Colectivas feministas y defensores de DDHH exigen justicia en caso de menor víctima de violación

Colectivas feministas y defensores de DDHH exigen justicia en caso de menor víctima de violación
Realizaron una conferencia virtual para disertar sobre este caso ■ foto: scarlett llamas

Califican como preocupante la situación de indefensión en que se encuentra la niña

Exhortaron al Ejecutivo a dar protección a todas las personas involucradas en la causa legal y social, es decir, a la víctima, la abogada y sus respectivas familias

Llaman a la Procuraduría de Protección de la Niñez a nivel federal a intervenir inmediatamente para la restitución de derechos y asumir la representación jurídica de la víctima

 

Colectivas feministas y de defensa de derechos humanos de reconocimiento nacional exigieron que se haga justicia en el caso de la menor violada el 3 de abril en el municipio de Guadalupe, definiendo como preocupante la situación de indefensión en que se encuentra la niña tras la revocación voluntaria de Mara Muñoz Galván como asesora legal de la defensa.

Asimismo, exhortaron al Ejecutivo a dar protección a todas las personas involucradas en la causa legal y social, es decir, a la víctima, la abogada y sus respectivas familias.

“Llamamos a la Procuraduría de Protección de la Niñez a nivel federal a intervenir inmediatamente para la restitución de derechos y asumir la representación jurídica de la niña víctima y al Senado a que urgiera su recomendación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, puntualizaron.

En la conferencia virtual, Muñoz Galván aclaró que fue ella quien solicitó la revocación, luego de que la madre de la víctima pidiera que el caso dejara de manejarse en lo público, sin embargo, al ser víctimas de amenazas, la feminista sostuvo que era conveniente hacerlo público, aminorando así las posiciones de que las agresiones se hicieran realidad.

A pesar de ya no estar a cargo de la defensa legal, sostiene que mantiene interés en que se hagan cumplir los derechos de la menor, por el interés superior de la niña a una vida digna, libre de violencia.

Alberto Athie, defensor contra violencia sexual de niñas y niños, expuso que Muñoz es una persona con amplios conocimientos en la materia y que ha tenido un papel “importantísimo en el caso y el cumplimiento de la ley”, por lo que expresó su preocupación por la abogada, su familia y la niña.

Por su parte, Juan Martín Pérez, perteneciente a la Red sobre derechos de niñas y niñas y del Consejo Nacional de Niñas y niños en México, catalogó como “especialmente preocupante” que se deje en indefensión a la niña, sobre todo considerando que durante la pandemia se ha dado un incremento de 70 por ciento en el pedido de asilo en albergues para mujeres y del 44 por ciento las llamadas al Sistema de Emergencias 911 delitos de esta índole.

Además, castigó que las autoridades pretendieran “colocar esto como un conflicto entre familias”, pues señaló que “es peligroso, es violencia contra la niña”. Del mismo modo sancionó la tendencia existente a criminalizar a la defensa y presionar a las familias para que desistan con dos argumentos: “1. Si tu caso se hace visible, serás afectada; 2. Los grupos sociales sólo buscan visualización de sus movimientos”, ambos falsos.

Se sumó al interés legítimo como acompañantes del caso para que la niña tenga acceso a la justicia y no sea revictimizada, así como al mensaje de solidaridad hacia Mara Muñoz, deseando que se hiciera “garantizar su derecho a defender derechos”.

Ilse Rincón Gallardo, parte de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, también mostró su apoyo a Muñoz y exhortó a un trato digno y protección por parte del estado para la abogada.

En cuanto al caso, mostró su preocupación, ya que la menor queda en estado de indefensión en lo jurídico, así como su integridad, seguridad psicológica y física, exigiendo por lo mismo a las autoridades “que pongan mucha atención en cómo van a proceder, porque está en sus manos la integridad de la menor”.

Solicitó de esta manera anteponer el interés superior de la menor, siguiendo el debido proceso y respetando los derechos humanos de la misma.

César Valdez, de la asociación Spez viva, reiteró esta idea haciendo un llamado al Gobierno de Zacatecas de garantizar el debido proceso de la niña y la seguridad a todos los involucrados en el caso.

Por su parte, la asesora legal agradeció su labor a las colectivas, hizo un recuento del caso y cómo fue que se despegó del mismo; señaló que es necesario hacerlo público porque, el Senado, al aprobar el punto de acuerdo, en acto jurídico, igualmente lo haría de forma pública, y demostraría las fallas en el sistema de justicia local.

Sancionó que las autoridades funcionen en favor de una cultura de violación en el país y no hagan nada con respecto a la violencia feminicida, incluso busquen la impunidad.

En este sentido exhortó al gobernador que se haga responsable de los hechos y a proteger a la niña y que se corrija la medida cautelar mediante un amparo, si no, el imputado se amparará y quedará en protección de la Secretaría de Seguridad Pública.

Del mismo modo responsabiliza al gobernador si algo le pasa a ella o a su familia, pues aceptó haber sufrido actos de intimidación, sobre todo en las instancias de poder, así como de situaciones “extrañas” como ver camionetas con vidrios polarizados afuera de su casa.

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