■ Para llevar a cabo el procedimiento con la legalidad necesaria se pedirán las firmas de por lo menos un tercio de los legisladores de los estados, lo que no será un problema: F. Noroña
Se recabarán firmas entre la población para efectuar la consulta ciudadana para pedir que los ex presidentes de la República sean sometidos a juicio como lo propuso el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Para llevar a cabo el procedimiento con la legalidad necesaria se pedirán las firmas de por lo menos un tercio de los legisladores de los estados, lo que no será un problema, pues la mayoría de ellos son militantes o aliados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto según Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por parte del Partido del Trabajo.
En una conferencia de prensa virtual, Fernández Noroña enfatizó en la importancia de que se realicen estos procesos de juicio hacia los ex presidentes de la República, porque estos han sido los personajes que más han perpetuado la impunidad en el país, por lo que es importante hacer que rindan cuentas hacia el pueblo por todo lo que han hecho para dañar al país.
Sin embargo, abogados constitucionalistas habían afirmado que la consulta popular no puede proceder. Al respecto, el profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Elisur Arteaga Nava, le advirtió a La Jornada que el presidente está pasando por alto que el Ministerio Público es autónomo y que él no puede organizar un ejercicio ciudadano respecto de esta materia; esto no puede ser objeto de una consulta popular.
Para Arteaga Nava este ejercicio pondría en duda la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), pues el Ministerio Público goza de autonomía y está separado del Presidente de la República, así que toma sus decisiones sin depender del resultado de ninguna encuesta.
La manera en que Fernández Noroña aseguraría la legalidad del proceso, sin embargo, comentó que para ellos es necesario que la ciudadanía pueda expresar su voto, por lo que animó a la población a que envíe sus firmas de apoyo en un periodo de tiempo entre septiembre y marzo del siguiente año. Aunque los legisladores también tendrán que redactar un documento con los motivos por los que se quiere llevar a cabo el proceso hacia los presidentes.
Aunque la fuente de la Jornada Ciudad de México, Arteaga Nava afirmó que la propuesta parece más una estrategia política que jurídica: “Se trata de un recurso donde el jefe del Ejecutivo lo que está haciendo es un juego político para justificarse ante los ex presidentes y decirles, ‘yo no quería, pero la ciudadanía me obligó a hacerlo’”.
También sostuvo que no podría hacerse un ejercicio así con apego a la Ley Federal de Consulta Popular. Sería, en todo caso, una consulta alterna, como la que se hizo para cancelar al aeropuerto de Texcoco.
