En días pasados, este periódico publicó la realización de una reunión encabezada por la Comisión de Desarrollo Cultural de la LXIII Legislatura con algunos miembros de la comunidad artística, el Movimiento “No vivimos del aplauso” y autoridades del órgano rector en materia cultural en la Entidad, para abordar y con razón, la endeble situación de los creadores, que hoy padecen, al igual que las instituciones culturales, de un futuro incierto.
No es novedad en cultura, la falta de dinero o un marco jurídico adecuado, salvo que hoy, esta problemática se ha agudizado en todo el país, a causa de la pandemia de la Covid 19 que ha dejado al descubierto, el fracaso del sistema político mexicano, empecinado en fortalecer la política económica y la lucha contra la delincuencia organizada, sacrificando el proceso cultural como germen de todo progreso, sin entender que su fortalecimiento, sería una garantía para el reconocimiento de la diversidad cultural y de los derechos culturales de la sociedad mexicana con mayores niveles de calidad y de libertad.
La actual crisis sanitaria ha dejado ver una desnudez siniestra en las economías globales y locales, ha permitido ver la gravedad del capitalismo voraz, y en el fondo, pero muy en fondo, para no perder la esperanza, deja entrever la posibilidad de recuperación, pero para aquellos, que sean conscientes del valor de la memoria, identidad, patrimonio cultural y el trabajo creativo de artistas, intelectuales, investigadores, educadores y artesanos.
En despoblado, como sucede lamentablemente en México y sus estados, el sector cultural observa con desesperación, como el sistema económico prevaleciente ha hecho más daño que bien, y cómo ha generado miles de desplazados, excluidos y humillados, sin reconocimiento de su ciudadanía y aportación cultural a la riqueza y legado ancestral de este País.
Con presupuestos cada vez más precarios y discrecionalidad en su aplicación, el escenario para la cultura es muy complicado, no obstante, es importante disentir, elevar la voz, discrepar y exigir por mayor inclusión, seguridad social y flexibilidad financiera en los estados y municipios, que bien saben ahora, no podrán depender ya, del financiamiento federal en su totalidad, tendrán que aprender a gestionar de una manera distinta.
La arenga por la cultura, es en definitiva, cambiar el rumbo empantanado al que se le ha sometido por décadas, darle vitalidad para que responda a una realidad emergente, profundamente inestable en su sostenimiento, y en su relación con el medio ambiente y el turismo.
En Zacatecas, La solicitud de una nueva ley para la Entidad, ameritaría el análisis riguroso de la que se emitió en 2003 y se reformó en 2017, que en opinión de quien esto escribe, no es obsoleta, en aquel tiempo incluyó un apartado sobre la importancia de los derechos culturales y la estrategia de descentralización y de autogestión de los municipios, atribuciones, responsabilidades, manejo y transparencia financiera, formación, educación y patrimonio, así como el establecimiento de un sistema de información cultural.
La Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas de 2003, fue enriquecida por Claudio Trejo Herrera, uno de los gestores más importantes del Estado, puntilloso y experto en las necesidades culturales que conforman a la geografía zacatecana, que a la fecha no cuenta con infraestructura cultural, ni con los perfiles idóneos para la gestión. Hay mucho por hacer.
Su deficiencia quizá, será no contemplar derechos ni seguridad social para los creadores, un punto ciego que demanda audacia para luchar por ellos y estipularlos dentro de una Ley. Véase como muestra, que la nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales a nivel federal, emitida en junio de 2017, para algunos artistas y promotores, carece de visión sectorial y de compromiso con todos los que trabajan en cultura, es decir nunca se termina la lucha.
En diciembre de 2015, por decreto presidencial el CNCA cambió a Secretaría y su desempeño a la fecha, ha sido marcado por la crítica y el constreñimiento presupuestal, la inconformidad de los trabajadores del sector y de los artistas, que reclaman la desaparición de fideicomisos, disminución de recursos y una larga letanía de pendientes inconclusos.
Finalmente, no sería recomendable (salvo por el status político), quitarle al Instituto Zacatecano de Cultura sus múltiples opciones y facultades como organismo público descentralizado, su manejo de acción y libertad como tal, lo salvaguarda de cierto automatismo como Secretaría; la primera denominación, le abre caminos insospechados a la gestión, a la administración de bienes y financiamientos, hay margen de libertad y de transparencia.
Un ejemplo de sujeción e inamovilidad, fue la desaparición en la administración gubernamental pasada, del Instituto de Desarrollo Artesanal como entidad descentralizada, por una Subsecretaría, dependiente hasta ahora, de la Secretaría de Desarrollo Económico – que contra todo lo que se diga-, permanece adosada a una jerarquía superior, sin carta abierta a la gestión y a la definición de una política artesanal para el Estado.
Estamos en una dura crisis, y al parecer se trata de remontar con optimismo y renovado ánimo, para demandar que los procesos de la cultura sean flexibles y acordes a la realidad que se vive, ya que los derechos culturales son también derechos humanos, y la sociedad entera, clama por ellos. La comunidad artística lo demanda y están en su derecho, los promotores deberán también asumir una posición y el gobierno, está obligado a facilitar estos procesos. Hagamos votos porque así suceda. La unión hace la fuerza.
