El Rector de la UAZ se negó a investigar el caso de ‘La Estafa Maestra’ que tanto daño ha hecho a la institución. Y ante la presión recibida y en el contexto de la gestión de recursos extraordinarios, se comprometió públicamente a que, si no investigaba los casos de corrupción del pasado, al menos, a prevenir que volviera a ocurrir. Por ello, prometió que iba a implementar en la Máxima Casa de Estudios ‘un sistema universitario anticorrupción’. Eso fue hace dos años. Poco después de un año exhibió una propuesta de ‘reglamento anticorrupción’, el cual fue vapuleado por su mediocre diseño y formulación, a lo cual simplemente se dejó el tema a un lado y no se presentó nada al H. Consejo Universitario.
Así las cosas, resultó que ni investigación, ni sistema anticorrupción, ni procedimientos de prevención. Y en realidad era una tarea no muy difícil: la UAZ tiene pocas oportunidades para la apropiación privada de recursos públicos. Tiene más del 90 por ciento de su presupuesto dedicado al pago de nómina, así que el grueso de la vigilancia está en los recursos extraordinarios: proyectos de construcción, programas de apoyos y estímulos, becas, venta de servicios profesionales, y todo el rubro conocido como ‘ingresos propios’, donde están las cuotas internas y cobros de cursos y procesos de titulación. Por lo mismo, hacer un sistema de regulación que evitara la corrupción no era tan difícil. La pregunta sigue siendo, ¿por qué la omisión?
Las mejores investigaciones han puesto al descubierto que el movilizador principal de la corrupción son las relaciones de poder. De tal manera que resulta que las relaciones políticas se convierten en las condiciones de posibilidad de la corrupción o de su inhibición. Si así son las cosas, debemos preguntar, ¿qué relaciones, compromisos y presiones políticas provocaron la omisión de la rectoría para las medidas anticorrupción? Por ejemplo, si los lugares reconocidos de ocurrencia de este tipo de eventos anómicos es Derecho, Ingeniería y FCA, ¿qué cosa hay en estos centros que inhiben al rector el actuar? ¿Si interviene en Derecho y la FCA puede verse afectado en su capacidad directiva o rompe acuerdos políticos o puede perder el mando futuro de la administración universitaria? Esta es una posibilidad dada la teoría que nos informa que debemos buscar las condiciones de posibilidad de la corrupción en las estructuras políticas de las instituciones.
Ahora que está la UAZ en la transición, lo que observamos es que los mismos grupos que ahora dirigen la institución (con algunos ajustes de fuerza) seguirán al frente de la misma. Por tanto, vale la pena preguntar el clásico trilema entre poder, saber y querer resolver un problema. Si puede (legalmente) y quiere, pero no sabe; o si sabe y quiere, pero no puede; o si puede y sabe, pero no quiere. Todas las posibilidades de la continuidad de la vulnerabilidad a la corrupción. Sólo que se junte todo el trío de afirmaciones: puede y sabe y quiere, se solucionará el entuerto. Y además, ‘tiene la presión social necesaria para obligarlos a hacerlo’. Pues en este momento no lo sabemos: ¿el próximo rector, de inicio, querrá borrar la corrupción de la UAZ? ¿O continuará nadando de muertito como el actual? No lo sabemos. Pero ahora que Guzmán hace su último informe, ¿cómo justificará su omisión?
