Ni la SHCP ni la SEP le han otorgado recursos suficientes
La articulación de la educación superior, en un proyecto que fortalezca la universidad pública, ha sido “dejada al garete” por la “Cuarta Transformación” y, por el contrario, ha creado el programa de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” que, en términos reales, no son universidades, sino centros de capacitación para el trabajo, afirmó Humberto Márquez Covarrubias, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
Ante la falta de posibilidades de ingreso de miles de jóvenes a las instituciones de educación superior, que abarca al conjunto de universidades públicas autónomas federales y estatales, universidad pedagógicas, universidades politécnicas y tecnológicas, universidades interculturales y escuelas Normales, la premisa discursiva del gobierno ha sido incrementar la cobertura.
Sin embargo, refirió que esto no ha sido a partir de las instituciones existentes, que incluye a las instituciones públicas y privadas, o de la ampliación presupuestal a las universidades públicas, asociado a un programa de regeneración institucional y de recomposición del entramado estatal compuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino que, con la intención de hacer efectivas las oportunidades de educación para todos, la propuesta concreta es el programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que consiste en la apertura de 100 nuevas universidades.
Expuso que, en realidad, más que de 100 universidades, se trata de una sola universidad con planteles dispersos en 80 municipios que abarca en conjunto 36 carreras en seis áreas del conocimiento, pero “no son universidades, pues no realizan trabajos de investigación, no conjugan una variedad de carreras de las Ciencias Sociales y las Humanidades y las Ciencias Naturales, sino que son una especie de escuelas profesionales o centros de capacitación para el trabajo con un programa único de corta duración por cada plantel con objeto de profesionalizar a jóvenes con pocas posibilidades de acceso o movilidad hacia los campus universitarios urbanos”.
De acuerdo con Márquez Covarrubias, el comienzo ha sido azaroso, pues la misma SHCP y la SEP no le han otorgado recursos suficientes y operan en condiciones deplorables, a la vez que los profesores no reciben su salario y los estudiantes cooperan para adquirir útiles y se organizan para realizar labores de limpieza.
El planteamiento inicial de esta universidad, indicó, era atender el primer año a 15 mil alumnos. Sin embargo, la realidad es que el sistema de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” ha comenzado con exiguos recursos presupuestales y con la persistencia de la crisis de las universidades públicas autónomas, sobre todo las estatales.
“Los problemas de fondo de la educación superior, como la profunda crisis de la universidad pública autónoma y la desarticulación del conjunto del sistema educativo mexicano, han sido dejados al garete en la etapa inicial de la cuarta transformación, pese a que la educación pública es un derecho social básico y es eslabón crucial para cualquier proceso de transformación social”, dijo.
Peor aún, afirmó que, en lugar de elaborar un diagnóstico profundo, realista, de la universidad pública, y de formular un proyecto educativo sexenal, la Cuarta Transformación simplemente se difunde un discurso que cuestiona a las universidades y a los académicos.
Por ejemplo, Márquez Covarrubias señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador critica a los profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a quienes les dice que les daría dinero público para su institución, pero tendrían que dejar atrás sus corruptelas y privilegios.
Desde su perspectiva, el discurso de la corrupción y el privilegio ha sido un artilugio recurrente de los organismos financieros internacionales y de la derecha empresarial para atacar a las instituciones públicas y a los sindicatos, sobre todo a los derechos sociales y bienes públicos, y ha sido recogido por los políticos de nueva izquierda que se adhieren a las consignas neoliberales.
Es decir, “López Obrador suele recurrir a este discurso para atacar a los adversarios políticos de las administraciones anteriores, pero también lo esgrime como argumento justificatorio para desmontar programas, empleos, servicios y bienes del sector público, así como para recortar drásticamente presupuestos en esferas como el campo, los municipios, la salud y la educación”.
