Urgen cambios significativos en política minera: no de pequeños detalles

Urgen cambios significativos en política minera: no de pequeños detalles

Mucho se ha discutido sobre el impacto de la industria minera en el desarrollo y el medio ambiente. La explotación del territorio nacional con la industria extractiva ha sido agresiva. El país tiene aprobadas 24 mil concesiones mineras, que cubren un 30 por ciento de la geografía de México, y el 78 por ciento de estas son extrajeras, sólo un poco más del 9 por ciento son de origen mexicano. Los gobiernos argumentan el estímulo al empleo, pero la diferencia que hay entre el monto de riqueza producida y lo que queda en el territorio en pago de salarios e impuestos (lo que los economistas denominan GAP), indica la fuga de riqueza al exterior. En otras palabras: saqueo. La extracción de oro y plata representan 0.9 puntos del PIB y 0.35 puntos porcentuales de los ingresos fiscales federales. Y un dato esencial sobre la derrama o potencial de desarrollo humano de la minería lo da el siguiente indicador: el 76 por ciento de los municipios donde se concentra la producción de oro, están por debajo de la línea de pobreza; y el 87 por ciento de los municipios que producen plata.

Como podemos observar, la industria minera no trae desarrollo humano a la población mexicana, y si agregamos la afectación al medio ambiente, el escenario se pone francamente negro. Sin embargo, sigue incólume el famoso artículo sexto de la Ley Minera que afirma que la explotación minera “será preferente sobre cualquier uso u aprovechamiento del terreno (…) y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven dichas actividades”. ¿Por qué ese nivel de preferencia y de ventajas fiscales a esa industria que poco desarrollo deja en el país?
En el caso del estado, 16 empresas mineras gastan más agua que el consumo anual de toda la población de la entidad. Y peñasquito es la que más usa de vital líquido. La extracción de minerales tiene concesionados 55 millones de metros cúbicos al año. Una cantidad gigantesca de agua.

Así las cosas, debemos pensar los mexicanos en forzar algunos cambios esenciales en el trato a la minería: (1) la obligación de usos sustentables del agua y la disminución significativa del impacto ecológico de sus enclaves, aunque eso eleve los costos; (2) el esquema de reparto de ganancias debe cambiar: el 80 por ciento deberá quedarse en el territorio nacional y las empresas pueden disponer del 20 restante (algo parecido al esquema Boliviano que fue tan exitoso); y (3) proyectar, como ahora se hace en Chile, usar agua de mar para el trabajo duro de la industria. Cosas que se traducen en la modificación de toda la normatividad que regula la industria minera. En estos momentos, aun, existen las condiciones legislativas para intentar un camino en este sentido. El país lo necesita: el cambio real ya no espera. Renunciar a 5 millones de metros cúbicos (de concesiones que suman 55) es un cambio leve y exiguo.

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