■ Participaron en mesas de trabajo el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda en conjunto con colectivos de familiares de desaparecidos
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, que tiene fecha el 30 de agosto de cada año, el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda, en conjunto con colectivos de familiares de desaparecidos, realizaron un par de mesas de trabajo para tratar temas relevantes para este sector.
La última, llevada a cabo este miércoles a partir de las 11 horas, Ricardo Bermeo, representante de dichos colectivos, destacó lo logrado a nivel nacional por parte de las instancias que exigen justicia para sus víctimas; se trata de tres resultados:
El primero es el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada ante la ONU, pues explicó que esto permitirá presentar casos individuales ante las autoridades y así presionar al Estado mexicano para dar resultados.
En segundo lugar, se concedió que haya un protocolo homologado de búsqueda, es decir, que la Fiscalía de la República y las Fiscalía estatales estén más coordinadas y con un protocolo igual en cada entidad federativa.
Asimismo, se ha reconocido la importancia que tienen en la lucha de los familiares de desaparecidos, su entrega y esfuerzo, que han logrado consolidar todo lo anterior.
En cuanto al tema de la mesa, Bermeo acotó que el marco jurídico nacional inicia formalmente con la ley aprobada en el 2017, entrando en vigencia en enero de 2018, y a partir de 2019 se reinstala la Comisión Nacional de Búsqueda.
Aunque la ley se diera por decreto en Zacatecas antes de la ley federal, considerando que la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional con fosas clandestinas, según María de la Luz Domínguez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), asistente del evento y quien aseguró que la institución se suma a las exigencias de las colectivas.
Alma Mata, asesora técnica del programa “Fortalecimiento del Estado de Derecho en México” de la agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ), en su participación comentó que la ley especial en materia es necesaria debido a que se presta a una reflexión de las 67 instituciones creadas para la búsqueda de personas desaparecidas, así como de las 36 leyes que hay o debería haber hasta el momento —la ley General y las 32 estatales—, además del protocolo de búsqueda y de investigación.
Reconoció a su vez el esfuerzo mayúsculo conectado entre las instituciones, pero sobre todo, el realizado por los familiares de personas desaparecidas.
Asimismo, Mata señaló que a partir de la ley se debe dar una reestructura de las labores de la búsqueda e investigación por parte de Fiscalía y comisiones de manera humanitaria, empleándose como motor entre las instituciones y logrando una colaboración que dé resultados.
De igual forma, se deben crear bases de datos que a su vez deberían ser alimentadas por las instancias locales y para tener mejores resultados.
Por su parte, Antonio Rueda Cabrera, especialista en derechos humanos e integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas en la CDMX, urgió en su intervención que todo tipo de búsqueda se haga con carácter inmediato y bajo una asunción de vida de las víctimas, sin importar edad, sexo o tiempo de desaparición de las personas.
Explicó también que la Ley General de Personas Desaparecidas sufre debido a los números alarmantes de desaparecidos en algunos estados, aun cuando estos no tenían nada en materia penal para procesar los casos.
Como consecuencia, instancias internacionales presionaron para que se generara un organismo que investigará las desapariciones en todo el país, y posteriormente se logró la ley general.
Sostuvo también que las fiscalías y comisiones deben trabajar de manera conjunta; “un organismo tiene que investigar y otro tiene que coordinar el mecanismo de búsqueda”, sentenció.
En el evento virtual también estuvieron presentes Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y Gabriela Rodríguez en representación del secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila.
