Guadalupe Estrada niega su participación en la famosa ‘Estafa Maestra’

No responde a las evidencias y testigos que lo relacionan con los procesos a pesar de no ostentar cargo alguno en la institución

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Expone que la ASF presentó una denuncia por delitos de Desvío de Recursos Públicos, Ejercicio Indebido de Atribuciones y Facultades, Peculado y Falsificación de Documentos

Responsabiliza al rector que le sucedió en la UPSZ, Salvador Lara Martínez y al responsable administrativo, Alejandro Jiménez Ordóñez

Hay testigos que declararon ante la FGR que él operó los convenios a través del llamado Despacho de Proyectos Estratégicos que instaló en un inmueble de su propiedad

José Guadalupe Estrada Rodríguez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), ofreció una réplica a la información periodística que La Jornada Zacatecas ha dado a conocer respecto a su presunto vínculo con el desvío de recursos al que se le denominó “La Estafa Maestra”; sin embargo, no refuta ninguna de las evidencias.

El ex funcionario expone que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia por delitos de Desvío de Recursos Públicos, Ejercicio Indebido de Atribuciones y Facultades, Peculado y Falsificación de Documentos y en ella responsabiliza al rector que le sucedió, Salvador Lara Martínez y al responsable administrativo, Alejandro Jiménez Ordóñez, pero no responde a las evidencias y testigos que lo relacionan con los procesos a pesar de no ostentar cargo alguno en la institución.

Argumenta que los mencionados arriba “fueron los responsables legales y ejecutores de los convenios aludidos, según consta en las constancias de investigación conducentes, ya que los mismos firmaron los convenios relativos, abrieron cuentas bancarias, recibieron los recursos económicos de los mismos, dispersaron dinero, realizaron procedimientos de contratación”.

Sin embargo, hay testigos que declararon, ante la Fiscalía General de la República, que en realidad fue el propio Estrada Rodríguez quien operó los convenios a través del llamado Despacho de Proyectos Estratégicos que instaló en un inmueble de su propiedad, en avenida México 151, en Guadalupe.

De acuerdo con esos testimonios que son parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000009/2018, él mismo contrató personal para operar los convenios, mientras que el despacho contable Miniar, de Nicolás Castañeda Tejeda, era la responsable de efectuar los procedimientos financieros.

Un señalamiento de la investigación que el actual notario público no refuta, es precisamente que los convenios siguieron operándose después de su rectorado, en las instalaciones del despacho de Proyectos Estratégicos, en la avenida México, ello a pesar de que no guardaba relación laboral con la UPSZ.

Tampoco desmiente que, a pesar de que hay acusación formal en contra de Lara Martínez y Jiménez Ordóñez, hay indicios de que un despacho jurídico cercano a la presidencia de Enrique Peña Nieto haya logrado, hasta ahora, contener la investigación contra él y Castañeda Tejeda, como lo evidencian mensajes de whatsapp que él mismo reenvió.

En noviembre de 1018, Estrada Rodríguez envió este mensaje a los imputados formalmente: “A estos muchachos se les brindó el apoyo desde el más alto nivel, desde la misma presidencia de la República, y ellos lo rechazaron y se van por su lado, apoyo que ya no se podrá dar a partir del 1 de diciembre por razones por todos concidas (sic). Qué pena”.

El propio Nicolás Castañeda Tejeda y Edmundo Guerrero Sifuentes (ex director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas), durante estos años, han presumido en su círculo cercano sobre la protección que les ha brindado un despacho jurídico relacionado con el ex presidente.

Otro argumento que no refuta es el hecho de que, a pesar de que los convenios eran firmados por los representantes legales de la UPSZ, su ejecución estaba a su cargo en el despacho de Proyectos Estratégicos.

Estrada Rodríguez agrega que los convenios señalados por actos de corrupción fueron “ejecutados durante los años de 2015 y 2016, momento en el cual el suscrito no tenía ni ejercía ningún cargo público ni autoridad alguna, ni en la UPSZ ni en ninguna otra dependencia o entidad, sea esta federal, estatal o municipal”.

No obstante, toda la evidencia señala que él estuvo a cargo en todos los procesos que se derivaron de la ejecución de los convenios, incluso en la contratación de personal, ello con la anuencia que le dieron los imputados formales.

Asimismo, expone que “se realizaron diversas revisiones y/o auditorías por instancias federales y estatales y jamás encontraron irregularidad alguna en mi conducta, a la par de que en los procedimientos penales y administrativos aludidos con anterioridad, tampoco he sido requerido o citado como sujeto de algún tipo de imputación, por no haberse encontrado ninguna acción u omisión personal que se me pueda atribuir relacionada con esos hechos”.

En ese sentido, el hecho de que las auditorías no hayan revelado alguna responsabilidad de su parte, durante su periodo rectoral, y que no ha sido citado para procedimientos penales respecto a “La Estafa Maestra”, no significa que esté exento de la misma, ya que puede estar exento de ello mediante mecanismos legales o incluso protección política, como se presume en testimonios de la carpeta de investigación, lo cual tampoco refuta en su réplica.