Althria Consulting Group S.A. de C.V. fue la empresa que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), cumplió con los requisitos legales y administrativos de la licitación pública LA-020VQZ001-E117-2019 que otorgó el análisis exploratorio en campo del programa prioritario Crédito Ganadero a la Palabra, en el periodo 2019-2020.
El pasado 7 de agosto del 2019, quedó asentado por la Dirección General Adjunta de Administración, y la Subdirección de Recursos Materiales, ambas de CONEVAL, el Acta donde el órgano desconcentrado otorga el fallo a una empresa que realmente no es nueva en el ramo de diagnóstico de programas sociales del gobierno federal.
Althria venció a su única competidora en puntos porcentuales, COCOA Services S.C., pues la propuesta económica de ésta última superó “el techo presupuestal asignado al servicio objeto de la licitación”. Los licitantes Citlalli Hernández Juárez, Consultores Internacionales S.C. y Pretium S.C. ni siquiera obtuvieron la puntuación para que sus propuestas fueran consideradas “solventes”.
El contrato por un millón 200 mil pesos, con fecha de inicio el 7 de septiembre del 2019 y fecha de conclusión el pasado 31 de mayo, entonces quedó en manos de la empresa que acredita como experiencia otros seis convenios públicos (entre 2015 y 2018): 3 adjudicaciones directas, 2 procedimientos de invitación restringida, y una licitación pública más.
Althria Consulting Group ha colaborado en diagnósticos para entes públicos como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (en 2015 y 2018); la Coordinación Nacional de PROSPERA (en 2016); y el Centro Nacional de Control de Energía (en 2018). Y se especializó en la metodología de dispersión de apoyos agropecuarios al realizar la evaluación del programa “Fomento al Desarrollo Agrario” en 2015, para SEDATU.
Lo que encontró el equipo de consultores liderados por Jorge Colorado-Lango, mostró similitud con la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2018, que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde advirtieron tempranamente que los “programas prioritarios” del Gobierno de México podían caer en promoción electoral.
Desde hace dos años el órgano fiscalizador prendió focos rojos al registrar un aumento en el “riesgo de corrupción y conductas clientelares e indebidas en la entrega de apoyos de la SADER en el sector rural”, debido a las deficiencias identificadas en los lineamientos y en las reglas de operación, así como algunas anomalías en los registros de beneficiarios.
Así se constató que, durante 2018, la SADER reportó la entrega de 47 mil 230 millones de pesos a 5 millones 393 mil 159 registros de beneficiarios por medio de los 11 programas, ninguno de los cuales contó con mecanismos para verificar la calidad de información, realizar confrontas y detectar duplicidades de los registros de personas que recibieron subsidios.
Y se dispersaron 7 mil 877 millones de pesos a 986 mil 916 registros “que no cumplieron con los campos mínimos de información necesarios conforme a los lineamientos y las reglas de operación de dichos programas”. Pues bien, CONEVAL no sólo confirmó el diagnóstico, sino que amplió los horizontes de la evaluación para el Crédito Ganadero.
Según CONEVAL, el programa coordinador por David Monreal Ávila no contó con mecanismos directos para identificar su población objetivo, dado que los solicitantes que provienen del Censo del Bienestar no están estimados y no se cuenta con información que permita conocer la demanda total de apoyos. Tampoco contaron con una estrategia de cobertura documentada.
Durante los trabajos de campo, explica Althria Consulting Group, además se pudo observar que algunos de los beneficiarios cuentan con un hato ganadero muy reducido. En la mayoría de los casos la ganadería no representa su principal actividad económica, y aunque cuentan con una unidad de producción pecuaria, su infraestructura y equipamiento es precario.
Estas condiciones limitaron el alcance del programa al haber definido entregar en el primer año de implementación el componente para el repoblamiento del hato pecuario, cuando en el diagnóstico se establece que los cuatro componentes (de infraestructura, alimentos, equipamiento y animales) son necesarios para el logro de sus objetivos.
Y no sólo no se entregaron los componentes en su totalidad, sino que del presupuesto otorgado para 2019 de 4 mil millones de pesos, únicamente se ejercieron 990.4 millones. Como consecuencia, el programa tuvo una asignación presupuestal 75 por ciento menor en términos nominales en 2020 con un monto total de mil millones de pesos.
En Zacatecas, de 12 mil 426 solicitudes recibidas, la Coordinación Nacional de Ganadería solo dio trámite a mil 671 beneficiarios, lo que representa apenas un 10% de los posibles productores que pudieron recibir alguno de los apoyos que componen el programa, y que en términos financieros representó una derrama mínima de 98 millones para el estado, frente a los mil millones que había prometido David Monreal el 2018.
Comienza la rendición de cuentas de David Monreal Ávila, tutelada desde el Gobierno de México. Por si no lo sabe, el menor de sus problemas hoy es “La Infamia”.
Twitter: @GabrielConV
