El Memorándum del Presidente presentado el 22 de julio del presente, a Servidores Públicos e Integrantes de los Órganos Reguladores del Sector Energético, señala que el modelo neoliberal impuso un proceso de privatización en Pemex y la CFE, que no cumplió con los objetivos prometidos de incremento de la producción y mejores precios para los consumidores nacionales. Hay que señalar que la privatización de tales sectores fue derivada de la política de austeridad fiscal (superávit primario, donde el gobierno gasta menos que sus ingresos, excluido el pago del servicio de la deuda) que viene predominando desde 1983, que llevó a los gobiernos a dejar de invertir en Pemex, la CFE y en infraestructura, por lo que le abrió las puertas de inversión al sector privado nacional y extranjero. Junto a ello está el hecho que la economía depende de la entrada de capitales para financiar el déficit de comercio exterior derivado de la apertura comercial, por lo que la privatización y extranjerización del sector energético ha sido funcional para promover entrada de capitales. Ello a su vez ha permitido estabilizar el tipo de cambio que requiere el capital financiero, para que venga al país y no se vaya.
Si Pemex y la CFE están sobre endeudadas, así como descapitalizadas y rezagadas, es por las políticas de austeridad fiscal que disminuyeron la inversión pública hacia tales sectores, como por las altas tasas de interés establecidas por Banco de México a favor de la entrada de capitales, que incrementan el costo de la deuda interna del gobierno, de Pemex y la CFE, lo que restringe su capacidad de inversión.
El Memorándum plantea que el objetivo superior del actual gobierno es recuperar el pleno dominio público del sector energético, para lo cual señala que no hay que continuar con la privatización de dicho sector. Para ello se detendrá “el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazo”. El problema es que la Nueva Reforma Energética o Reforma Constitucional que proponga el gobierno para “hacer valer el dominio de la Nación sobre sus recursos naturales”, no serán suficiente para ello. El gobierno tendrá que trabajar con gasto público deficitario para poder incrementar la inversión para impulsar la producción en Pemex y la CFE y recuperen su presencia hegemónica en el mercado nacional.
Tiene que modificar toda la política neoliberal causante de la privatización, endeudamiento y rezago del sector energético, como del bajo crecimiento económico, la alta economía informal, el desempleo y la gran desigualdad del ingreso.
El Presidente no debe colocar como objetivo superior del actual gobierno solo el dominio de la Nación de sus recursos naturales, los sectores estratégicos y la autosuficiencia energética. Ello no es suficiente para configurar condiciones de crecimiento sostenido, equitativo y soberano. Se requiere el cambio de toda la política económica causante de nuestros problemas.
El objetivo superior del gobierno debe ser retomar el manejo soberano de la política monetaria, fiscal, comercial, crediticia para que respondan a los propósitos nacionales de pleno empleo, desarrollo productivo para reducir nuestra dependencia externa y para mejorar la distribución del ingreso.
Hay que sustituir importaciones para reducir los altos coeficientes importados, así como recuperar la autosuficiencia alimentaria, incrementar el empleo formal y los salarios, reducir la informalidad, y las presiones sobre el sector externo, como la dependencia de la entrada de capitales y así frenar la extranjerización y el endeudamiento externo de la economía.
Se debe dejar de lado la austeridad fiscal y el banco central debe financiar el déficit fiscal a bajas tasas de interés. Se debe regular la libre movilidad de mercancías y capitales para evitar filtraciones de demanda al exterior, como acciones especulativas de salidas de capitales que están aconteciendo.
Son muchos los problemas que enfrenta el país, además de la pandemia, para colocar solo como objetivo superior del gobierno el rescate para la Nación al sector energético. Sin el control de la política económica a favor de la Nación, ésta seguirá sin poder controlar la pandemia, ni generar empleo productivo bien remunerado, ni disminuir la vulnerabilidad externa, ni erradicar la pobreza, ni mejorar la distribución del ingreso.
