía Cervecera de Zacatecas, Grupo Modelo, empresa donde laboró el gobernador, ubicada en Calera y considerada como la más grande del mundo en el ramo, que además, denunciaban, ha dejado sin agua a la región.

El costo total de la obra, se informó en su momento, superaría los 4 mil 200 millones de pesos y se preveía que fuera inaugurada en 2021. Contaría con el acueducto, que a su vez tendría una planta potabilizadora. A un costado de la presa, se colocarían dos sistemas de rebombeo de agua, así como una línea de conducción de un ducto de acero de 1.20 metros de diámetro y 167 kilómetros de longitud que llegaría hasta Fresnillo, donde se construiría un acuaférico de 84 kilómetros que pasaría por Calera, Zacatecas y terminaría en el municipio de Guadalupe.

Rechazo y conflicto con ejidatarios
Luego de que se anunciara que el proyecto se realizaría en Asociación Pública-Privada, además del desconcierto y la desconfianza entre los habitantes de la zona, comenzó a asomarse también el rechazo, porque consideraban que dichos ejidos eran víctimas de un olvido histórico y urgía infraestructura, obra pública y mejores servicios para la comunidad y no para otros municipios como se estaba proyectando.

Ejidatarios de El Potrero manifestaron desde un primer momento su rechazo a la obra, luego de que a mediados de 2018 funcionarios acudieran al lugar a exponer el proyecto. Visitas que se fueron multiplicando para lograr un acuerdo y hacer una oferta concreta por el terreno necesario para la construcción, hasta lograr la aprobación de la mayoría de los ejidatarios, pero enfrentándose por otro lado a una postura más radical de quienes estaban en contra, asesorados además por la Red Mexicana de las y los Afectados por la Minería (Rema), que al enterarse del proyecto se acercó con los ejidatarios desde en junio del mismo año.

El 14 de octubre de 2018 en la comunidad El Potrero se suscitó un altercado entre ejidatarios inconformes e integrantes de la Policía Estatal, esto luego de que la mayoría de ejidatarios autorizó la venta de 125 hectáreas para el proyecto, decisión que molestó a los que se resisten a la construcción de la presa. La Jornada dejaba un registro de abuso de autoridad policial y el proyecto aun flotando en el aire sin concreción alguna.

Dos meses después, el 17 de diciembre de ese 2018, teniendo como sede el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, se llevó a cabo el foro “Análisis del Proyecto Hídrico del Sistema Milpillas” al que fueron convocados ejidatarios, académicos, especialistas y ciudadanos en general para exponer distintas perspectivas de la obra, no obstante, tanto activistas como algunos investigadores declinaron participar debido a que consideraron que el evento era “a modo” para legitimar el despojo de tierra y agua de campesinos zacatecanos.

En la inauguración del evento, el gobernador Alejandro Tello Cristerna recordó que desde 2016 impulsó la obra a sabiendas de que no la vería terminada, pero decidió impulsarla porque sería de gran impacto para la ciudadanía, que se vería beneficiada en el tema del suministro de agua por los próximos 50 años, sin embargo, campesinos y ejidatarios de El Potrero y Atotonilco ya habían interpuesto para el momento recursos de amparo y juicios de nulidad en contra de la obra por supuestas falsificaciones de firmas y actas de asambleas.

Cancelan licitación para la
construcción de la presa Milpillas
El 17 de julio de 2019 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló la licitación para la construcción de la presa Milpillas, debido a que no había certeza jurídica sobre los terrenos ejidales del río Atenco, donde se pretendía erigir el embalse, por lo que fueron diferidos los más de 500 millones de pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó en enero de ese año para la obra.

Mediante un comunicado, Conagua explicó que el gobierno de Zacatecas debió resolver sobre la propiedad de las tierras de acuerdo con un convenio de coordinación suscrito en 2018, además de que no se entregaron los permisos ni la liberación de tierras de los ejidos Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero, donde además se planeaba instalar un acueducto.

Por lo tanto, el incumplimiento por parte del Gobierno estatal no permitiría la ejecución de la obra por lo que se retiró la inversión federal programada para 2019 por 504 millones de pesos, que se contaban en reserva en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Detección de más irregularidades:
Milpillas se tambalea
Señalamientos y situaciones irregulares del proyecto se presentaron incluso desde la elaboración del proyecto en el sexenio alonsista, cuando se pagaron casi 8 millones de pesos a la UAZ para la realización del mismo, no obstante, las irregularidades se acentuaron con la llegada de Tello Cristerna a la cabeza del Gobierno estatal, cuando teniendo como secretario de Agua y Medio Ambiente a Víctor Armas Zagoya, se firmaron dos nuevos contratos, en esta ocasión con una empresa privada llamada Edificaciones Celta S.A. de C.V. para que realizara el mismo trabajo.

Sin embargo, en este nuevo contrato, el monto por los servicios ascendió a casi 40 millones de pesos divididos en 3.1 millones en un primer contrato y 35.4 millones de pesos en el segundo.

El siguiente paso en el que también hubo observaciones, incluso por instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior del Estado, fue el de la contratación de la compañía Krystal S.A. de C.V. para que se encargara de las negociaciones con los ejidatarios, a fin de adquirir la certeza jurídica de las tierras donde se desarrollarían las obras.

Concretamente, el trabajo para el que se le pagó a esta empresa fue el de realizar un “diagnóstico integral de los regímenes de propiedad privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo”.

Los resultados de la auditoría practicada al ejercicio del recurso público de 2016 concluyeron que en este tema existe un probable daño al erario por irregularidades que superan los 12 millones de pesos, que se proponen como sanción resarcitoria.

Esto, debido a que al momento de la revisión no había “evidencia documental de los resultados correspondientes con los cuales haya dado cumplimiento con las obligaciones contraídas en el contrato”, cuya fecha de firma es del 9 de diciembre de 2016 y el cual se otorgó por adjudicación directa y no mediante licitación.

Los probables responsables de este perjuicio de la hacienda pública, de acuerdo con lo que se señala en la propia auditoría, son el ex secretario Víctor Armas Zagoya, la representante de la empresa, Cristal Hernández Román, y quien se desempeñaba como coordinador jurídico de SAMA, Salvador Constantino Ruiz.

Además, sin tener la certeza jurídica de los terrenos, Gobierno del Estado avanzó en el proyecto y contrató a una empresa para que comenzara los primeros trabajos de intervención en el área donde se construiría la presa Milpillas, para lo que se contrató a la compañía Materiales y Construcciones Camino Real S.A de C.V, a la que se le asignó un contrato por un monto de 140.8 millones de pesos.

Fue tras la firma de este contrato cuando se elaboró el convenio de colaboración entre el Gobierno estatal, a través de SAMA, y el Gobierno Federal encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entre las responsabilidades del Gobierno estatal dentro de este documento estaban las de liberar los terrenos y el pago de las indemnizaciones de estas tierras y de bienes distintos para poder iniciar los trabajos de construcción, no obstante, no cumplió y se tuvieron que devolver a la Federación 120 millones de pesos.

La compañía contratada, recibió también señalamientos por parte de la Secretaría de la Función Pública federal, como haber comenzado los trabajos sin tener todos los permisos, deficiencias en la propuesta económica y por la compra de materiales y gastos no comprobables que arrojaron la pérdida de un recurso de 40 millones de pesos.

Proyecto Milpillas: del
Standby al rechazo unánime
En diciembre de 2019 los diputados federales Samuel Herrera Chávez y Óscar Novella Macías informaron que el proyecto Milpillas contaba con recursos en el Presupuesto de Egresos del 2020, pero su ejercicio dependería de que el Gobierno estatal obtuviera la propiedad del total de los terrenos donde se pretendía realizar la obra, puesto que todavía faltaba por suscribir un convenio y consensuar con el 5 por ciento de los propietarios faltantes.

No obstante, a pesar de que los diputados federales anunciaron que había presupuesto, y de que el proyecto estuviera en el Plan Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal, mediante una entrevista radiofónica y un día después de dicho anuncio, el gobernador Alejandro Tello Cristerna declaró que tanto la presa como el acueducto quedarían en “standby”.

En la entrevista, realizada el 3 de diciembre de 2019, el mandatario estatal informó que ya no se estaba buscando adquirir los terrenos que faltan en la zona de las obras, que era el único paso que faltaba para poder ejercer los 504 millones de pesos que se le asignaron a la presa Milpillas en 2019 y los 533 millones que ya se contemplaban para 2020.

La razón, dijo, es que los propietarios de las tierras estaban especulando y estaban tratando de vender los terrenos muy caros, y atribuyó el hecho a “actores políticos”, que eso era lo que intentaban, que se elevara.

A inicios del presente año, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, informaron mediante un comunicado de prensa, que el pasado 4 y 9 de enero de 2020 en asambleas agrarias, tanto el ejido Atotonilco como El Potrero, ratificaron de manera unánime y de forma legal conforme a la Ley Agraria, el rechazo a la autorización para construir la Presa Milpillas en tierras que son de su propiedad, demostrando con esto “uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria”.

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