Desvíos de ‘Estafa Maestra’ equivalen al déficit financiero de la BUAZ

Desvíos de ‘Estafa Maestra’ equivalen al déficit financiero de la BUAZ

 

Salvador Lara Martínez, ex rector de la UPSZ ■ Foto: Facebook

 


PRIMERA DE 2 PARTES

 

■ En Zacatecas fueron triangulados 2 mil 400 mdp, según testimonio e información

■ Fue orquestada desde la Sagarpa, Sedesol y la Sedatu a nivel federal

■ Este ilícito tuvo como artífices, a nivel federal, a Ricardo Aguilar Castillo, entonces subsecretario de Sagarpa, Nicolás Castañeda Tejeda, actual presidente estatal del PES

■ También, involucrados, Edmundo Guerrero Sifuentes, ex director de Contaduría de la BUAZ y José Guadalupe Estrada Rodríguez, cercano a Ricardo Monreal

■ Miguel Alonso Reyes y Marco Vinicio Flores supieron de los contratos “fantasma”

■ 400 mdp fueron triangulados mediante la UPSZ, la ASF detectó irregularidades en uno de los convenios por 35 mdp

■ Al aparecer la firma de Salvador Lara Martínez y de Alejandro Jiménez Ordoñez, en automático fueron inculpados y ambos enfrentan procesos penales

■ Tengo dos años viviendo un calvario a raíz de esto. Me corrieron de todos mis empleos, a nadie le importa si es cierto o no es cierto. Acabaron conmigo y mi familia: Lara Martínez

■ “A pesar de que la Fiscalía General de Justicia resolvió que mi firma había sido falsificada, el perito de Zacatecas siguió con la postura de que sí es mi firma”

 

De acuerdo con el testimonio e información proporcionada por algunos imputados en “La Estafa Maestra”, en Zacatecas fueron triangulados 2 mil 400 millones de pesos, cifra cinco veces mayor de la que se había documentado en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) entre 2014 y 2016.

Como se ha documentado a nivel nacional, en la triangulación de recursos participaron diversas dependencias del Gobierno Federal, universidades públicas de varias entidades de la República y empresas “fantasma”.

Este ilícito tuvo como artífices, a nivel federal, a Ricardo Aguilar Castillo, entonces subsecretario de Alimentación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y actual diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, a nivel estatal, a Nicolás Castañeda Tejeda, actual presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES); Edmundo Guerrero Sifuentes, ex director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la BUAZ, y José Guadalupe Estrada Rodríguez, ex rector de la UPSZ, actualmente notario público y titular de la Notaría Pública número 46 del estado de Zacatecas.

Salvador Lara Martínez, ex rector de la UPSZ, a quien se le ha vinculado a proceso penal por su presunta participación en “La Estafa Maestra”, denunció que han sido utilizados como “chivos expiatorios” para aparentar que se ha actuado contra la corrupción, pero en realidad no se ha hecho nada contra los autores intelectuales y operadores.

Incluso aseguró que hay documentación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se realizan observaciones a la BUAZ por 2 mil millones de pesos correspondientes a convenios suscritos bajo el esquema de “La Estafa Maestra”, mientras que en la Universidad Politécnica del Sur, con sede en Juchipila, la cantidad triangulada fue de 400 millones de pesos.

Entre 2014 y 2016, se documentó, de manera oficial, que las unidades académicas de Ingeniería y de Contabilidad y Administración de la BUAZ triangularon alrededor de 480 millones de pesos. Mientras que en la UPSZ fueron sólo 35 millones de pesos. Sin embargo, el ex funcionario afirma que la cantidad real es de 2 mil 400 millones de pesos entre las dos instituciones.

En ese momento se constató que la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la BUAZ suscribió convenios con la Sagarpa, mientras que la Unidad Académica de Ingeniería (cuyos convenios fueron firmados por el entonces rector Armando Silva Cháirez) hizo lo propio con la Secretaría de Desarrollo Social (cuya ex titular, Rosario Robles, enfrenta una acusación que podría derivar en 21 años de cárcel) y con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En ese sentido, se evidenció que, producto de los convenios firmados con las tres dependencias federales mencionadas, la BUAZ coadyuvó con la triangulación de 480 millones de pesos. No obstante, Martínez Lara afirma que la cifra es de 2 mil millones, pues siguieron operándolos durante más ejercicios fiscales.

El modus operandi de “La Estafa Maestra”, según Lara Martínez y Alejandro Jiménez Ordóñez quien fungió como responsable administrativo de la UPSZ y quien aparece como firmante en los convenios de esta institución con las dependencias federales, es el siguiente:

Nicolás Castañeda Tejeda montó una oficina de “Proyectos Estratégicos” que se ubicó en la avenida México número 151, en la capital del estado, en un inmueble arrendado a José Guadalupe Estrada Rodríguez, rector de la UPSZ entre 2011 y 2015. Entre ambos hay una relación de compadrazgo.

“La Estafa Maestra” fue orquestada desde la Sagarpa, la Sedesol y la Sedatu a nivel federal, y para realizar la triangulación de recursos, Castañeda Tejeda fungió como vínculo entre esas dependencias y las universidades zacatecanas.

El motivo por los cuales los convenios fueron suscritos en la BUAZ y la UPSZ, específicamente, fue porque, en la primera, el susodicho cuenta con carga laboral en la Unidad Académica de Contaduría y Administración, y en la segunda, porque el rector en ese momento era su compadre.

En la Unidad Académica de Contaduría y Administración convenció a Edmundo Guerrero Sifuentes, en ese momento director de dicha unidad académica, de ejecutar el procedimiento, mientras que en la UPSZ hizo lo mismo el entonces rector José Guadalupe Estrada Rodríguez.

Para darle operatividad al proceso, Castañeda Tejeda nombró a dos personas como las responsables de gestionar los convenios: a Karla Ileana López Muro como responsable del proyecto y a Erik Alfredo Rodarte Bernal como responsable técnico.

La mayoría de los convenios, varios de los cuales contenían anexos con contratos y montos específicos cada uno, fueron firmados durante el 2014. Con la llegada a la rectoría de Salvador Lara Martínez, en enero de 2015, Estrada Rodríguez le pidió continuar con los convenios, con el argumento de que a través de ellos la institución atraía recursos.

Según el testimonio de Lara Martínez, permitió que el procedimiento siguiera porque no había indicios de ninguna irregularidad e incluso, en las reuniones de la Junta de Gobierno (donde confluyen autoridades del gobierno del estado), nunca hubo cuestionamientos por tal movimiento de recursos.

La postura del gobernador Miguel Alonso Reyes, recuerda el ex rector de la UPSZ, fue que siguiera con los convenios si estos significasen recursos para atender compromisos y gasto operativo de la institución.

El proceso continuó. Los convenios fueron suscritos, además de López Muro y Rodarte Bernal, por Alejandro Jiménez Ordóñez, quien ocupó la titularidad del área administrativa de la universidad desde la administración anterior que encabezó Estrada Rodríguez.

Sin embargo, su participación se limitó a firmar los convenios y realizar los procedimientos administrativos a nombre de la universidad, pero en realidad todos los movimientos se concretaron en la oficina de Proyectos Estratégicos de Castañeda Tejeda, en la capital del estado.

“No hice nada, mi error más grande fue haber hecho confianza con Guadalupe. Trabajé con él cuatro años y no hubo ningún problema hasta ese momento. Me utilizaron. Nunca me imaginé estar en esta situación y se me hace injusto que las personas que lo hicieron, no han sido responsabilizadas”, dice.

Del total de los 400 millones de pesos que fueron triangulados por medio de la UPSZ, la ASF detectó irregularidades en solo uno de los convenios por 35 millones de pesos, pero al aparecer la firma de Lara Martínez y de Jiménez Ordoñez, en automático fueron inculpados y ambos enfrentan procesos penales.

Nicolás Castañeda Tejeda y José Guadalupe Estrada Rodríguez ofrecieron defenderlos a ambos, por medio de un despacho legal presumiblemente cercano a la Presidencia de la República. El costo sería de 4 millones de pesos por persona.

Como resultado de las imputaciones derivadas de la auditoría, hubo 12 personas señaladas: 8 estaban adscritas a la Sagarpa,y los otros cuatro eran Salvador, Alejandro, Karla Ileana y Erik Alfredo.

En la primera reunión con el cuerpo de abogados, realizada en la Ciudad de México, hubo aspavientos entre Nicolás Castañeda y el resto de los asistentes, ya que se acusaron unos a otros de que algo se había hecho mal.

Fue en ese momento cuando Karla Ileana y Erik Alfredo admitieron que habían falsificado la firma de Lara Martínez para poder suscribir más convenios. Ante esa situación, el ex rector y el ex responsable del área administrativa de la UPSZ declinaron la invitación para ser defendidos por el despacho contratado por Castañeda Tejeda.

Transcurrió el tiempo y Karla Ileana y Erik Alfredo fueron absueltos, mientras que Lara Martínez y Jiménez Ordóñez siguen enfrentando la acusación, sujetos a un proceso penal.

En el caso de Lara Martínez, también fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 20 años por la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas, pero logró un amparo debido a que la FGR acreditó que fue incriminado mediante firmas que le fueron falsificadas en los convenios relacionados con la triangulación de recursos.

De acuerdo con el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000009/2018, causa penal 155/2018, al que tuvo acceso La Jornada Zacatecas, “las firmas cuestionadas que obran en los documentos cuestionados antes descritos (convenios) no proceden del puño y letra del C. Salvador Lara Martínez, por lo que se consideran firmas falsas”.

“Las medias firmas (rúbricas) cuestionadas que obran en los documentos cuestionados, se encontraron similitudes entre sí, del orden general como en los puntos de referencia intrínsecos, que coinciden con los elementos encontrados en las firmas cuestionadas, determinando que proceden de un mismo origen gráfico. Al realizar el estudio comparativo de las medias firmas (rúbricas) con las firmas de cotejo y muestra de escritura del C. Salvador Lara Martínez, se encontraron diferencias del orden general y en los puntos de referencia intrínsecos”, explica el dictamen de Cristian Guerrero Villegas, perito técnico “B” de la FGR.

El estudio grafoscópico también anexa 214 fotografías y una muestra de escritura del imputado, ello con el fin de exhibir la s diferencias entre las firmas genuinas y las falsificadas.

De acuerdo con documentación, convenios y expedientes a los que también tuvo acceso La Jornada Zacatecas, algunas de las empresas utilizadas para triangular los recursos fueron Proyección y Liderazgo Integral de Negocios, Pafik Internacional y Grupo Lambda 11, estas vinculados a Castañeda Tejeda.

Entre los servicios que la BUAZ y la UPSZ suscribieron con estas empresas, está un “Diagnóstico estudio para la determinación de esquemas de mejora de productividad para las granjas de producción agrícola de tilapia”, “Diagnóstico de plataforma web para la integración de los jóvenes del sector agropecuario a través de la implementación de comunidades virtuales especializadas”
En los convenios, la empresa Proyección y Liderazgo Internacional aparece representada por Juan Carlos Hurtado Ochoa; Pafik Internacional, por Ingrid Nyssen Guerrero; y Grupo Lambda 11, por Salvador Valdez Osornio.

“He vivido un calvario”
Llegué como rector a la universidad. El rector saliente era al doctor José Guadalupe Estrada Rodríguez, subprocurador en el gobierno de Ricardo Monreal, ex rector también de la UPZ y actualmente notario público.

Antes, yo estaba como director en el Instituto Tecnológico de Loreto; Miguel Alonso me manda a la Politécnica de Juchipila (UPSZ) porque en ese tiempo tenía buena relación con él y quería que yo fuera candidato ahí.

Sin embargo, ni siquiera duré dos años debido a que hubo mucha resistencia por Marco Vinicio Flores Chávez, en ese momento secretario de Educación, porque no querían quitar a este señor (Estrada Rodríguez). ¿Por qué no lo querían quitar? Porque movía un mundo de dinero, millones.

Al llegar a la rectoría, el administrativo (Alejandro Jiménez) me pidió actualizar y firmar cuentas. A mí nunca me entregaron los tokens porque a los titulares nunca se los dan. Firmé las cuentas para actualizarlas y los tokens se los llevaron a Zacatecas y los entregaron a Guadalupe y a gente que tenían ahí, a Karla y Erik.

Después de dos años de permanecer en la Rectoría, hubo mucha presión para destituirlo del cargo y en ese momento la Sagarpa fue objeto de una auditoría, pero esta señaló a la universidad como la responsable de contratar servicios. Al ser el titular, la investigación fue contra mí y la Función Pública me inhabilitó durante 20 años y, además, se abrió un proceso penal.

Al cuestionarle la situación a Nicolás Castañeda y José Guadalupe Estrada y pedirles que me deslindaran del problema, la respuesta fue que tenían acceso directo con el presidente de la República y podría resolverse: ahí escuché que Erik y Karla eran los que operaban los convenios, y que se les hizo fácil y falsificaron las firmas no sólo mías, sino también de los beneficiarios, y se quedaron con todo el dinero.

Todo está demostrado en la carpeta de investigación, pero al acudir a la Fiscalía General de la República y exponerles la situación, no les gustó e incluso corrieron al subprocurador porque se iba a afectar a un diputado federal del PRI (Ricardo Aguilar Castillo), ex subsecretario de la Sagarpa, quien era el jefe de todos los operadores.

En este asunto está metido Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, el subsecretario de la Sagarpa, y yo he sido un chivo expiatorio para las autoridades, utilizado para proteger a los verdaderos responsables y aparentar que se actuó con justicia en el caso.

Luego de la inhabilitación, solicité un amparo y se vino abajo esa sanción, pero a pesar de que la Fiscalía General de Justicia resolvió que mi firma había sido falsificada, el perito de Zacatecas siguió con la postura de que sí es mi firma y probablemente sea ratificada la inhabilitación.

Tengo dos años viviendo un calvario a raíz de esto. Me corrieron de todos mis empleos, de todas las universidades donde daba clases, y a nadie le importa si es cierto o no es cierto. Acabaron conmigo y mi familia.

Además, al único que despidieron de la universidad fue a mí, no a los contadores de la institución que están involucrados, porque la universidad en realidad la manejaban ellos y yo no.

Los personajes protegidos son Ricardo Aguilar Castillo, Nicolás Castañeda y José Guadalupe Estrada, quien firmó los convenios desde 2014. A mi llegada a la institución, me pidió ratificar los convenios con el argumento de que generaban beneficios para la universidad.

Ellos firmaron muchas cosas sin que yo tuviera conocimiento porque yo no operaba eso. Ellos tenían su oficina de Proyectos Estratégicos en Zacatecas y todas esas licitaciones, adjudicaciones a donde se fue el dinero; yo no firmé nada absolutamente

El desvío de recursos a empresas “fachada” que se documentó en la UPZ, en el periodo de Marcela Venegas Badillo, no es un tema ajeno, ya que el propio Guadalupe Estrada fue rector durante 8 años y ella siempre fue cercana a él.

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