La tecnología digital vs. la corrupción

La tecnología digital vs. la corrupción

Enumero tres asuntos aparentemente aislados: 1) Emilio Lozoya (exdirector de Pemex) es acusado de desviar 23 mil millones de pesos; 2) dos videoescándalos revelan a personas intercambiando fajos de billetes en maletas y bolsas de papel, respectivamente; 3) el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro al partido México Libre por tener más de 5% de aportaciones de personas no identificadas, a pesar de que el dinero sí está bancarizado a través de la aplicación Clip. Los tres casos coinciden en el manejo de dinero de “procedencia ilícita”; todos pudieron ser detectados fácilmente con el uso de tecnologías digitales.

Después de que se conoció el videoescándalo donde se involucra al hermano del presidente López Obrador entregando aportaciones a una campaña, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de billetes de alta denominación para combatir el lavado de dinero en campañas electorales. Ya se tardó.

Desde hace tiempo se insiste en la necesidad de impulsar la inclusión financiera universal, el uso de pagos móviles digitales, el manejo de dinero electrónico y la adopción de tecnologías para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional ubica a México en la posición 130 de 180 países, dentro del rango de altamente corrupto.

También es el peor evaluado entre las 36 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Barómetro Global de la Corrupción 2019 de la misma organización, 34% de los mexicanos tuvo que pagar un soborno para acceder a trámites y servicios, sólo superado por Venezuela (50%) en América Latina.

Datos adicionales del Barómetro revelan que nueve de cada diez mexicanos consideran que la corrupción en el gobierno es un problema grave. México encabeza el índice de compra de votos en la región, donde 50% de los consultados en el país considera que recibieron sobornos a cambio de votos. Según la encuesta, los mexicanos piensan que los legisladores (65%), el Presidente de la República (63%) y los empleados públicos locales (63%) son los funcionarios más corruptos.

“La corrupción es un asunto cultural”, aseguró el expresidente Peña Nieto en 2014, el mismo día que anunciaba una iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) la corrupción deja de ser un problema cultural y se convierte en un asunto técnico.

Con políticas de datos abiertos y plataformas digitales públicas, transparentes e interoperables se puede saber cuánto ingresa y cómo se erogan los recursos públicos en tiempo real. También se puede identificar el origen y destino de cualquier transacción financiera que involucre dinero público o privado de procedencia ilícita.

La transformación digital de los gobiernos debería contemplar el mínimo manejo de dinero en efectivo y el máximo uso de TIC para realizar transferencias electrónicas. La digitalización también está cambiando la forma de operar de la corrupción. Se le puede enfrentar si además de mejorar el gobierno digital las políticas se centran en áreas potenciales como factores socioeconómicos, buena gobernanza, cultura y transparencia para combatir la corrupción.

Tanto gobiernos como bancos creen que tener billetes significa poder. La cultura del papel, el expediente, el trámite farragoso y los pagos en ventanillas han sido sinónimo de control sobre la población… y de corrupción en la política.

Las administraciones públicas serían más eficientes y tendrían más control de sus procedimientos y la gobernanza si democratizan el gobierno electrónico, el uso de plataformas en línea y los servicios públicos digitales. Tendríamos un Estado esbelto, eficaz, estable y realmente preocupado por brindar servicios de calidad y bienestar a la población.

Se enfocaría mejor al combate a la corrupción y la delincuencia organizada, que precisamente opera mediante el trasiego de efectivo y el lavado de dinero.

Los trámites en línea, con plazos y características determinadas en los procedimientos y bases de licitación, disminuyen la discrecionalidad propia de la burocracia. Las TIC reducen la transaccionalidad, la negociación y el amiguismo entre agentes públicos y privados, causantes de la corrupción grande y pequeña, de los de hasta arriba y los de la base de la pirámide.

Tecnologías y plataformas digitales, Blockchain, Big Data y Analítica de grandes datos son soluciones reales para que las instituciones prevengan prácticas ilícitas y combatan la corrupción que se oculta detrás del trato clientelar, el uso del papel moneda y los trámites complejos.

Entidades públicas y privadas pueden recurrir a tecnologías de georreferenciación, contabilidad distribuida, rastreo y visualización de datos para monitorear inversiones en obras públicas, programas sociales, políticas públicas, fondos multilaterales, ayudas extranjeras y financiamiento electoral, propensos a la corrupción. También para auditar en tiempo real el uso correcto de esos recursos.

El discurso más poderoso del presidente AMLO ha sido el combate a la corrupción. Si su gobierno tiene un compromiso auténtico de enfrentar ese flagelo, tendría que digitalizarse y atender de forma decisiva durante su sexenio los rezagos en infraestructura de telecomunicaciones, conectividad a Internet y alfabetización digital para que la población aprenda a usar la tecnología para hacer más sencilla su vida.

La modernización tecnológica del Estado tendría que comenzar por despejar el camino del papeleo, burocracia y corrupción que provocan grandes pérdidas a la sociedad y mayor desigualdad. Todo ello mediante plataformas en línea y servicios digitales.

Precisamente, la corrupción es uno de los principales obstáculos de la transformación digital y la adopción tecnológica capaces de generar prosperidad.

Los comités Coordinador y de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción deberían proponer acciones y emitir recomendaciones a las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno para que adopten las TIC como una estrategia para combatir la corrupción.

Por si fuera poco, el SARS CoV-2 que ocasiona la enfermedad covid-19 puede permanecer en superficies como monedas y billetes de dos a tres días en condiciones óptimas, por lo que representa un factor de riesgo, una forma de contagio y una razón más para que el dinero en efectivo deje de circular como lo ha venido haciendo.

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