La Estafa Maestra, lo mismo que los casos más relevantes de corrupción en México (y otros países de América Latina), como la Casa Blanca de Peña Nieto, Odebrecht y el caso de Altos Hornos de México, fueron investigaciones periodísticas, y no pesquisas originadas por los órganos de control y vigilancia del Estado. Por parte de las autoridades se ha tenido únicamente omisión que suena a complicidad. En el caso de la Estafa en la UAZ, la institución podía (y debía) investigar, y no lo hizo: como entidad autónoma la UAZ tiene su propia contraloría interna, por lo cual puede investigar y hacer las demandas o denuncias correspondientes para fincar responsabilidad, y no lo hizo. ¿Por qué razón? Las hipótesis son razonables: si al Rector le urgía deslindarse de ese caso para no tener bloqueos en la gestión de la crisis financiera de la institución, era razonable pensar que haría la investigación y así poder deslindar a la UAZ de la Estafa y centrarla en los actores concretos que la operaron. Justo por eso, es muy extraño que no lo haya hecho. ¿Por qué Guzmán Fernández tendría interés de proteger a Nicolás Castañeda, Edmundo Guerrero (que fue su secretario administrativo), Cuauhtémoc Rodríguez y compañía? En realidad, ahora mismo no lo sabemos, y no queremos especular al respecto, pero en algún momento conoceremos dichos móviles.
En la Politécnica, con las indagatorias contra José Guadalupe Estrada, es posible llegar a los autores originarios de la Estafa en que usaron a esa institución, pero aún falta que toda la información que integra la Auditoria Superior de la Federación sea procesada penalmente por la fiscalía. En todos los casos está la siguiente pregunta presente: ¿por qué fluyen las investigaciones en la ASF y en la Fiscalía se atora todo?
Todos los actos de corrupción operan en red, y por eso, es inverosímil que Rosario Robles esté sola enfrentando el proceso penal en su contra: es evidente que debería estar acompañada por decenas de actores que ahora mismo gozan de libertad, y en algunos casos tal vez, de protección. La señora Robles debe continuar en prisión y llegar al punto de la sentencia clara y justa. Pero también las decenas de operadores que desfalcaron los recursos de los mexicanos usando instituciones de educación superior, deben estar siendo procesados en los tribunales. Es muy importante que no quede huella de impunidad en este caso, el cual a la fecha ya es paradigmático. Si hay investigación, fincamiento de responsabilidades y sentencias a los responsables, servirá mucho para construir una nueva normalidad de los programas gubernamentales, donde el manejo recto sea la norma, y las desviaciones una mera anomalía. Y no lo que hemos visto en el manejo programático de los últimos sexenios, donde se naturalizó el robo y el saqueo. Ahora se trata de poner un alto; pero el futuro depende de la justicia del pasado. Destruir la impunidad actual evita futuros atracos.
