Históricamente, las grandes disputas por el agua se han resuelto a través de negociaciones aunque esto ha sido posible siempre y cuando haya agua suficiente para distribuir entre las partes interesadas; en este sentido, hoy en día el creciente estrés hídrico es un catalizador de la violencia en los conflictos por este recurso, el cual se agudiza principalmente por el crecimiento poblacional y el cambio climático que ha aumentado las áreas de sequía en todo el planeta. En México, un caso que ha llamado recientemente la atención es la lucha entre los productores del estado de Chihuahua debido a la liberación del agua de las presas El Granero, Vírgenes y La Boquilla para cumplir con el Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del Rio Bravo (Grande), entre los Estados Unidos de América y México, firmado el 3 de febrero de 1944. Con relación a este tema la directora general de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros, refirió que el Tratado es beneficioso al aportar Estados Unidos a nuestro país un volumen de un mil 850 millones de metros cúbicos anuales de la cuenca del río Colorado, mientras México contribuye al devolver un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales contabilizado en ciclos de 5 años.
No obstante, la sequía se ha hecho presente en la entidad donde 53.7 por ciento de sus municipios se han visto afectados, de acuerdo con datos publicados por La Razón, en la primera quincena de agosto solo 14.1 por ciento del territorio chihuahuense no padeció de sequía, empero el resto de la región donde la población depende de la agricultura y la ganadería se ha visto afectada; asimismo, la sequía ha causado pérdidas de hasta 75 por ciento en cultivos de frijol y 50 por ciento en maíz lo que podría ocasionar hambruna, además de que el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua estima que el impacto económico podría ser superior a los 30 mil millones de pesos. Sobre este tema es importante mencionar que los productores chihuahuenses no se oponen al cumplimiento del Tratado, por lo que han solicitado a las autoridades esperar hasta el mes de octubre ya que aseguran correr el riesgo de quedarse sin agua para sus cultivos, en este aspecto, el pasado mes de febrero, CONAGUA se comprometió a no continuar con la extracción de agua aunque aprovechando el confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus, el 25 de marzo abrió las compuertas de La Boquilla lo que desató un conflicto violento donde pobladores incendiaron vehículos oficiales y tomaron carreteras. Posteriormente, luego de liberar nuevamente el caudal de la presa en la madrugada del pasado 6 de septiembre, el martes 8 del mismo mes los productores se enfrentaron con la Guardia Nacional hasta lograr su retirada y cerrar las válvulas de salida del líquido, cabe mencionar que unas horas después dos manifestantes fueron asesinados como presunta represalia.
Además del incumplimiento de la palabra de las autoridades de no continuar con el vaciado del embalse, existe también una gran desconfianza por la información que se ha proporcionado a los productores, quienes están dubitativos ante la aseveración de que contarán con agua suficiente. Con relación al cumplimiento del Tratado, en una conferencia de prensa el pasado 30 de julio, la titular de CONAGUA expuso que para lograrlo es necesario asegurar el agua para los agricultores y que exista precipitación pluvial, de lo contrario la probabilidad de éxito será muy baja, afirmó. Asimismo, Blanca Jiménez presentó sin gran sustento cálculos donde estimaba que luego de satisfacer las necesidades del ciclo agrícola actual, y cubierta la entrega del líquido a Estados Unidos, estarían disponibles 703.9 millones de metros cúbicos, no obstante al primero de noviembre habría 1911 millones de metros cúbicos, lo es inverosímil ante la falta de lluvias que azota al estado Chihuahua. Adicionalmente, en lugar de buscar la conciliación y construir un diálogo con los productores agropecuarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), refirió que la resistencia violenta por la defensa del agua es orquestada por grandes intereses económicos y políticos ante los comicios de 2021.
La respuesta a este tipo de conflictos requiere de un compromiso a largo plazo y se relaciona con el medio ambiente, un tema que no es de interés para el presidente ni su administración. Ante el creciente estrés hídrico y la mayor competencia entre los usos del agua, las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen una alternativa duradera y sostenible, las cuales deben desarrollarse con base en el conocimiento de los factores que contribuyen a la disponibilidad de recursos hídricos en un entorno determinado. Asimismo, queda pendiente la tarea de incorporar tecnologías que hagan más eficiente y reduzcan el uso del agua en las actividades agropecuarias, el combate de su extracción ilegal y el desarrollo de fuentes alternativas. Es decir, lograr una gestión integrada de este recurso que es cada vez más escaso, que dé certidumbre tanto a los productores y restaure la confianza de las autoridades. ■
